El acuerdo frena el lanzamiento y abre una negociación con el fondo propietario para un “contrato social”
El desahucio previsto para este jueves en Beniel de una familia en situación de alta vulnerabilidad ha quedado suspendido tras una intervención de última hora impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el acompañamiento social concentrado en torno al caso. La paralización del lanzamiento permite ganar tiempo para negociar una salida habitacional estable y evitar que la familia pierda su vivienda, ubicada en la calle Antonio Gómez Gómez, según la información difundida por los convocantes.
La nota detalla que la familia está compuesta por Pilar Marín Martínez (49 años), su marido Miguel Jiménez Celdrán (50 años) —con una discapacidad del 65% tras la amputación de una pierna— y su hija Ainhoa Jiménez Marín (20 años), diagnosticada con esclerosis tuberosa y con una discapacidad del 48% que requiere seguimiento médico continuado. El texto subraya que se trata de un hogar con ingresos mínimos y necesidades médicas y de cuidados que, según se explica, han agravado su situación económica en los últimos años.
El procedimiento de desahucio se enmarca, siempre según la nota de prensa, en una deuda acumulada desde 2022 de aproximadamente 7.000 euros por impagos del alquiler. El propietario sería el fondo Living Center, vinculado a CaixaBank, que habría iniciado el proceso de lanzamiento.
Una deuda desde 2022 y un acuerdo para ganar tiempo
La información difundida atribuye la suspensión del desahucio a un acuerdo alcanzado tras la mediación de la PAH. Según el comunicado, la familia se compromete a aportar parte de la deuda y, paralelamente, se estudiará la posibilidad de un nuevo contrato social, mientras se intenta mejorar la capacidad de pago mediante un aumento de ingresos familiares.
El mediador de la PAH citado en la nota, José Antonio Vives, sostiene que la intervención en las últimas horas permitió desbloquear la situación y establecer un marco de negociación que, al menos de manera inmediata, evita la ejecución del lanzamiento. El texto apunta a que el objetivo ahora es construir una salida viable con apoyo institucional y social para garantizar la permanencia o una alternativa habitacional.
En ese contexto, la nota explica que se trabaja en la posibilidad de incrementar los ingresos mediante empleo tanto de la hija como de la madre para poder afrontar el alquiler y reducir la deuda acumulada. La suspensión, por tanto, no se presenta como una solución definitiva, sino como un margen de tiempo para ordenar la negociación y evitar un desalojo inmediato.
La familia habla de “un respiro” tras años de problemas de salud y cuidados
El comunicado recoge declaraciones de Miguel Jiménez Celdrán, quien describe la paralización del desahucio como un “respiro vital” tras años de dificultades. Según su testimonio, tanto él como su hija han atravesado problemas de salud graves y, además, la familia tuvo que asumir hasta mayo de 2025 los cuidados de la madre incapacitada, una carga que, según se expone, limitó su capacidad para generar ingresos regulares.
En esas declaraciones, Jiménez Celdrán expresa el deseo de poder “tirar hacia adelante” y empezar “una nueva vida”, vinculando la posibilidad de estabilización económica al esfuerzo y a la necesidad de cuidar la salud. El comunicado sitúa así el caso en un contexto de vulnerabilidad sostenida, donde la precariedad se entrelaza con condiciones médicas y de dependencia.
El texto pone el foco en que la suspensión del lanzamiento no borra el conflicto habitacional, pero sí evita que la familia quede de manera inmediata en una situación de calle, un desenlace especialmente delicado dadas las condiciones de discapacidad y seguimiento médico que se describen.
Críticas a la falta de vivienda social y a la respuesta municipal, según IU-Verdes
La nota incorpora también la valoración del concejal no adscrito del Ayuntamiento de Beniel Francisco Orenes, que interviene en representación de IU-Verdes. Orenes afirma que la vivienda debe considerarse un derecho y critica, según el comunicado, la falta de recursos municipales para afrontar emergencias habitacionales. En concreto, sostiene que actualmente “no existe ningún fondo de vivienda social”, que “la alternativa habitacional no se cumple” y que los servicios sociales han sido “muy deficientes”.
En su intervención, el edil espera que los poderes públicos se impliquen “de verdad” con las familias más vulnerables, como la afectada por este procedimiento. La nota enmarca su posición dentro de un debate más amplio sobre la capacidad municipal para dar respuesta a casos de exclusión residencial y sobre la necesidad de políticas públicas que no dependan únicamente de acuerdos de última hora.
El comunicado cierra subrayando que la mediación de la PAH y la presión social han sido determinantes para frenar el desahucio y abrir una negociación, y defiende que el acompañamiento organizado puede resultar clave para proteger a personas en situaciones de extrema vulnerabilidad mientras se buscan soluciones habitacionales estables.
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