El grupo socialista apoya el plan para “desbloquear” el municipio y asegura haber blindado Mar Menor, vivienda protegida y suelos contaminados
El Grupo Municipal Socialista ha respaldado la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena con un argumento central: el municipio no puede seguir rigiéndose por un planeamiento “de hace cuarenta años” y necesita un documento actualizado para poder avanzar. El portavoz del PSOE, Manolo Torres, sostiene que su formación ha decidido votar a favor tras introducir “propuestas viables” en el texto final, con el objetivo de proteger el interés general y evitar que el debate urbanístico se convierta en un bloqueo permanente.
La posición socialista no se presenta como un cheque en blanco al Gobierno municipal, sino como un apoyo condicionado. Torres afirma que el PSOE ha trabajado para modificar el documento inicial y que, a partir de ahora, su grupo fiscalizará el cumplimiento de los compromisos incorporados. La idea que repite el portavoz es que el “sí” socialista pretende servir para que Cartagena avance, no para que el Ayuntamiento “se descontrole”, una advertencia que deja entrever que la aprobación del plan abre una fase de vigilancia política sobre cómo se ejecuta y qué prioridades se activan.
En su intervención, Torres encuadra la decisión como una muestra de “política útil” y de perfil de partido de gobierno, defendiendo que su grupo no actúa desde el “no” automático, sino desde la negociación para mejorar el documento. Al mismo tiempo, desliza una crítica implícita: el PGOU aprobado no es el plan que habría redactado el PSOE si gobernara, porque —según sostiene— su propuesta habría sido “más sostenible, más verde”, con más ambición social y climática y mejores alternativas de movilidad. Aun así, su conclusión es que Cartagena no puede quedarse paralizada con reglas pensadas para una ciudad que ya no existe.
Mar Menor, vivienda pública y suelos contaminados: las “líneas rojas” del PSOE
El PSOE sitúa tres ejes como condiciones innegociables que, según afirma, han quedado incorporadas al texto final. La primera es la protección del Mar Menor frente al urbanismo descontrolado. Torres sostiene que, con el PSOE, “el Mar Menor no es negociable” y que la protección debe darse “en el papel y en la práctica”, una forma de remarcar que el PGOU no puede convertirse en una puerta trasera para nuevas expansiones residenciales en el entorno de la laguna.
La segunda línea roja es la vivienda. El portavoz socialista defiende que el plan introduce medidas para que el suelo municipal se destine a viviendas protegidas dirigidas a jóvenes y familias trabajadoras. El PSOE quiere ligar el PGOU a una política de vivienda con impacto real, no a operaciones puntuales “para unos pocos”, en un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales tensiones sociales también en el municipio.
La tercera, quizás la más singular dentro del debate urbanístico, es la descontaminación de suelos. Torres sostiene que el plan contempla la regeneración de suelos contaminados bajo un principio que en Cartagena tiene carga histórica y social: “quien contamina paga”. El PSOE insiste en que la ciudad no puede mirar hacia otro lado ante la contaminación ni permitir que suelo degradado termine siendo objeto de especulación, planteando que primero debe descontaminarse y después ordenarse.
Este triple eje (Mar Menor, vivienda protegida y descontaminación) es el corazón político con el que el PSOE justifica su voto afirmativo: apoyar el plan no como adhesión al modelo del Gobierno local, sino como una forma de introducir garantías ambientales y sociales en un documento que marcará el crecimiento, la rehabilitación y los usos del suelo durante años.
Patrimonio natural, corredores verdes y “justicia urbana” para barrios y diputaciones
Más allá de las tres líneas rojas, el PSOE asegura haber logrado que el PGOU incorpore un paquete de medidas orientadas a equilibrar la ciudad. Entre ellas, destaca la “protección real del patrimonio natural y los corredores verdes del municipio”, una formulación que apunta a ordenar el territorio con criterios ambientales y de conectividad ecológica.
El segundo bloque de ese paquete es el “equilibrio territorial y justicia urbana” para barrios y diputaciones. Torres utiliza una frase contundente: Cartagena no puede tener “barrios de primera y barrios de segunda”, y el planeamiento debe “repartir futuro” en lugar de concentrarlo. En términos políticos, esta afirmación pretende conectar el PGOU con una demanda recurrente en el municipio: que la inversión y la planificación no se queden en el centro o en determinadas zonas, sino que alcancen a los barrios y al mundo rural, donde el déficit de servicios y de planificación suele sentirse con más crudeza.
En ese mismo marco, el PSOE añade que también se ha logrado ordenar “los núcleos rurales consolidados”, un punto relevante en un municipio extenso y diverso como Cartagena, donde la realidad territorial no se limita a la ciudad, y donde el planeamiento condiciona desde la disponibilidad de suelo a la capacidad de regularizar situaciones históricas o de planificar servicios.
El grupo socialista intenta así construir un relato de apoyo responsable: no bloquea, pero condiciona; no impone su modelo completo, pero empuja al documento hacia objetivos de sostenibilidad, cohesión y justicia urbana. La clave, para el PSOE, es que el PGOU esté alineado con grandes objetivos de sostenibilidad y justicia social “no por una etiqueta”, sino porque es lo que corresponde a una ciudad que quiere ser moderna y competitiva.
Transición energética “con orden” y aviso de fiscalización tras el voto favorable
El tercer eje que el PSOE subraya como mejora introducida es la transición energética, pero con matices: “sí, pero con orden, reglas y protección al vecino”. Esta formulación busca posicionarse en un punto intermedio: reconocer la necesidad de avanzar en renovables y descarbonización, pero advirtiendo de que el despliegue no puede hacerse a costa del territorio ni sin garantías para quienes viven en las zonas afectadas.
El cierre del mensaje socialista es, en realidad, un aviso de control político. Torres asegura que el PSOE fiscalizará el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, remarcando que su apoyo no es una delegación de responsabilidad. La aprobación del PGOU abre ahora una etapa decisiva: la de su aplicación, donde las prioridades y la letra pequeña —qué se protege de verdad, dónde se impulsa vivienda pública y cómo se afrontan los suelos contaminados— marcarán si el plan sirve para modernizar la ciudad sin repetir errores del pasado o si acaba diluyéndose en un documento amplio con resultados discutibles.
Con su voto favorable, el PSOE intenta enviar un mensaje doble: Cartagena no puede seguir paralizada con un planeamiento desfasado, pero avanzar no puede significar barra libre urbanística ni renunciar a la protección ambiental y a la cohesión social. A partir de ahora, el foco pasa del pleno a la ejecución: ahí es donde se comprobará si las “líneas rojas” que el PSOE dice haber fijado se convierten en políticas reales o se quedan en promesas de papel.
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