La liquidación de 2025 sitúa la ejecución inversora en el 38,6% y los socialistas hablan de “parálisis” repetida tras el 27,79% de 2024
La liquidación presupuestaria de 2025 ha abierto un nuevo frente político en Molina de Segura. El PSOE sostiene que los datos de Intervención certifican un nivel de ejecución de inversiones del 38,6%, lo que, traducido a la práctica municipal, implicaría que seis de cada diez euros previstos para proyectos y mejoras se han quedado “en el cajón”. La crítica se dirige al Gobierno local del PP y Vox, al que los socialistas atribuyen una “incapacidad de gestión” que, según remarcan, no sería un episodio aislado, sino una pauta que ya se habría repetido durante el ejercicio anterior.
El argumento socialista parte de una idea simple: en un municipio, el presupuesto no se mide solo por lo que se aprueba en papel, sino por lo que realmente se convierte en obras, actuaciones y mejoras visibles en la calle. En esa lectura, la cifra del 38,6% de inversiones ejecutadas en 2025 se convierte en el eje del reproche político, porque el PSOE interpreta que deja sin materializar la mayor parte de los proyectos anunciados. La nota de prensa socialista habla de “colapso administrativo” y vincula ese resultado a la gestión del actual equipo de gobierno.
Los socialistas subrayan, además, que el patrón no habría cambiado respecto a 2024. Según la información difundida, la ejecución de las inversiones reales el año anterior se situó en un 27,79%, un dato que el PSOE utiliza para sostener que existe una tendencia estructural: dos ejercicios consecutivos con niveles muy bajos de materialización de inversiones. En ese marco, el partido concluye que el Gobierno local “lleva dos años fracasando” en su obligación de transformar el presupuesto en mejoras.
Isabel Gadea, portavoz socialista, plantea el problema en términos de oportunidad perdida. “Molina tiene el dinero en el banco gracias a las transferencias del Estado, pero las calles están abandonadas por la desidia de un alcalde más preocupado por los juzgados que por sus vecinos”, afirma en el comunicado. Con esa frase, el PSOE introduce dos elementos a la vez: una crítica a la falta de ejecución de proyectos y una referencia directa al contexto judicial del alcalde, que los socialistas presentan como un factor que condiciona la atención a la gestión diaria del municipio.
El PSOE añade un reproche político complementario: acusa al PP de intentar tapar la “desconexión con la calle” mediante “marcos de confrontación nacional” que, según la nota, no tendrían que ver con los problemas cotidianos de Molina de Segura. El mensaje busca contraponer dos planos: el del debate partidista y el de la gestión municipal concreta, donde, en opinión de los socialistas, el Ejecutivo no estaría cumpliendo con lo prometido.
Un gobierno “ausente” y la batalla por el relato de la gestión
El comunicado socialista no se limita a exponer cifras. Construye un relato de “gobierno ausente” para explicar la falta de ejecución. Según el PSOE, el alcalde José Ángel Alfonso y Vox representarían un Ejecutivo caracterizado por la “inacción” y la escasa presencia en la gestión ordinaria. En esa línea, el partido asegura que el portavoz de Vox habría faltado al 50% de las Juntas de Gobierno “en lo que va de año”, un dato que usa para reforzar la idea de que el pacto de derechas sería una alianza “de intereses” más que “de trabajo por Molina”.
La portavoz Isabel Gadea insiste en que la prioridad municipal debería ser la “gestión útil” frente al “ruido”. Y añade una frase que busca marcar línea política: “Cada vez que ellos busquen el conflicto, nosotros estaremos en una calle concreta de Molina denunciando un bache o la falta de limpieza”. En su mensaje, el PSOE se presenta como oposición pegada a los problemas de barrio, mientras dibuja al Ejecutivo como un gobierno centrado en la confrontación y alejado de las necesidades inmediatas.
En esa construcción, los socialistas califican al actual ejecutivo como un “accidente temporal” y sostienen que habría frenado la ciudad. El lenguaje no es casual: intenta trasladar que el problema no se reduce a un desacuerdo ideológico, sino a una supuesta incapacidad operativa para convertir el presupuesto en actuaciones tangibles. A la vez, la crítica se inserta en un contexto más amplio donde, según el PSOE, se estarían incrementando tasas a los vecinos mientras los servicios no mejoran.
El punto de fondo es la disputa por el concepto de “buena gestión”. En política local, esa etiqueta se juega con datos presupuestarios, pero también con percepciones: si se anuncian inversiones que no se ejecutan, el discurso de solvencia económica pierde fuerza. En este caso, el PSOE utiliza la liquidación de 2025 para sostener que el Ayuntamiento no tiene un problema de recursos, sino de ejecución: “hay dinero”, pero no se traduce en obras y mejoras.
22,3 millones “bloqueados” y el choque por las transferencias del Estado
En su “radiografía del desgobierno local”, el PSOE incluye tres indicadores que pretende convertir en titulares políticos. El primero es que el Gobierno municipal mantendría “bloqueados 22,3 millones de euros” por su “incapacidad para ejecutar proyectos técnicos”. El segundo es el que denominan “dopaje financiero”: la solvencia municipal dependería de “31,5 millones” procedentes del Gobierno de España, un dinero que, según la nota, PP y Vox “guardan en el banco” en lugar de destinarlo a mejorar servicios y equipamientos.
Este segundo punto tiene un componente político evidente: el PSOE busca atribuir a las transferencias estatales parte de la estabilidad financiera del municipio y, a la vez, acusa al gobierno local de no aprovechar ese margen para invertir. En su argumentario, la fotografía sería la de una ciudad con recursos disponibles pero con calles y servicios que, según denuncian, no reflejan esa capacidad económica.
El tercer indicador que citan los socialistas apela a un contraste que suele funcionar en la política municipal: “Sueldos de primera, servicios de tercera”. La nota no entra en detalles numéricos sobre retribuciones o tasas concretas, pero plantea la idea de que el gobierno local estaría subiendo tasas a la ciudadanía mientras se dedica a “fotos” y a intereses que, en palabras del PSOE, “nada tienen que ver con el municipio”.
Este punto conecta con el debate que suele acompañar a las liquidaciones presupuestarias: si hay superávit, remanentes o cuentas saneadas, ¿por qué no se ejecutan inversiones? Para el PSOE, la respuesta es la “incapacidad de gestión”. Para el Gobierno municipal, previsiblemente, la explicación podría apoyarse en la complejidad técnica, los procedimientos administrativos o la planificación plurianual. Sin embargo, en la nota remitida por los socialistas el foco está en una acusación directa: hay dinero disponible, pero la ciudad no ve resultados.
El choque, por tanto, no se limita a un porcentaje. La cifra del 38,6% se convierte en un símbolo de ineficiencia, y la comparación con el 27,79% de 2024 refuerza la tesis de que no se trata de un retraso puntual, sino de una dinámica persistente.
Isabel Gadea cierra el comunicado con un mensaje de cambio político: “No vamos a permitir que el sectarismo y la soberbia sigan frenando nuestro futuro; vamos a devolver Molina a su gente”. Con esa conclusión, el PSOE pretende convertir la liquidación presupuestaria en un argumento de oposición que mira al presente —la falta de inversiones ejecutadas— y al futuro —la alternativa de gobierno—, situando la ejecución presupuestaria como uno de los ejes centrales del debate municipal en Molina de Segura.
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