Los socialistas hablan de “chapuza jurídica”, acusan al alcalde de falta de lealtad institucional y señalan que la propuesta chocaba con la Constitución y jurisprudencia del Supremo
La moción impulsada por el Gobierno municipal de PP y Vox en Molina de Segura para establecer un control sobre la vestimenta en edificios públicos ha sido retirada a última hora, después de que el Grupo Municipal Socialista denunciara que la iniciativa carecía de base legal y podía vulnerar derechos fundamentales. Según la nota de prensa difundida por el PSOE local, el equipo de Gobierno ha dado marcha atrás tras las advertencias del principal grupo de la oposición, que califica la propuesta como una “chapuza jurídica” y sostiene que chocaba “frontalmente” con la Constitución y con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Para los socialistas, la retirada no es un gesto de rectificación serena, sino la confirmación de un “caos” político y de una gestión que, en su opinión, se mueve entre la improvisación y la propaganda. El comunicado utiliza términos muy duros —“ridículo institucional” y “torpeza política”— para describir lo ocurrido y enmarca el episodio como un síntoma del funcionamiento del pacto de Gobierno entre PP y Vox en el Ayuntamiento.
El PSOE añade un elemento que eleva el choque del terreno jurídico al institucional: reprocha al alcalde, José Ángel Alfonso, que comunicara la retirada primero a los medios de comunicación y no a la portavoz socialista, Isabel Gadea. En la versión socialista, esa decisión rompe “cualquier protocolo y respeto institucional básico” y muestra una falta de “lealtad” hacia la oposición en un asunto que, por su impacto público y su visibilidad política, exigía una comunicación directa en el ámbito municipal.
La nota no especifica el contenido literal de la moción ni el articulado concreto que el PSOE considera incompatible con la legalidad, pero sí insiste en que el paso atrás se produce por el “miedo” del Gobierno municipal a que la oposición dejara en evidencia la ausencia de encaje jurídico de la medida.
El PSOE habla de “chapuza jurídica” y carga contra el alcalde por la retirada “a espaldas” de la oposición
El comunicado socialista sostiene que la moción pretendía controlar la vestimenta en edificios públicos y que, tal y como estaba planteada, vulneraba el marco constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Con ese argumento, el PSOE afirma que su denuncia obligó al Gobierno local a retirarla para evitar un choque legal y político de mayor alcance.
En esa lectura, el alcalde queda en el centro de la crítica por una doble razón. La primera, por haber permitido —siempre según el PSOE— que se tramitara una propuesta sin base jurídica suficiente. La segunda, por la forma en la que se gestionó la retirada. “En un gesto de cobardía política”, afirma la nota, Alfonso habría preferido trasladar la decisión a los medios antes que comunicarla a la líder de la oposición.
El PSOE subraya además un punto que utiliza como argumento político: recuerda que el alcalde es abogado y sostiene que, por tanto, debía conocer que la iniciativa “carecía de base legal” desde el inicio. En ese marco, la oposición interpreta que el PP aceptó la moción mientras le fue útil políticamente, y solo retrocedió cuando la presión y la denuncia pública evidenciaron el riesgo legal de mantenerla.
Más allá del debate jurídico, la nota también plantea una acusación de fondo: que el PP habría cedido a las posiciones de Vox y que el Ayuntamiento estaría siendo utilizado como un “laboratorio ideológico” para impulsar medidas que, en opinión del PSOE, se basan en el “señalamiento” y el “acoso”. El comunicado describe el episodio como una muestra de que el pacto PP-Vox condiciona la agenda local y desplaza la atención de la gestión diaria hacia iniciativas de alto voltaje político.
El foco se desplaza a la gestión municipal y a la tensión interna del pacto PP-Vox
La nota socialista no se limita a celebrar la retirada de la moción, sino que aprovecha el episodio para cargar contra la gestión municipal del pacto de derechas. En su argumentario, la iniciativa sobre vestimenta funcionaría como “cortina de humo” mientras el municipio arrastra problemas económicos y de servicios. El comunicado introduce una cifra: sostiene que Molina de Segura “se asoma a una deuda de 40 millones de euros” y habla de “abandono histórico” en los barrios, situando el debate en clave de prioridades.
En esa línea, la portavoz socialista Isabel Gadea afirma, siempre según el comunicado, que “mientras el municipio se asoma a una deuda de 40 millones de euros y los barrios sufren un abandono histórico, el Gobierno se dedica a inventar problemas de convivencia para ocultar que son incapaces de gestionar los servicios mínimos de la ciudad”. La frase condensa el enfoque del PSOE: la moción no habría respondido a una necesidad real del municipio, sino a una estrategia política orientada a tensionar la convivencia y capitalizar debates identitarios.
El PSOE también dirige parte de sus críticas al primer teniente de alcalde y portavoz de Vox, Antonio Martínez. La nota asegura que ha faltado al 50% de las Juntas de Gobierno celebradas “hasta la fecha”, un dato que utiliza para cuestionar su implicación en la gestión ordinaria. Además, el comunicado añade que Martínez estaría “bajo investigación judicial por presuntos delitos de odio”, formulación que presenta como un elemento de gravedad en el contexto de una moción vinculada a control de vestimenta y convivencia.
El texto socialista, en suma, retrata un Ayuntamiento atrapado entre la confrontación política y la falta de rigor, y acusa al alcalde de permitir que Vox marque la agenda mientras se descuidan asuntos estructurales. En esa versión, lo ocurrido con la moción sería una prueba más de un Gobierno local que, según la oposición, prioriza el gesto ideológico sobre la gestión y se ve obligado a rectificar cuando la legalidad se interpone.
Un episodio que deja una batalla por el relato y por las prioridades del municipio
Tras la retirada de la moción, la disputa política se traslada ahora al terreno del relato: para el PSOE, el Gobierno municipal ha quedado en evidencia por haber impulsado una propuesta que considera ilegal y por haber rectificado solo cuando la oposición lo denunció públicamente. Para el pacto PP-Vox, el episodio —según su evolución en los próximos días— puede convertirse en un intento de cerrar la crisis con un repliegue discreto o en una nueva escalada política si se busca reintroducir el debate por otras vías.
Por el momento, lo que queda fijado en la nota socialista es una conclusión contundente: la oposición interpreta la retirada como un “paso atrás forzado” y como una muestra de debilidad institucional, y utiliza el caso para reforzar su crítica global al Gobierno local. “Molina no necesita ‘policías de vestidor’ ni regidores desleales, sino un equipo serio que trabaje con rigor”, remata el comunicado, marcando una línea política que pretende conectar con una parte del electorado cansada del ruido y preocupada por la gestión.
¿Quieres contactar con el autor de esta noticia?
Si has visto algún error en esta noticia o tal vez puedes aportar alguna información extra, puedes contactar directamente con nuestra redacción mandando un email a news@lasnoticiasrm.es o escribiendo un mensaje por Whatsapp en el teléfono 641387053. Estaremos encantados de atenderte.
Esta y otras noticias puedes tenerlas al instante subscribiéndote a nuestro canal de Telegram
Puedes subscribirte a nuestro nuevo canal en Telegram, y disponer de todas las noticias importantes de la web en tiempo real.
Recuerda, pincha en t.me/lasnoticiasrm y dale a subscribir al canal en tu aplicación Telegram.
!!Te esperamos en LasNoticiasRM¡¡
Tabla de Contenidos
Datos del autor
- LasNoticiasRM
- Email: news@lasnoticiasrm.es
- Teléfono y Whatsapp: 641387053
