María Dolores Martínez recuerda el mandato unánime de la Asamblea y alerta de “vacío legal” tras 25 años sin norma específica
El Grupo Parlamentario Socialista ha vuelto a poner en el centro del debate educativo regional la regulación del proyecto ABC para alumnado con discapacidad auditiva. La diputada regional María Dolores Martínez Pay ha interpelado al consejero de Educación en el Pleno de control para exigir explicaciones por el incumplimiento de la moción aprobada por unanimidad el 12 de noviembre de 2024, que pedía regular este proyecto mediante una ley. Según la socialista, aquella moción establecía que la regulación debía ponerse en marcha durante el curso 2025/2026, ya en marcha.
Martínez Pay ha defendido que no se trata de un trámite administrativo, sino de “responsabilidad institucional” y de “justicia educativa”. “La Asamblea ya habló con unanimidad. Ahora, desde el Grupo Parlamentario Socialista exigimos al Gobierno regional que cumpla por responsabilidad institucional y por justicia educativa”, ha afirmado.
La diputada ha insistido en que el proyecto ABC no es “un programa más” y ha recordado que la Región de Murcia “abanderó la implantación de un modelo singular por su enfoque bilingüe e inclusivo”. Precisamente por eso, ha reclamado que se le dé un trato equivalente al de otros programas educativos: “exigimos que se trate a este proyecto igual que al resto de programas bilingües”.
En su intervención, la parlamentaria socialista ha puesto el acento en una idea: después de 25 años desde el nacimiento del proyecto, la falta de una norma específica deja a alumnado, familias y profesorado en una situación de inseguridad y desigualdad. “Han pasado 25 años desde el nacimiento de este proyecto y seguimos sin una norma específica que lo ordene y garantice derechos. Cuando no hay norma, no hay certeza y cuando no hay certeza, aparece la desigualdad”, ha subrayado.
Un “vacío legal” que deriva en discrecionalidad y desigualdad
La crítica principal del PSOE se centra en que, sin un marco normativo, el proyecto acaba dependiendo de decisiones puntuales y variables. Martínez Pay ha descrito ese escenario como un sistema donde “depende del centro, del equipo directivo, de la interpretación, de la disponibilidad de recursos”. Y ha añadido que esa discrecionalidad tiene consecuencias directas para quienes más necesitan estabilidad: “Y esto lo padecen las familias; los centros, obligados a improvisar sin un marco homogéneo, y lo padece el profesorado del proyecto ABC, que repercute en el alumnado”.
La diputada ha ligado esa falta de homogeneidad a problemas de continuidad, especialmente sensibles en el caso del alumnado sordo o hipoacúsico. “Al final, esto se resume en rotación, incertidumbre, improvisación. Y para un alumno sordo o hipoacúsico la continuidad no es un plus, es condición de aprendizaje”, ha señalado.
En su argumentación, la falta de ley no solo genera diferencias entre centros, sino que, según el PSOE, debilita la coordinación interna que requiere un modelo de inclusión. Martínez Pay ha defendido que en inclusión “la coordinación no es un lujo”, porque es lo que marca la diferencia entre avanzar o quedarse atrás.
La socialista ha planteado la regulación como una forma de garantizar derechos y de evitar que la calidad del apoyo dependa de inercias o interpretaciones. Su advertencia es clara: sin una norma, no hay seguridad jurídica ni educativa, y eso se convierte en desigualdad real.
Profesores “en un limbo” y apoyos que se cortan en FP y FCT
Otro de los ejes del reproche socialista se dirige al profesorado vinculado al proyecto ABC. Martínez Pay ha afirmado que “el profesorado ABC trabaja en un limbo que genera injusticia profesional y, lo que es más grave, inestabilidad educativa para el alumnado”. En su intervención, ha enumerado varios problemas que, según su denuncia, se derivan de la ausencia de regulación: “Sus habilitaciones no están reconocidas ni son visibles con la claridad necesaria en los procedimientos y en el portal docente. Su experiencia especializada no se valora como debería y, además, se resiente la relación con los departamentos de orientación”.
En este punto, la diputada ha insistido en que la coordinación con orientación no puede tratarse como un aspecto secundario, y ha defendido que un marco estable también protege al equipo docente y su trabajo especializado. Su tesis es que reconocer al profesional forma parte de garantizar la calidad del proyecto y, por tanto, los resultados en el alumnado.
La intervención también ha puesto el foco en un tramo educativo concreto: la Formación Profesional. Martínez Pay ha denunciado un “corte” de apoyos cuando el alumnado llega a la FCT (Formación en Centros de Trabajo), las prácticas en empresa. En su relato, el problema aparece cuando el estudiante sale del aula: “Durante meses, el alumnado hipoacúsico tiene apoyos en su centro: progresa, se esfuerza y se prepara. Pero llegan la FCT, las prácticas educativas en empresa, y de pronto se le retira el apoyo, como si al salir del aula, dejara de ser estudiante, como si su derecho a la accesibilidad expirara al cambiar de escenario. Eso no es un trámite, es desprotección. Así no se construye inclusión. Así se construye abandono”.
Para el PSOE, esta situación refuerza la necesidad de una norma que garantice apoyos en todas las etapas, sin excepciones. La diputada lo ha sintetizado con una frase que busca fijar el marco del debate: “Regular es proteger”. Y ha desarrollado a quién se protege con esa regulación: “Proteger al alumnado para que tengas apoyos garantizados en todas las etapas, incluida FP y FCT. Proteger a las familias para que tengan información clara y derechos exigibles y proteger al profesorado, porque cuando se reconoce al profesional, se garantiza el proyecto. Y cuando se garantiza el proyecto, quien gana es el alumno”.
En el tramo final de su intervención, Martínez Pay ha pedido al Gobierno regional compromisos concretos y plazos verificables: “fecha para presentar la norma, fecha para crear el departamento del Proyecto ABC y un protocolo que garantice apoyos también en FP y en FCT”. Y ha rematado con una exigencia directa: “Menos excusas y más hechos. La Asamblea Regional habló; ahora le toca al Gobierno de López Miras obedecer y ejecutar”.
La posición del PSOE busca convertir el proyecto ABC en un termómetro de la política educativa regional: si la Región de Murcia presume de un modelo “emblemático” de inclusión, sostienen los socialistas, no puede mantenerlo sin ley y a merced de la improvisación. “Después de 25 años, la Región de Murcia no puede permitir que su proyecto más emblemático de inclusión dependa de inercias. Un proyecto referente como es el ABC no puede vivir sin ley”, ha concluido Martínez Pay.
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