Nines Mazuecos exige rehabilitación para uso público y acusa a PP y Vox de crear “solares vacíos” en un casco histórico que necesita servicios
El PSOE de Lorca ha rechazado “frontalmente” el anuncio de demolición del antiguo Centro Comarcal de Salud y del edificio de los antiguos Juzgados y ha exigido su rehabilitación para destinarlos a uso público. La concejala socialista Nines Mazuecos ha calificado la decisión de “falta de rumbo” por parte del alcalde, Fulgencio Gil, y ha advertido de que “es un contrasentido destruir patrimonio público donde se necesitan servicios y dinamización”, especialmente en un casco histórico que arrastra carencias de equipamientos y problemas de actividad económica.
La posición socialista parte de una idea central: ambos inmuebles son de titularidad pública y, por tanto, deberían funcionar como motores de revitalización, no convertirse en un hueco urbano más. Mazuecos sostiene que la demolición supondría “reducir a escombros” espacios que podrían reconvertirse en servicios educativos, sanitarios de proximidad u otros usos sociales, en una zona que, según el PSOE, no necesita más vacíos sino un plan serio para recuperar vida, actividad y presencia institucional.
El Grupo Municipal Socialista también ha trasladado su respaldo a asociaciones vecinales del casco antiguo y de los barrios de San Juan, Santa María y San Pedro, que temen que el derribo cierre definitivamente la puerta a recuperar servicios públicos en la zona. En ese marco, el PSOE asume como propia la preocupación vecinal por el vaciamiento progresivo del centro histórico y sitúa la demolición como un punto de no retorno: una vez derribados, la reconstrucción de equipamientos se vuelve más costosa y menos probable.
Alternativas “verdes” y un Cabezo de las Palas “cerrado a cal y canto”
Uno de los argumentos que el PSOE rebate es la idea de justificar el derribo como una oportunidad para generar espacios verdes o mejorar el entorno urbano. Los socialistas sugieren al equipo de gobierno de PP y Vox que, si el objetivo es ampliar zonas de disfrute ciudadano, se potencie el Cabezo de las Palas, que —según recuerdan— fue arreglado con financiación del Ministerio de la Agenda 2030 y, sin embargo, permanece “cerrado a cal y canto”.
Con esa comparación, Mazuecos intenta desmontar el relato de “derribo para mejorar” y colocar sobre la mesa una contradicción: existen espacios ya recuperados con fondos públicos que no están siendo utilizados por decisión municipal, mientras se plantea demoler edificios que podrían tener un uso inmediato si se rehabilitan. Para el PSOE, el problema no es la falta de suelo, sino la ausencia de una estrategia coherente para activar lo que ya existe.
El planteamiento socialista, en definitiva, es que las políticas urbanas no pueden limitarse a eliminar estructuras para dejar huecos, especialmente cuando se trata de patrimonio público en un entorno que necesita servicios para atraer población, comercio y actividad diaria. El casco histórico, sostienen, no se recupera con “solares”, sino con equipamientos que generen tránsito, vida y arraigo.
“Paradoja”: se obliga a construir en solares privados mientras se crean nuevos vacíos públicos
El PSOE también denuncia una “paradoja” urbanística y política: el equipo de gobierno —según su crítica— exige a particulares edificar en sus solares, mientras la propia administración plantea derribar edificios para crear nuevos espacios vacíos. En el enfoque socialista, esa lógica resulta difícil de sostener si el objetivo real es reactivar el casco histórico, porque lo coherente sería que las instituciones lideraran la ocupación y el uso del patrimonio público, en vez de impulsar su desaparición.
Mazuecos ha rechazado además el argumento de que el derribo mejore la visibilidad de la Colegiata. “Carece de justificación patrimonial”, sostiene el PSOE, que considera “llamativo” que quienes —según sus palabras— “mutilaron la Colegiata derribando sus escaleras” pretendan ahora “dar lecciones de aprecio monumental”. Con esa afirmación, el PSOE eleva el debate del plano funcional al patrimonial y sugiere que la decisión responde más a una operación urbanística sin contenido que a una verdadera protección del conjunto histórico.
La crítica apunta también a un problema de enfoque: si se pretende revalorizar un elemento monumental, hacerlo a costa de demoler edificios públicos que podrían tener uso social o educativo se convierte, para el PSOE, en una excusa que tapa una falta de proyecto.
Una “hoja de ruta” desde 2019 y el giro del PP entre Ayuntamiento y Comunidad Autónoma
El PSOE sostiene que su postura no es improvisada ni coyuntural, sino parte de una “hoja de ruta” defendida desde 2019 para convertir estos espacios en equipamientos sociales, culturales y educativos. Para respaldarlo, recuerda varios hitos: en 2020 se solicitó formalmente a la Comunidad Autónoma la cesión del edificio del antiguo hospital comarcal para dinamizar el centro; en 2021 y 2022 se propuso destinar el inmueble a sede de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI); y en marzo de 2023, bajo la alcaldía de Diego José Mateos, el Ayuntamiento concedió a la Comunidad Autónoma la licencia de obras para su rehabilitación, un paso que entonces se presentó como “necesario e importante”.
La denuncia socialista se centra en lo que describe como un cambio de criterio interesado. “Es inaceptable que el PP cambie de criterio según le convenga. Cuando gobiernan en la Comunidad retrasan las obras, y ahora que gobiernan en el Ayuntamiento proponen el derribo”, señalan desde el PSOE. La acusación es clara: falta de visión y una gestión que, a su juicio, perjudica el futuro del casco histórico y de la ciudad.
La pieza clave de esta parte del argumentario es la licencia concedida en 2023. El PSOE la utiliza para sostener que existía un camino administrativo abierto para la rehabilitación y que, si el proyecto no ha avanzado, no es por falta de herramientas, sino por decisiones políticas y por la inacción de la Comunidad Autónoma.
Exigencia a la CARM y advertencia sobre el “casco histórico vacío”
En el cierre de su posicionamiento, el PSOE dirige su presión a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), a la que acusa de mantener el proyecto paralizado pese a disponer de licencia municipal desde hace casi tres años. Los socialistas hablan de “continuas arbitrariedades” y exigen que se retome la rehabilitación como “única vía responsable” para garantizar un casco histórico con contenido, actividad y vida pública.
El mensaje final del PSOE es una advertencia sobre el modelo de ciudad que se está construyendo: un centro histórico con servicios o un centro histórico con vacíos. Para Mazuecos, demoler el antiguo ambulatorio y los juzgados no resolvería los problemas del casco antiguo, sino que los agravaría al eliminar oportunidades de recuperar equipamientos públicos y dinamización. Y por eso anuncian que seguirán defendiendo la puesta en valor de ambos edificios como la alternativa que, sostienen, mejor responde al interés general de Lorca.
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