¿Por qué no decís toda la verdad?

«Si una institución puede afirmar que no colaboró económicamente mientras tramita y adjudica un contrato vinculado al mismo contexto, la transparencia deja de ser un derecho para convertirse en una especie de juego de mesa«

Hay una escena que se repite demasiado en la Región de Murcia. La administración responde a una solicitud de acceso a información pública con una tranquilidad que solo puede tener quien confía en que nadie irá a mirar detrás del telón. La frase suena impecable, casi pulcra, como si el papel lo hubiera planchado un notario. Y, sin embargo, al otro lado del mostrador aparecen documentos oficiales que cuentan otra historia. No una historia épica. Una historia administrativa, de pliego, de adjudicación, de importes, de calendario de pagos. Justo lo que se supone que no existía.

El caso del ICA en FITUR 2026 es, por eso, algo más que una anécdota cultural o un lío de promoción turística. Es un espejo incómodo sobre cómo se entiende la transparencia cuando estorba. En una respuesta emitida en un procedimiento de acceso a información pública, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes sostiene que no asistió ni colaboró económicamente en esa edición y, en consecuencia, no aporta contratos, facturas, dietas ni gastos vinculados.

Esa es la versión oficial. El problema es que, al mismo tiempo, hay un protocolo con el ITREM que asigna tareas al ICA con impacto económico y existe un expediente de contratación iniciado y adjudicado por el propio Instituto para ejecutar una parte del despliegue asociado a FITUR.

No hace falta una lupa para entender la contradicción. Basta leer. La pregunta no es si la música gusta o si el evento convenía. La pregunta es por qué se contesta como si no hubiera rastro económico cuando el rastro está escrito, firmado y foliado. La pregunta, en realidad, es más simple y más dura. Por qué no decís la verdad.

Una verdad en la respuesta y otra en el expediente

Lo más llamativo de este episodio no es la cifra, aunque la cifra también habla. El expediente 07-2025 del ICA se tramitó como procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad y se adjudicó por 173.367,50 euros con IVA incluido. La documentación recoge un desglose de partidas y condiciones económicas detalladas. Si esto no es colaboración económica, entonces habrá que redefinir la palabra colaboración, o la palabra económica, o ambas.

En el pliego aparecen importes concretos que dibujan el mapa del gasto. La actuación de M-Clan figura por 84.700 euros. La actuación de Malva se fija en 6.050 euros. La producción técnica, con escenario y rider, asciende a 58.080 euros. El alojamiento de artistas se cifra en 4.537,50 euros, con referencia a 15 habitaciones. Y además se añade una línea singular llamada gastos plaza de toros por 20.000 euros, vinculada al alquiler de El Cielo de Las Ventas en Madrid. No es una intuición. Es una contabilidad contractual.

Cuando se responde a una solicitud de acceso diciendo que no hubo colaboración económica, se empuja al solicitante a un callejón sin salida. Se le dice, en la práctica, que no busque lo que no existe. Y, sin embargo, el expediente existe. Está adjudicado. Está descrito. Y tiene hasta un mecanismo de pagos que prevé un 75 por ciento a la firma y un 25 por ciento tras el evento, más una garantía definitiva del cinco por ciento constituida mediante retención en la primera factura. Hay que tener mucho aplomo para escribir que no hay gasto cuando el propio diseño del gasto está negro sobre blanco.

Aquí aparece el primer gran agujero de la transparencia. No se trata solo de negar información. Se trata de construir una respuesta que pretende cerrar la conversación antes de que empiece. Se responde como si el ciudadano estuviera preguntando por unicornios. Y el ciudadano, con suerte, acaba encontrando un expediente con cuerno, pezuña y sello.

Si una institución puede afirmar que no colaboró económicamente mientras tramita y adjudica un contrato vinculado al mismo contexto, la transparencia deja de ser un derecho para convertirse en una especie de juego de mesa. Un juego en el que el ciudadano tira el dado, avanza casillas y, de repente, cae en la casilla de vuelva usted mañana, aquí no hay nada que ver.

Lo peor es que este tipo de respuestas no solo frustran al ciudadano que pregunta. También dañan a quien trabaja con rigor dentro de la propia administración. Porque la transparencia no es una guerra entre bandos. Es una forma de funcionamiento. Y cuando se instala la costumbre de responder con niebla, la niebla lo envuelve todo, también a quien sí hace su trabajo con seriedad.

Aplazar, ocultar y firmar como si nada

El episodio del aplazamiento añade otra capa a la escena. El acto previsto en El Cielo de Las Ventas se anunció como aplazado en redes sociales, por respeto y solidaridad tras un accidente ferroviario, con la promesa de buscar una nueva fecha. Aplazar no es cancelar. Aplazar es dejar vivo. Y dejar vivo un acto promocional deja vivo también el marco de ejecución de un contrato ya adjudicado, con su lógica de pagos, su seguimiento y su documentación asociada.

Es aquí donde la realidad administrativa se vuelve una comedia de enredos, pero sin risas. Porque si el evento se aplaza, lo que cabe esperar es que se documenten las decisiones, las modificaciones, los ajustes, los hitos. La administración no es un grupo de chat. La administración es expediente y trazabilidad. O debería serlo. En un caso así, la transparencia debería caminar sola, sin que nadie tenga que empujarla.

Y, sin embargo, aparece el segundo gran agujero. Según las comprobaciones realizadas por LasNoticiasRM, el expediente analizado no consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En un contrato con pliegos, informe técnico y resolución de adjudicación, la ausencia de rastro en el canal estatal de referencia no es un detalle menor. Es la diferencia entre poder verificar y tener que creer. Es la diferencia entre control ciudadano y fe.

Se nos pide que confiemos en un organismo que afirma no haber colaborado económicamente mientras tramita un expediente con importes, partidas y calendario. Y se nos pide que lo hagamos, además, sin la ayuda del escaparate público donde esos documentos deberían poder localizarse con normalidad. Transparencia sin rastro es como un concierto sin sonido. Se puede vender la entrada, se puede encender el foco, se puede poner cara de emoción. Pero nadie entiende qué está escuchando.

En este punto conviene bajar el tono un segundo, por higiene democrática, antes de volver a la ironía. La transparencia no es una gentileza. Es una obligación que protege a la institución y a la ciudadanía. Protege a la institución porque evita sospechas. Protege a la ciudadanía porque le permite fiscalizar. Cuando una respuesta de acceso se da con afirmaciones que no encajan con documentación oficial, no estamos ante un fallo menor de redacción. Estamos ante un problema de credibilidad.

Y la credibilidad es una materia frágil. No se rompe con un titular duro. Se rompe con una frase oficial que no resiste dos documentos. Se rompe cuando se responde de manera contundente a algo que, dentro del propio organismo, está documentado con contundencia mayor.

Hay un nombre propio en la cadena de responsabilidades, y aparece en los documentos. La resolución de acceso está firmada por el Director General del ICA, Manuel Cebrián López, actuando por delegación. Ese dato fija quién asume la autoría formal de la contestación que descarta colaboración económica, mientras en el Instituto consta un protocolo y un expediente adjudicado que describen una actuación contractual vinculada al acto promocional asociado a FITUR.

Decir esto no es convertir una firma en diana ni fabricar culpables a golpe de teclado. Es recordar algo básico. Una firma en una resolución de acceso a información pública no es un gesto automático. Es el cierre de una obligación legal. Es el último eslabón de una cadena que tiene consecuencias. Si se firma una respuesta que afirma una inexistencia que luego choca con documentos oficiales, la institución queda expuesta. Y quien firma, también.

La pregunta incómoda no es si hubo un error. La pregunta es cómo se llega a ese error y por qué nadie lo corrige a tiempo. Porque aquí no hablamos de un matiz interpretativo sobre una frase confusa. Hablamos de una afirmación rotunda, no colaboró económicamente, frente a un expediente con cifra y desglose. Cuando se responde así, se reduce el derecho de acceso a una especie de escape room institucional. Si encuentras la puerta secreta, felicidades, eras digno. Si no la encuentras, te quedas dentro, con una respuesta impecable y vacía.

La administración, cuando se equivoca, tiene herramientas para rectificar. Puede aclarar. Puede complementar. Puede explicar el alcance de lo que entiende por colaboración económica y por qué, pese al expediente, se sostuvo lo contrario en la respuesta. Puede, sobre todo, aportar lo que se pidió, o justificar con rigor por qué no puede aportarlo. Lo que no puede hacer, si pretende conservar un mínimo de confianza pública, es esconderse detrás de un papel que se desmiente con otro papel.

Y aquí conviene resistirse a la caricatura fácil. No hace falta insinuar conspiraciones para entender el daño. Basta con admitir que existe una cultura arraigada de gestionar la transparencia como un problema de imagen y no como un deber democrático. Ese es el fondo del asunto. Cuando la transparencia se mira como amenaza, se redacta para apagar preguntas. Cuando se mira como obligación, se redacta para responderlas, aunque incomode, aunque obligue a trabajar más, aunque obligue a reconocer que lo que se dijo no encaja con lo que se firmó.

En el fondo, este caso devuelve a una escena cotidiana. Un ciudadano pregunta. La administración contesta. Y entre medias, en vez de claridad, aparece una cortina hecha de frases administrativizadas y silencios prácticos. Lo grave no es que la cortina exista. Lo grave es que se haya normalizado como decorado.

Quienes hoy deciden qué se explica y qué se esconde tras una respuesta deberían tener claro el coste de seguir jugando a este teatro. La transparencia efectiva no se practica con contestaciones que cierran puertas, se practica con expedientes accesibles, completos y localizables. No se practica con aplazamientos que se convierten en niebla, se practica con trazabilidad pública y documentación a la vista. No se practica con excusas ni con frases que invitan a rendirse, se practica con verdad completa, incluso cuando la verdad obliga a admitir que se contestó mal.

Así que la petición final, sin destinatario con nombre y sin necesidad de levantar la voz, es sencilla. Dejad de convertir el acceso a la información en una carrera de obstáculos. Dejad de estirar los plazos como quien alarga un chicle hasta que se rompe. Dejad de responder con atajos que solo sirven para que el ciudadano se canse. Practicad una transparencia de verdad, una de las que no teme a los documentos porque convive con ellos, una de las que no necesita maquillaje porque ya viene limpia, una de las que no se contradice porque, cuando toca responder, se responde con toda la verdad.

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