El PSOE denuncia que la derecha abre la puerta a subastar suelo municipal y recuerda que el parque público regional apenas llega al 0,3%
PP y Vox han votado en contra en la Asamblea Regional de una moción del PSOE que pedía al Gobierno regional conveniar con los ayuntamientos para que el suelo público autonómico o municipal que se libere se destine “preferentemente” a promover vivienda pública asequible, especialmente para alquiler social u otras fórmulas que garanticen un uso permanente bajo control de la administración. La iniciativa, defendida por el diputado socialista Miguel Ortega, no salió adelante por el rechazo de ambos grupos, según la nota de prensa difundida por el PSRM.
La propuesta planteaba una idea sencilla: si el suelo es público, su primera función debe ser ofrecer vivienda pública a precios públicos, no convertirse en una palanca de rentabilidad privada ni en un recurso de urgencia para cuadrar cuentas municipales. Ortega sostiene que ese es precisamente el riesgo que deja abierto el voto en contra: “PP y Vox han pactado que el suelo público municipal pueda ser subastado para tapar los agujeros que han generado en las cuentas públicas de los ayuntamientos que gobiernan”, afirma en la misma nota.
El debate se produce en un contexto de encarecimiento sostenido del alquiler y de dificultades crecientes para acceder a una vivienda, especialmente entre jóvenes y familias con ingresos medios. En su intervención, el PSOE encuadra la moción como una medida estructural para aumentar el parque público y contener los efectos del mercado: “aumentar de manera directa y sostenida el parque público de vivienda”, “contener los efectos de la especulación inmobiliaria” y “facilitar la emancipación juvenil y fijar nuestra población”, resume Ortega al explicar los objetivos de la iniciativa.
Qué dicen los datos del PSOE sobre vivienda pública y por qué lo vincula al precio del alquiler
El PSOE sostiene que la vivienda pública en la Región de Murcia es “insignificante” en términos de alquiler público permanente y defiende que un parque público amplio tendría un efecto directo sobre el precio del alquiler. Ortega lo formula en términos de impacto: si existieran alquileres públicos baratos en volumen suficiente, “impactarían de manera directa en el precio” del mercado privado, al introducir una alternativa real para miles de hogares.
Para ilustrar esa brecha, el diputado socialista aporta dos cifras: mientras la media europea del parque público de vivienda superaría el 9,3%, en la Región de Murcia la intervención pública sería “marginal”, con un 0,3% de vivienda pública, según la nota. Ese diferencial, según el PSOE, ayuda a explicar por qué el mercado se tensiona sin un contrapeso público: hay demanda, los salarios no suben al ritmo del alquiler y, al mismo tiempo, la oferta pública es muy limitada.
Ortega añade una crítica política directa al presidente regional, Fernando López Miras, al afirmar que desde que gobierna “no ha construido ni una sola vivienda de promoción pública”. El PSOE utiliza esa afirmación como un argumento de reproche: no solo faltaría parque público, sino que el Ejecutivo regional no habría impulsado nuevas promociones con continuidad.
Fondos europeos y 566 viviendas que “se podrían haber construido”
Otro de los elementos centrales de la nota socialista es la referencia a fondos europeos. Ortega afirma que con recursos transferidos por el Gobierno de España a la Comunidad Autónoma se podrían haber construido 566 viviendas asequibles y que esos fondos no se habrían destinado a ese fin. En ese marco, el PSOE sostiene que el Gobierno regional tendrá que devolver 20 millones de euros “porque además de no construir, ha impedido que el Gobierno de España construya”.
La denuncia coloca el foco en una doble responsabilidad: por un lado, la no ejecución de vivienda pública con fondos disponibles; por otro, la falta de coordinación institucional para que esa inversión se materialice, lo que, según el PSOE, agrava la situación de acceso a la vivienda.
El diputado socialista describe el problema en términos sociales, al hablar de un “drama silencioso”: jóvenes que no pueden emanciparse y familias que dedican gran parte del salario al alquiler. En su mensaje, la vivienda deja de ser un mercado más y se formula como una cuestión de derechos: “La vivienda es un derecho y necesita una respuesta pública valiente”, reclama Ortega.
La moción que no salió adelante y el choque político que deja abierto
La moción rechazaba que el suelo público se convierta en un recurso de “rentabilidad privada” y defendía que su destino preferente sea crear vivienda pública permanente, bajo control público. En términos políticos, el PSOE intenta fijar una línea: sin suelo público orientado a vivienda pública, cualquier paquete de medidas será insuficiente, porque no se altera el equilibrio estructural del mercado.
Ortega señala que el PSRM ha propuesto un decálogo de medidas —atribuido en la nota al trabajo del secretario general Francisco Lucas— que incluiría, entre otros puntos, rebajas fiscales para jóvenes, ayudas de hasta 36.000 euros para comprar la primera vivienda, reducción de plazos y mayor oferta pública. Pero insiste en que “nada de esto va a funcionar por sí solo” si no se aborda el uso del suelo público como palanca principal para aumentar el parque público permanente.
La votación deja, según el PSOE, un escenario claro: la mayoría que suman PP y Vox en la Asamblea cierra la puerta —al menos por ahora— a un marco de convenios para priorizar vivienda pública en suelo público liberado. Y, al mismo tiempo, abre un debate que ya está en la calle: si el problema es el precio y la falta de alternativas, la pregunta no es solo cuántas medidas se anuncian, sino qué capacidad real tiene la Región de Murcia para construir un parque público que deje de ser testimonial y empiece a cambiar las reglas del juego para quien hoy busca una vivienda y no puede.
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