Manolo Torres acusa a Noelia Arroyo de “incapacidad” y pide relanzar la licitación con garantías
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena ha denunciado la suspensión del concurso para implantar un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, una licitación que había salido a trámite el pasado 5 de noviembre y que, dos meses después, ha quedado anulada. Para el PSOE, la cancelación supone un nuevo “varapalo” para la movilidad sostenible en el municipio y retrasa, una vez más, un servicio que consideran básico para fomentar el uso de la bicicleta como alternativa de transporte.
El portavoz socialista, Manolo Torres, ha cargado contra la gestión del equipo de Gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Noelia Arroyo, asegurando que la anulación evidencia “incapacidad absoluta” y denunciando que el procedimiento se había puesto en marcha tras más de cinco años de espera. Según la nota difundida por el PSOE, la suspensión del concurso deja a Cartagena sin un servicio que el propio Ayuntamiento había anunciado en distintas ocasiones como pieza central para impulsar una movilidad más limpia.
LasNoticiasRM.es ha intentado recabar la versión del Ayuntamiento de Cartagena a través de su gabinete de comunicación, mediante correo electrónico y contacto telefónico, para conocer los motivos de la suspensión y si existe un calendario para relanzar la licitación. Al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.
Un concurso suspendido tras dos meses de tramitación
El PSOE sostiene que el concurso se publicó el 5 de noviembre y que su suspensión llega apenas dos meses después, lo que a su juicio vuelve a situar a la ciudad en el punto de partida. “Han tardado más de cinco años en sacar un concurso y ahora han tenido que anularlo”, afirma Manolo Torres en el comunicado, que enmarca esta situación dentro de una cadena de anuncios y retrasos que, según los socialistas, se ha repetido en diferentes iniciativas municipales relacionadas con movilidad.
La crítica socialista no se centra solo en el tiempo perdido, sino en el resultado: una licitación cancelada que impide, por el momento, recuperar un servicio que consideran esencial para una ciudad que quiere presentarse como referente de sostenibilidad, turismo responsable y reducción de emisiones. En términos políticos, el PSOE intenta convertir la anulación en un síntoma de mala gestión, y no en un incidente administrativo puntual: “anuncios vacíos, mala tramitación y después humo”, señala Torres, según la nota remitida.
La suspensión, además, reabre un debate incómodo para el Ejecutivo local: si el procedimiento se ha anulado por defectos de pliegos o por problemas de diseño del contrato, la pregunta que se plantea es por qué se tardó tanto en licitar y, aun así, se llegó a un documento que no habría resistido la tramitación. En ausencia de explicaciones oficiales del Ayuntamiento, el relato que queda sobre la mesa es el que impulsa el PSOE: una licitación que nace tarde y se cae rápido.
El PSOE acusa un “corta y pega” y reclama una nueva convocatoria inmediata
En el comunicado, Manolo Torres sostiene que el pliego publicado era “un corta y pega del de Oviedo, pero mal hecho”, una acusación que el PSOE utiliza para cuestionar el trabajo técnico y la planificación del Gobierno local. La formulación es deliberadamente dura y apunta a un problema de fondo: si los pliegos se construyen con plantillas no adaptadas al contexto de Cartagena, el resultado, según los socialistas, es una tramitación frágil que termina por bloquearse.
El portavoz socialista reclama que el concurso se vuelva a convocar “de forma inmediata”, pero subraya una condición: que se haga “con todas las garantías”, para evitar que el servicio vuelva a quedar atrapado en una espiral de anuncios, retrasos y correcciones. El PSOE trata de situar el asunto en el terreno de la utilidad pública: una licitación bien diseñada no es un capricho técnico, sino la diferencia entre disponer o no de un servicio que, en su opinión, debería formar parte del día a día de una ciudad moderna.
En esa misma línea, los socialistas recuerdan que han presentado diversas iniciativas reclamando el servicio de alquiler y también la conexión de los campus universitarios mediante bicicletas de uso público, una propuesta que enlaza movilidad con acceso a la educación y cohesión urbana. La cuestión, de nuevo, no es solo si habrá bicicletas eléctricas, sino qué modelo de ciudad se impulsa: uno que facilita alternativas al coche o uno que acumula planes sin aterrizarlos.
La movilidad sostenible, en espera desde 2016
El PSOE sitúa el problema dentro de una cronología más amplia. Según la nota, Cartagena lleva desde 2016 sin un servicio de alquiler de bicicletas que promueva su uso, y el concurso suspendido era la oportunidad de revertir esa ausencia. En ese marco, el servicio no aparece como una novedad, sino como una carencia prolongada que se ha normalizado con el paso del tiempo.
La formación también vincula el episodio con el Plan de Movilidad Urbana CartaGO!, presentado en octubre de 2021 e incluyendo, según el PSOE, la puesta en marcha del alquiler de bicicletas. Los socialistas aseguran que la alcaldesa anunció entonces su licitación para octubre de ese mismo año, pero sostienen que no se tramitó ni en 2021 ni en los años posteriores, hasta que el procedimiento se activó finalmente en noviembre de 2025. “Tuvimos que esperar a noviembre de 2025 a que saliera el concurso, pero fue una ilusión porque también se ha suspendido”, afirma Torres en la nota.
Desde una perspectiva política, el PSOE intenta fijar una idea: no se trata de un fallo aislado, sino de una gestión que llega tarde y, cuando llega, falla. Desde una perspectiva ciudadana, el debate es más simple: Cartagena sigue sin disponer de un servicio público de bicicletas, mientras otras ciudades han integrado estos sistemas en su movilidad cotidiana y en sus estrategias turísticas y ambientales.
El desenlace inmediato depende ahora de dos factores: si el Gobierno municipal explica los motivos concretos de la anulación y, sobre todo, si tiene capacidad de relanzar el concurso con rapidez y seguridad jurídica. Mientras tanto, la cancelación deja a Cartagena sin una herramienta que, más allá de la discusión partidista, se ha convertido en un termómetro de algo más profundo: la distancia entre los anuncios de sostenibilidad y la gestión real que los hace posibles.
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