Movimiento Sumar Región de Murcia advierte contra “intereses financieros” y reclama certezas para la plantilla
El conflicto en torno al futuro de la planta de en sigue sumando apoyos políticos en Madrid. Movimiento y el han mantenido una reunión en el con el comité de empresa y representantes sindicales para conocer “de primera mano” la situación de la plantilla y trasladar un “compromiso firme” de acompañamiento institucional en un momento que califican de crítico.
La formación sostiene que mantendrá “abiertas todas las vías institucionales necesarias” para que las reivindicaciones de la plantilla sean escuchadas y atendidas, en un conflicto que, según subraya el comunicado, afecta a “miles de familias” tanto de Cartagena como del conjunto de la . En paralelo, la reunión se enmarca en un contexto de creciente inquietud social en el entorno industrial del Campo de Cartagena ante los anuncios de cierre y venta de la instalación y la falta de información concreta sobre plazos, garantías y escenarios laborales.
ha solicitado la versión de la dirección de la compañía y del sobre el contenido de la reunión y el estado actual del proceso de venta y cierre, sin respuesta al cierre de esta edición.
Reunión en el Congreso y “todas las vías institucionales”
Movimiento Sumar en la Región explica que el encuentro buscó trasladar respaldo político a la plantilla y abrir canales para dar seguimiento a sus demandas. En la nota, la organización insiste en la necesidad de tratar el conflicto “con la seriedad que merece”, subrayando la dimensión social del problema y el impacto que tendría un desenlace negativo sobre el tejido productivo de Cartagena y la Región.
El cocoordinador regional de Sumar, , sitúa el debate en términos de economía real: industria como empleo, estabilidad y “proyecto de vida”. En una de las frases más destacadas del comunicado, advierte de que “detrás de cada decisión empresarial hay personas, hogares y economía local”.
La formación presenta su papel como una combinación de interlocución política, presión institucional y acompañamiento a la representación de los trabajadores, en una etapa en la que el comité de empresa está intensificando contactos en Madrid para recabar apoyos y para exigir que cualquier solución se negocie con transparencia y participación.
El temor a una nueva desindustrialización y la “lección” de los 80 y 90
El comunicado de Movimiento Sumar RM introduce un elemento de memoria industrial que conecta con una de las heridas abiertas de Cartagena: el riesgo de que un cierre industrial se traduzca en un deterioro del empleo directo, del empleo auxiliar y del comercio local. En ese marco, Juan Carlos Pastor afirma que no se puede permitir “una nueva desindustrialización regional” y alude explícitamente a los efectos que, según su relato, se vivieron en las décadas de los ochenta y noventa, cuando la pérdida de industria dejó cicatrices sociales duraderas.
Sumar no plantea públicamente una cifra concreta de puestos en riesgo, pero sí eleva el conflicto a un plano estratégico: sostiene que la industria es un “sector clave” para la comarca y que su debilitamiento afectaría a la cohesión social. La nota también menciona el impacto sobre el empleo indirecto, un aspecto especialmente sensible en la zona, donde la actividad industrial arrastra a una red de contratas, subcontratas y servicios auxiliares.
Ese marco de alarma no es nuevo en el Campo de Cartagena, donde cada episodio de incertidumbre en grandes factorías dispara una preocupación que va más allá del perímetro de la planta y llega a barrios, comercios y familias que dependen del pulso industrial. Por eso, cuando un actor político apela a “no repetir” etapas de reconversión, no está solo buscando un titular: está invocando una memoria colectiva que en Cartagena sigue viva.
Críticas a los “intereses financieros” y exigencia de certezas
Uno de los ejes más contundentes del comunicado es la advertencia frente a decisiones guiadas por lógicas puramente financieras. Movimiento Sumar RM afirma que es necesario impedir que “intereses puramente financieros” condicionen el futuro industrial del territorio y califica de “inasumible” que “un fondo buitre” pueda “jugar” con la estabilidad de un sector que considera estratégico para la comarca.
En esa línea, Pastor insiste en que la discusión no debería quedarse en números: “No estamos hablando de cifras, sino de personas”, afirma, reclamando “certezas y un futuro” para las familias vinculadas a la planta. La organización se compromete, según la nota, a activar vías institucionales para que las reivindicaciones del comité “sean escuchadas y atendidas”.
Aunque el comunicado no detalla medidas concretas, el lenguaje apunta a dos ideas fuerza: que la plantilla debe estar presente en cualquier conversación relevante y que las administraciones no pueden limitarse a observar un proceso de cierre/venta desde la barrera. En ese sentido, el planteamiento coincide con una de las principales quejas expresadas por representantes sindicales en los últimos días: sentirse apartados de reuniones donde se habla de su futuro.
En un conflicto que ya ha entrado en fase de movilización laboral, la intervención de Sumar añade presión sobre el tablero político y alimenta la exigencia de un marco de negociación con transparencia, plazos y garantías. El comité de empresa busca precisamente eso: pasar de la incertidumbre a una mesa de trabajo donde las decisiones no se tomen “en paralelo” a quienes sostienen la producción.
La planta de SABIC en Cartagena, por volumen y simbolismo, no es una pieza menor en la economía industrial regional. Y cada movimiento institucional —sea del Gobierno, de los partidos o de los sindicatos— está siendo leído por la plantilla como una señal: de que hay margen de negociación real o de que la Región vuelve a asomarse al abismo de perder industria sin siquiera poder discutir las condiciones.
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