Carmina Fernández asegura que el rechazo bloquea recursos para sanidad, educación y dependencia y acusa a López Miras de firmar criterios que “perjudican” a la comunidad
El debate sobre la financiación autonómica volvió a tensar este martes el pleno de la Asamblea Regional con una votación que el PSOE interpreta como un golpe directo a los servicios públicos. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, lamentó que el Partido Popular haya votado en contra de una moción presentada por su grupo para respaldar y negociar “de forma constructiva” el nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España, una propuesta que, según afirmó, supondría 1.188 millones de euros adicionales cada año para la Región de Murcia a partir de 2027.
Fernández sostuvo que el PP ha convertido la financiación en una “batalla de propaganda” y que ha decidido “bloquear sin alternativa” una oportunidad para reforzar la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. En su intervención, según la nota difundida por el PSOE, insistió en que lo votado no era un “relato”, sino dinero público: “Aquí no se vota un relato. Se vota dinero para la gente, se vota dinero para la Región de Murcia”, remarcó, enmarcando la votación como una decisión con consecuencias materiales para el funcionamiento del sistema sanitario y educativo regional.
La dirigente socialista situó además el debate en un contexto que considera clave: el sistema vigente de financiación autonómica está “caducado desde 2014” y, según su argumentario, el PP no lo reformó cuando tuvo mayoría absoluta en España, mientras que ahora el Gobierno de España sí habría puesto una propuesta “encima de la mesa”.
Qué cifra está en juego y qué denuncia el PSOE tras la votación
Según la nota de prensa del Grupo Parlamentario Socialista, el nuevo modelo planteado por el Gobierno de España aportaría 1.188 millones de euros más cada año a la Región de Murcia desde 2027, lo que, siempre según esa valoración, supondría un incremento del 20% respecto a lo que recibe actualmente y sería “el mayor incremento de todas las comunidades autónomas”. Con esa cifra como eje, Carmina Fernández defendió que el PP ha optado por un “no” sin presentar una alternativa concreta que permita compensar esos recursos.
La portavoz socialista vinculó el impacto de ese posible incremento a áreas concretas del Estado del bienestar. En su exposición, el voto negativo del PP impediría reforzar servicios que ya arrastran tensiones. “Hoy no se vota a favor o en contra del Gobierno de España, sino a favor o en contra de recursos concretos para mejorar la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales”, afirmó.
La nota también recoge un reproche político de fondo: para Fernández, el PP regional habría priorizado una estrategia de confrontación partidista sobre una negociación “para mejorar una propuesta”, una idea que sintetizó con una frase dirigida al enfoque del Gobierno regional: “La dignidad de la Región no se grita desde los escaños, se practica. Dignidad es traer 1.188 millones más cada año. Dignidad es negociar para mejorar una propuesta, no tumbarla por orden de Génova”.
En ese mismo hilo, la portavoz socialista reclamó al Gobierno regional que deje de “agitar agravios” y responda con claridad si su posición es rechazar la nueva financiación. Y lanzó una interpelación directa con un destinatario social: “Digan a qué renuncian, díganle a los pacientes en listas de espera por qué; díganle a los ayuntamientos por qué y a las familias por qué renuncian”, recoge el comunicado.
La Declaración de Zaragoza y el choque por los criterios de reparto
Uno de los pasajes más duros de la nota se centra en la llamada Declaración de Zaragoza, firmada por el presidente regional, Fernando López Miras. Según Carmina Fernández, esa declaración defiende criterios de reparto —“dispersión, despoblación, orografía, baja densidad”— que beneficiarían a comunidades gobernadas por el PP y perjudicarían a la Región de Murcia por su perfil demográfico. La portavoz socialista sostiene que, al respaldar esos criterios, López Miras habría asumido un marco que “perjudica directamente” a una comunidad que define como “joven, de alta densidad y con crecimiento poblacional”.
En ese punto, el PSOE eleva el tono y acusa al presidente regional de actuar contra los intereses autonómicos: “Firmando esa declaración, López Miras ha traicionado a la Región”, afirma Fernández en la nota de prensa.
La dirigente socialista también utiliza el episodio para reforzar su argumento central: si el PP sostiene que la Región está infrafinanciada, debería negociar para maximizar recursos y no bloquear una propuesta que, según su versión, pone sobre la mesa casi 1.200 millones adicionales. En la nota, Fernández recuerda que el propio consejero del Gobierno regional cifró la infrafinanciación en 650 millones anuales, y contrapone esa cifra con los 1.188 millones que, según el PSOE, permitiría el nuevo modelo.
Otro elemento del choque es la deuda: el PSOE afirma que, además de rechazar la nueva financiación, el Gobierno regional habría descalificado medidas de “alivio financiero” que anteriormente reclamaba, como la asunción de deuda vinculada a la infrafinanciación.
Qué dice el PSOE que se podría financiar y qué exige al Gobierno regional
Para dimensionar el impacto de la cifra, Carmina Fernández recurre en su nota a comparaciones concretas. Según el comunicado, rechazar esos casi 1.200 millones anuales equivaldría a renunciar cada año a recursos que podrían traducirse, por ejemplo, en “8 nuevos hospitales o 230 centros de salud”; “260 nuevos colegios o 30.000 plazas de educación infantil”; “15.000 médicos especialistas o 25.000 enfermeras”; “24.000 plazas de dependencia o 18.000 plazas de residencia para mayores”; “10.000 viviendas”; o la ejecución de carreteras regionales pendientes, incluyendo la autovía del Noroeste Caravaca-Lorca.
Ese listado, tal y como lo presenta el PSOE, busca aterrizar el debate en la vida cotidiana: no hablar solo de “financiación” como concepto abstracto, sino de prestaciones y recursos que sostienen servicios esenciales. También enlaza con una demanda que la portavoz socialista incorpora como parte del paquete político: la moción incluía la exigencia de un plan verificable para el destino de esos recursos adicionales, y el impulso de una Ley Regional de Financiación Local.
En este punto, Fernández plantea otra crítica estructural: sostiene que la Región de Murcia sería “la única comunidad autónoma que no cuenta con un sistema de financiación local” y reprocha al PP que exija al Gobierno de España lo que, según afirma, “niega a los ayuntamientos en la Región”.
La portavoz socialista cerró su posicionamiento con un mensaje de orientación política: la Región de Murcia, dijo, no necesita “más ruido ni confrontación”, sino acuerdos que se traduzcan en recursos y servicios públicos. Y, en paralelo, exigió al PP transparencia y responsabilidad política: que explique públicamente cuál es su alternativa concreta y cómo sustituiría esos 1.188 millones si opta por el rechazo, aclarando si ese escenario implicaría recortes, más endeudamiento o subida de impuestos.
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