«Cuando la administración esconde datos, el periodismo se ve obligado a construir las llaves«
Hay palabras que los gobiernos repiten tanto que acaban perdiendo el significado. Transparencia es una de ellas. Se pronuncia en ruedas de prensa, se imprime en planes estratégicos y se declama en discursos solemnes, pero luego se guarda en un cajón con llave cuando alguien pregunta por el dinero. Especialmente si ese dinero es público. Especialmente si ese dinero sirve para pagar silencios, afinidades o titulares amables.
La Región de Murcia no es una excepción. Más bien es un ejemplo de manual de cómo convertir la opacidad en sistema y la desinformación en política pública. Durante años, el Gobierno regional ha repartido millones de euros en publicidad institucional y planes de medios sin que la ciudadanía pudiera saber, de forma sencilla y comprensible, quién recibe ese dinero, cuánto recibe y por qué. No porque no exista la información. Sino porque se esconde, se fragmenta, se entierra en PDFs ilegibles o se ofrece solo cuando alguien insiste demasiado.
Y cuando un gobierno obliga a insistir demasiado, algo va mal.
La transparencia real no debería depender de la buena voluntad del poder ni de la tenacidad del periodista. Debería ser un principio básico de cualquier democracia mínimamente sana. Saber a qué medios se paga con dinero público no es un capricho, ni una obsesión, ni una cruzada ideológica. Es un derecho ciudadano. Porque ese dinero no es del Gobierno regional. No es del presidente. No es de los consejeros. Es de todos.
Sin embargo, en la práctica, acceder a esa información en la Región de Murcia ha sido, hasta ahora, una carrera de obstáculos. Solicitudes que no se responden, respuestas parciales, datos desordenados, contratos sin contexto, cifras sin explicación. Todo muy legal, todo muy formal, todo muy poco transparente. Como si la información se ofreciera con la esperanza secreta de que nadie la entienda.
En ese contexto nace una anomalía democrática: un medio de comunicación que tiene que crear una herramienta tecnológica para hacer el trabajo que debería hacer la administración. No para vender nada. No para sacar ventaja. No para competir en desigualdad. Simplemente para que cualquier ciudadano pueda saber, en segundos, lo que el Gobierno regional no ha querido explicar en años.
Que un medio tenga que desarrollar una aplicación para acceder de forma clara a los contratos de publicidad institucional dice más del Gobierno regional que del propio medio. Dice que la transparencia no es una prioridad. Dice que el control del relato importa más que el control democrático. Dice que se prefiere la penumbra a la luz, porque en la penumbra se reparten mejor los favores.
La ironía es evidente: mientras el Ejecutivo regional presume de modernización, digitalización y gobierno abierto, es el periodismo quien tiene que hacer de intermediario técnico para que la ciudadanía entienda en qué se gasta su dinero. No porque el Gobierno no pueda hacerlo. Sino porque no quiere hacerlo así.
La publicidad institucional no es un asunto menor. No es un detalle administrativo. Es una herramienta de poder. Decide qué medios sobreviven, cuáles crecen, cuáles se asfixian y cuáles desaparecen. Decide quién tiene recursos para informar y quién tiene que callar. Decide, en última instancia, qué voces llegan a la ciudadanía y cuáles quedan relegadas al margen.
Por eso la opacidad en los planes de medios no es neutral. Nunca lo es. Beneficia a unos y perjudica a otros. Consolida un ecosistema mediático dócil, dependiente y, en demasiados casos, agradecido. Y penaliza a quienes se atreven a incomodar, a preguntar demasiado o a no alinearse con el discurso oficial.
La transparencia, cuando existe, es incómoda. Obliga a justificar decisiones. Obliga a explicar por qué un medio recibe cientos de miles de euros y otro no recibe nada. Obliga a reconocer criterios, prioridades y, a veces, afinidades políticas. Quizá por eso cuesta tanto practicarla. Porque cuando se enciende la luz, se ven las manchas.
Resulta revelador que la información sobre contratos públicos, planes de medios y reparto de publicidad institucional siga siendo, para muchos gobiernos, un secreto a proteger y no un dato a difundir. Como si el dinero público fuera patrimonio privado. Como si preguntar fuera una falta de respeto. Como si fiscalizar fuera un ataque.
No lo es. Es democracia.
Que LasNoticiasRM haya tenido que crear una herramienta específica para facilitar el acceso a estos datos no es un gesto heroico ni una excentricidad tecnológica. Es una respuesta lógica a una carencia institucional. Es periodismo haciendo de contrapoder cuando el poder decide no rendir cuentas. Es una forma de decir: si ustedes no quieren explicar cómo gastan el dinero, alguien tendrá que hacerlo.
Y hacerlo, además, sin coste para el ciudadano. Sin registros opacos. Sin muros de pago. Sin letra pequeña. Con datos claros, ordenados y comprensibles. Justo lo contrario de lo que suele ofrecer la administración cuando se siente incómoda.
La paradoja es amarga: el Gobierno regional habla de transparencia mientras la ejerce un medio de comunicación. Habla de acceso a la información mientras es otro quien lo garantiza. Habla de gobierno abierto mientras mantiene cerradas las puertas de los datos incómodos.
Un Ejecutivo que presume de buena gestión, pero al que hay que traducirle sus propios contratos. Una administración que gestiona millones, pero necesita que alguien le haga el Excel comprensible. Una región donde el periodismo no solo informa, sino que además alfabetiza en datos públicos.
Quizá algún día no haga falta. Quizá algún día el Gobierno regional publique de forma proactiva, clara y accesible todos los contratos de publicidad institucional. Quizá algún día la transparencia deje de ser una palabra hueca y se convierta en una práctica cotidiana. Quizá.
Hasta entonces, seguiremos en esta situación absurda en la que el poder se esconde y el periodismo ilumina. En la que la opacidad es la norma y la claridad, una excepción. En la que hay que construir herramientas para acceder a lo que debería estar a simple vista.
Porque cuando un gobierno no es transparente por voluntad propia, la transparencia acaba llegando por necesidad. Y casi siempre, por incomodidad.
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