Marisol Sánchez denuncia que no se difunden desde junio y anuncia una pregunta al consejero de Salud en la Asamblea
El PSOE de la Región de Murcia ha reclamado este lunes al Gobierno regional que preside Fernando López Miras que publique “de una vez por todas” los datos oficiales de las listas de espera sanitarias, al considerar que existe un incumplimiento de la obligación de información y una falta de transparencia que perjudica a pacientes y profesionales. La exigencia la ha formulado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sánchez, en una nota difundida por el partido, en la que sostiene que el Ejecutivo autonómico lleva sin hacer públicos esos datos desde junio del año pasado y que, por tanto, deberían haberse actualizado y publicado ya los correspondientes al cierre de 2025.
En su declaración, Sánchez vincula el retraso en la publicación con una gestión que califica de ineficaz. “No sabemos a qué esperan o a qué se están dedicando, porque a solucionar los problemas de la Región, a la vista está que no”, afirma la diputada, siempre según la nota remitida por el PSOE. La dirigente socialista subraya además que la sanidad es una competencia del Gobierno regional, por lo que atribuye al Ejecutivo la responsabilidad directa tanto de la falta de personal en centros sanitarios como de las condiciones laborales que describe como deficientes.
El PSOE no se limita a exigir datos: enmarca el asunto como un problema que trasciende lo estadístico y afecta al funcionamiento del sistema. La publicación periódica de listas de espera no es solo una obligación informativa; es también un instrumento para medir la capacidad asistencial, detectar cuellos de botella y rendir cuentas sobre decisiones de planificación, contratación y recursos. Cuando esa información no se difunde o se retrasa, la ciudadanía pierde una referencia clave para valorar el estado real del servicio público y las medidas que se adoptan para reducir demoras.
En esa misma línea, la nota socialista compara la situación de la Región de Murcia con otras comunidades autónomas que, según Sánchez, “han hecho sus deberes” y ya han publicado sus datos. Cita expresamente a Asturias, País Vasco, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Aragón, a modo de contraste con el Ejecutivo murciano, al que acusa de “arrastrar los pies”.
La acusación incluye un matiz político añadido: la diputada sostiene que el retraso regional estaría afectando también al conjunto, al provocar una demora “a nivel nacional” por la existencia de comunidades rezagadas. En esa frase, el PSOE busca situar el problema no como un episodio aislado, sino como un factor que, en su interpretación, rompe la normalidad de la rendición de cuentas en el sistema sanitario público.
Datos sin publicar desde junio y comparación con otras comunidades
El eje de la denuncia socialista gira alrededor de una idea concreta: la ausencia de datos oficiales desde junio del año pasado. En la nota, Marisol Sánchez afirma que el Gobierno regional del PP “lleva sin publicar estos datos desde junio del año pasado” y que ya deberían haberse hecho públicos los datos “actualizados a 31 de diciembre de 2025”.
Aunque el comunicado no detalla qué parte exacta de la estadística se habría dejado de difundir —si se trata de listas por especialidades, por pruebas diagnósticas, por intervenciones quirúrgicas o por tiempos medios—, el mensaje político es claro: el PSOE reclama información completa y actualizada y coloca el foco en la obligación de publicación como requisito mínimo de transparencia institucional.
La comparación con otras comunidades autónomas funciona en el texto como argumento de presión. Al enumerar territorios que, según la diputada, sí han publicado ya sus datos, el PSOE intenta desmontar la idea de que el retraso sea inevitable o atribuible a una dificultad técnica general del sistema. En su enfoque, si otros gobiernos autonómicos han cumplido, la explicación del retraso en la Región de Murcia sería política o de gestión, no estructural.
Ese planteamiento conecta con una preocupación habitual en la sanidad pública regional: cuando faltan profesionales, aumentan las demoras y se tensiona la atención primaria, la información sobre listas de espera adquiere un valor aún mayor, porque permite identificar si las medidas adoptadas son suficientes o si la brecha se agranda. En su comunicado, Sánchez une ambos planos —falta de datos y falta de personal— y concluye que el Ejecutivo autonómico es responsable de ambos por ser quien ostenta las competencias.
El texto del PSOE también introduce un elemento de confrontación directa con el presidente autonómico. Sánchez atribuye al “Gobierno regional de López Miras” la conducta de no publicar, y utiliza expresiones que buscan instalar la sospecha sobre el motivo del retraso. Esa línea se remata al final de la nota con una pregunta retórica: “¿Qué tienen que ocultar?”.
Mamografías pendientes y ofensiva parlamentaria en el pleno de control
Más allá de la publicación general de listas, el PSOE introduce en su nota un caso concreto: las citas de mamografía. Sánchez exige al presidente regional que cumpla una moción aprobada en la Asamblea para dar cita “a las más de 1.200 mujeres que están esperando”. En su declaración, añade que el PSOE no se ha olvidado de ese compromiso y que, según sostiene, “esas mujeres tampoco”.
Al incluir este dato, el PSOE desplaza el debate del terreno administrativo al impacto real en personas concretas, especialmente en un ámbito sensible como el acceso a pruebas de cribado o diagnóstico. La nota no especifica el origen exacto de esa cifra ni el periodo al que corresponde, pero la utiliza como ejemplo emblemático de la presión asistencial y de las consecuencias de la demora. En términos políticos, es un recurso claro: poner un rostro colectivo —más de 1.200 mujeres— a una discusión que podría parecer abstracta si se limitara a porcentajes y tiempos medios.
En cuanto a los próximos pasos, el comunicado anuncia una iniciativa parlamentaria inmediata. Sánchez señala que “el próximo jueves” el Grupo Parlamentario Socialista preguntará al consejero de Salud en el pleno de control por el incumplimiento de un decreto al que la nota se refiere como “decreto 25/2026 de 31 de marzo”, vinculado —siempre según ese texto— al desarrollo de la normativa básica estatal sobre información en materia de listas de espera.
En ese punto, el PSOE enmarca su denuncia en la obligación normativa y en el control parlamentario como vía para forzar explicaciones. La clave no es solo que los datos existan internamente —algo que el comunicado da por hecho— sino que se publiquen de forma regular, accesible y comparable. De ahí que el partido anuncie que llevará el asunto al pleno de la Asamblea Regional, elevando el conflicto al máximo escaparate político y exigiendo una respuesta formal del responsable de Salud.
La nota concluye reforzando el hilo argumental: competencias autonómicas, responsabilidad política y obligación de transparencia. Bajo ese esquema, el PSOE plantea que el Gobierno regional no solo estaría incumpliendo una exigencia de información, sino que lo haría en un contexto de falta de personal y de tensiones asistenciales que, según la diputada, empeoran las condiciones laborales y la atención a pacientes.
A la espera de que el Ejecutivo regional ofrezca su versión sobre la ausencia de publicación denunciada por el PSOE y sobre el contenido de la pregunta parlamentaria anunciada, el debate queda servido: transparencia en listas de espera, recursos humanos y cumplimiento de obligaciones informativas como termómetro de la gestión sanitaria en la Región de Murcia.
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