“Calendario en rojo”: 43 ausencias en 86 sesiones y presión al alcalde para que aclare si hubo dejación de funciones en Seguridad

El Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura ha hecho público el balance anual de asistencias a la Junta de Gobierno Local correspondiente a 2025 y ha situado el foco en el primer teniente de alcalde y responsable de Seguridad, Antonio Martínez (VOX). Según los datos oficiales que cita el PSOE, el edil se ausentó en 43 de las 86 sesiones celebradas, lo que, a juicio de los socialistas, equivale a “faltar a la mitad” de las reuniones donde se adoptan acuerdos de gestión municipal.
La denuncia llega en forma de nota de prensa, con un relato cargado de crítica política y un mensaje principal: el PSOE considera “demoledoras” las cifras y sostiene que ese nivel de ausencias constituye una “falta de respeto sin precedentes” hacia la ciudadanía, especialmente por tratarse —según recalcan— del teniente de alcalde con competencias en un área tan sensible como la seguridad. El comunicado afirma, además, que las ausencias se produjeron “en todos los meses del año” e incluyen sesiones “clave”, tanto ordinarias como extraordinarias y públicas.
En el centro del choque político queda también el alcalde, José Ángel Alfonso, al que los socialistas señalan como responsable último de mantener a Martínez en el equipo de gobierno pese a ese supuesto patrón de inasistencia. El PSOE sostiene que el regidor es “cómplice necesario” de una “dejación de funciones” por no actuar ante lo que describen como absentismo “sistemático”.
“Calendario en rojo” y la cifra que agita el debate municipal
La nota socialista presenta el balance de 2025 como un “calendario en rojo” y subraya que la Junta de Gobierno Local celebró 86 sesiones a lo largo del año, de las que, según indican, Antonio Martínez faltó a 43. El PSOE utiliza ese dato como eje argumental para cuestionar el desempeño del edil y para exigir explicaciones públicas sobre cómo se ha gestionado el día a día municipal en su ausencia, especialmente en reuniones en las que se aprueban asuntos que afectan al funcionamiento de la administración y la prestación de servicios.
Los socialistas hacen hincapié en que no se trata de una ausencia puntual o aislada. Según su versión, el responsable de Seguridad faltó a reuniones “clave” durante todo el año, y remarcan que el porcentaje —un “50% de cumplimiento”, en sus palabras— no sería compatible con la responsabilidad institucional que conlleva ser primer teniente de alcalde. El comunicado no aporta, sin embargo, el detalle sesión por sesión ni explica las causas de esas ausencias, más allá de presentarlas como un problema político y de gestión.
Más allá del dato numérico, la denuncia busca un efecto político evidente: abrir un debate público sobre el nivel real de implicación del gobierno local y sobre el control interno que ejerce la Alcaldía sobre sus socios o concejales con áreas estratégicas. En un municipio donde la seguridad y la gestión diaria son asuntos de alta sensibilidad para los vecinos, el PSOE intenta convertir el balance de asistencias en un indicador de fiabilidad y compromiso institucional.
“Sueldo completo por medio trabajo”: el choque por la retribución y el desempeño
La portavoz socialista, Isabel Gadea, eleva el tono en el comunicado y utiliza el marco de la “hipocresía” para atacar el discurso de VOX. “Es el colmo de la hipocresía. Critican lo que ellos llaman ‘chiringuitos’, pero el señor Martínez ha convertido su despacho en uno”, afirma, según recoge la nota.
El PSOE insiste en la dimensión económica y retributiva del cargo, ligando las ausencias a la idea de que el edil percibe el salario de forma íntegra. “Hablamos de un cargo público que cobra el 100% de su sueldo, pero solo aparece por la mitad de las juntas donde se decide el futuro de nuestra ciudad”, sostiene Gadea en la misma comunicación.
En términos políticos, el mensaje es claro: la oposición pretende convertir la asistencia a la Junta de Gobierno Local en un estándar mínimo de desempeño, y desde ahí cuestionar la legitimidad de mantener delegaciones de peso en manos de un edil con un porcentaje de inasistencias tan elevado, siempre según el balance que difunden. La nota no incorpora comparativas con otros concejales del gobierno ni con periodos anteriores, pero sí busca fijar una imagen: “sueldo completo por medio trabajo”, como resumen del reproche.
La crítica se completa con una frase que resume el ataque político y que el PSOE coloca como sentencia final: “Molina no necesita un teniente de alcalde que no va a trabajar y sí cobra como si lo hiciese”. El objetivo de esa afirmación es trasladar el debate desde la estadística al plano cotidiano: la idea de que los vecinos pagan “impuestos de primera” para un gobierno que, siempre según la oposición, no estaría cumpliendo al nivel exigible.
El alcalde, en el punto de mira y la petición de explicaciones a VOX
El comunicado socialista no se limita a cuestionar a Antonio Martínez. Apunta directamente al alcalde José Ángel Alfonso, al que describe como responsable de mantener en su puesto a un concejal al que atribuyen una conducta de “dejación de funciones”. El PSOE sostiene que el regidor sería “cómplice necesario” por no tomar medidas ante las ausencias denunciadas, una acusación política que pretende trasladar el coste del conflicto al liderazgo del gobierno local.
En el tramo final, la nota añade un elemento especialmente delicado: la portavoz socialista afirma que el edil estaría “en los juzgados como investigado por delito de odio”, una referencia que el PSOE incorpora como parte de su crítica, sin aportar en el propio comunicado documentación judicial ni resolución alguna. Ese extremo, tal y como está formulado, queda por tanto circunscrito a lo afirmado por el PSOE en su nota.
Este medio ha contactado con el Ayuntamiento de Molina de Segura y con VOX en el municipio para recabar su versión sobre el balance de asistencias difundido por el Grupo Municipal Socialista, así como sobre si existieron causas justificadas para las ausencias señaladas y si se prevé alguna explicación pública al respecto. En el momento de publicación, no consta respuesta.
La denuncia del PSOE abre, en cualquier caso, un debate que va más allá de la confrontación partidista: el nivel de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión municipal cuando se trata de cargos con responsabilidad ejecutiva. Si las cifras oficiales citadas por los socialistas son correctas, la pregunta política inmediata es qué mecanismos de supervisión se han aplicado dentro del gobierno local y cómo se ha garantizado el funcionamiento regular de la Junta de Gobierno Local en un año con 86 sesiones y un grado de ausencias tan elevado en uno de sus principales miembros.
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