Los socialistas alertan de un 50% más en terrazas y de regularizar cobros del Auditorio Margarita Lozano
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca ha cargado contra las medidas fiscales y de precios públicos impulsadas por el equipo de Gobierno de PP y Vox, aprobadas en el Pleno de este lunes con el voto en contra del PSOE. El concejal socialista Isidro Abellán sostiene que el Ejecutivo local ha planteado cambios que, en la práctica, suponen “una subida encubierta de impuestos” y la retirada de bonificaciones vinculadas a la energía solar, además de abrir un debate sobre el cobro a colectivos locales por el uso del Auditorio Margarita Lozano.
La crítica socialista se centra en tres medidas concretas: la supresión de la bonificación del 95% en licencias de obra para instalar placas solares y otras energías renovables; la modificación del sistema de cobro de la tasa de mesas y sillas, que, según Abellán, encubre un incremento del 50% del coste anual; y la intención del Gobierno municipal de regularizar mediante un “precio público” el uso del Auditorio Margarita Lozano, un espacio que, según el PSOE, era gratuito para asociaciones y entidades durante el mandato socialista.
El edil sostiene que el equipo de Gobierno ha presentado algunos cambios como supuestos beneficios administrativos o de gestión, cuando, a su juicio, la consecuencia real es un mayor coste para vecinos, hosteleros y colectivos. En ese marco, Abellán habla de “engaño masivo” y llega a afirmar que “PP y VOX estafan a los lorquinos con una subida encubierta de impuestos y la eliminación de la bonificación a la energía solar”, una acusación que el PSOE enmarca como una crítica política a la gestión de la Concejalía de Hacienda, dirigida por Belén Pérez.
El trasfondo del debate municipal mezcla dos planos que rara vez avanzan por separado: fiscalidad y transición energética. Para el PSOE, la retirada de bonificaciones verdes y el aumento de costes a sectores productivos como la hostelería dibujan un giro político que, según sus palabras, castiga la sostenibilidad y encarece la actividad económica. Para el Gobierno local, la lectura puede ser distinta, pero en la información difundida por los socialistas el foco está en los efectos prácticos de las modificaciones y en cómo se explican públicamente.
Bonificación solar eliminada: “un mazazo” a la fotovoltaica
Uno de los puntos que más ha subrayado el PSOE es la eliminación de la bonificación del 95% en las licencias de obras para la instalación de placas solares y energías renovables. Abellán califica la decisión de “auténtica barbaridad” y la interpreta como un castigo a quienes apuestan por producir energía limpia y reducir su factura eléctrica.
“En plena crisis climática y con la necesidad de abaratar la factura energética, PP y VOX deciden castigar a quienes apuestan por la sostenibilidad”, afirma el concejal socialista, que vincula la medida a un cambio de prioridades del Gobierno municipal. El PSOE sitúa esta bonificación como una herramienta municipal concreta para incentivar la inversión en autoconsumo, especialmente en un contexto de precios energéticos tensionados y de impulso generalizado a la electrificación y la eficiencia.
En la práctica, el discurso socialista sostiene que el Ayuntamiento pasa de facilitar —mediante una reducción significativa del coste de licencias— la instalación de placas solares, a retirar ese incentivo de forma “fulminante”. El partido entiende que esto desincentiva nuevas instalaciones, porque encarece el coste de entrada de las obras asociadas a la fotovoltaica, ya sea en viviendas, comunidades de propietarios o negocios.
El debate, además, no es menor desde el punto de vista municipal: aunque la transición energética se decide en marcos estatales y europeos, buena parte de su aterrizaje depende de trámites locales, licencias y ordenanzas. Por eso el PSOE intenta colocar la bonificación en el terreno de lo cotidiano: la capacidad real de una familia o un pequeño negocio de afrontar una inversión que, aunque se amortice con el tiempo, requiere un desembolso inicial. En su argumentario, retirar la bonificación agrava esa barrera de entrada.
Abellán insiste en que la decisión se toma en un momento en el que, según su lectura, debería ocurrir lo contrario: más incentivos para reducir emisiones y para que hogares y empresas dependan menos del suministro convencional. Con esa lógica, los socialistas presentan la medida como contradictoria con los objetivos de sostenibilidad y con la reducción de costes energéticos.
Mesas y sillas: el PSOE cifra una subida del 50% “escondida” en el cobro mensual
El segundo eje de la denuncia socialista se centra en la tasa de ocupación de vía pública por mesas y sillas, una cuestión sensible en ciudades con fuerte presencia de terrazas. Abellán afirma que el equipo de Gobierno ha querido vender como un beneficio el paso a un cobro mensual, cuando, en realidad, “esconde un incremento del 50% en el coste anual”.
Según la explicación del PSOE, el mecanismo sería el siguiente: antes se cobraba una tasa anual basada en un periodo de 8 meses; ahora, el Gobierno municipal habría dividido esa tasa entre 8 y la habría multiplicado por 12 meses. Para el concejal, el resultado es que los hosteleros acabarán pagando más por el mismo espacio. La clave del argumento socialista está en una idea práctica: “ningún hostelero retira su terraza en ningún mes del año”, sostiene Abellán, por lo que el nuevo sistema, en su planteamiento, deja de ser una simple reorganización del cobro y se convierte en un incremento real.
El PSOE intenta convertir esta cuestión técnica en un mensaje comprensible: no se trata de pagar “mes a mes” de forma más cómoda, sino de pagar por más meses con una base calculada sobre menos tiempo. De ahí el lenguaje duro del concejal, que habla de “engaño” y de una subida encubierta.
En términos políticos, la acusación apunta también a la forma de comunicar los cambios. Abellán sostiene que el Gobierno de PP y Vox ha “vendido” el cobro mensual como beneficio, y sugiere que ese enfoque oculta la consecuencia final en el bolsillo de los hosteleros. En la lógica socialista, el perjuicio es doble: incremento de costes y pérdida de transparencia en la explicación de la medida.
La hostelería, además, suele ser uno de los sectores más sensibles a cualquier variación en tasas locales, porque la ocupación de vía pública forma parte del modelo de negocio. En ese marco, el PSOE busca posicionarse como defensor de un sector que, según su versión, está siendo golpeado por un cambio que se presenta como una mejora, pero que termina encareciendo la actividad.
Auditorio Margarita Lozano: el PSOE denuncia cobros “irregulares” a colectivos
El tercer bloque de la denuncia afecta al uso del Auditorio Margarita Lozano por parte de asociaciones y colectivos locales. El PSOE sostiene que bajo el mandato socialista el uso de este espacio por entidades era gratuito, mientras que el actual Gobierno habría estado cobrando y ahora pretende regularizar la situación mediante un “precio público”.
Abellán introduce aquí un elemento especialmente delicado: la “dudosa legalidad” de la gestión previa, tal y como la plantea el PSOE. El concejal expresa su exigencia en términos directos: “Si lo que han cobrado hasta hoy es irregular, que lo digan y que devuelvan el dinero a las asociaciones y colectivos estafados”.
En este punto, el PSOE combina una crítica sobre el fondo —cobrar a entidades locales por el uso de un espacio cultural municipal— con una crítica sobre la forma —cómo se ha estado cobrando y por qué ahora se intenta regularizar. La acusación, formulada en estos términos, coloca al Gobierno municipal ante un dilema político: si el cobro anterior se ajustaba a derecho, el PSOE cuestiona por qué hay que “regularizar”; si no se ajustaba, los socialistas exigen transparencia y devolución del dinero a quienes pagaron.
El argumento se despliega con una idea de fondo: los espacios culturales municipales no son solo equipamientos, también son herramientas de participación, tejido asociativo y vida comunitaria. Cuando se establece un coste, la decisión afecta a quién puede acceder y a cuántas actividades se sostienen. Por eso el PSOE plantea que el cambio no es neutro, y lo convierte en un símbolo de cómo PP y Vox gestionan lo público.
Abellán cierra su crítica insistiendo en el “engaño” y en el impacto de las medidas, subrayando que los socialistas votaron en contra en el Pleno. Con ello, el PSOE busca fijar un relato claro: cambios fiscales y de precios públicos que, según su versión, encarecen la vida municipal, frenan incentivos a la energía renovable, aumentan costes a la hostelería y cargan a asociaciones locales con pagos por el uso de un auditorio que antes era gratuito.
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