La Asamblea insta a reforzar el Punto de Atención Continuada y retoma la petición de un SUAP en el Noroeste
La falta de personal en el único servicio de urgencias de Calasparra ha vuelto al foco parlamentario tras la aprobación de una iniciativa del PSOE en la Comisión de Sanidad y Política Social de la Asamblea Regional. La viceportavoz socialista, Marisol Sánchez, defendió la propuesta para exigir al Gobierno regional que dote de efectivos suficientes al Punto de Atención Continuada (PAC) del municipio y, en sus palabras, “no se siga poniendo en peligro la salud” de la población calasparreña.
Según lo expuesto por Sánchez, el PAC es el único recurso de urgencias en la localidad y arrastra desde hace años una reivindicación repetida por el Ayuntamiento de Calasparra y por el PSRM: refuerzo de personal y recursos, además de la implantación de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). La dirigente socialista sostuvo que existe “amplia hemeroteca” sobre el asunto y citó reclamaciones en distintos momentos desde 2018, 2019, 2022 y 2023.
El debate llega, además, con una denuncia concreta sobre el estado actual del servicio: la viceportavoz afirmó que hay dos vacantes sanitarias sin cubrir en el PAC pese a atender a una población de 10.400 habitantes. Para el PSOE, esa situación compromete la asistencia “en tiempo y forma” ante una urgencia y supone un riesgo añadido para colectivos especialmente vulnerables, como personas mayores o pacientes con patologías graves.
Dos vacantes en el único PAC y una reclamación que se repite desde 2018
La iniciativa aprobada en comisión pone negro sobre blanco una demanda que el PSOE presenta como estructural: que el PAC de Calasparra tenga la dotación necesaria para funcionar con garantías. Marisol Sánchez sostuvo que la situación no es nueva y que, precisamente por esa persistencia, es difícil justificar que se mantengan vacantes sin cubrir en un servicio que actúa como puerta de entrada a la atención urgente en el municipio.
En su intervención, Sánchez insistió en el impacto directo de la falta de recursos humanos: si el servicio opera por debajo de su dotación, se incrementa la presión sobre el personal que permanece, se complican los turnos y se reduce la capacidad de respuesta en momentos críticos. Su mensaje se enmarcó en una idea de igualdad territorial: 10.400 vecinos y vecinas —“hombres y mujeres, niños y ancianos”, en la formulación recogida en la nota— no deberían ver condicionada su atención urgente por decisiones de planificación o por retrasos en la cobertura de plazas.
El PSOE también volvió a incorporar una petición de mayor calado: la implantación de un SUAP en Calasparra, un recurso de urgencias de Atención Primaria que, según sus planteamientos, permitiría reforzar el dispositivo y adecuarlo a las necesidades reales del municipio y su entorno. En la nota, la reclamación aparece como parte del paquete histórico de exigencias formuladas por el consistorio y por los socialistas regionales a lo largo de los últimos años.
La aprobación parlamentaria supone, en términos políticos, un mandato de la Asamblea al Ejecutivo regional para que actúe. La eficacia práctica de ese mandato dependerá ahora de la respuesta de la Consejería de Salud: si cubre las vacantes y si aborda —o descarta— el diseño de un SUAP para esta zona. En todo caso, la iniciativa deja fijado un diagnóstico: el PSOE considera que el servicio está tensionado y que el problema no puede seguir gestionándose como una incidencia puntual, sino como una necesidad de plantilla y recursos.
El 061 alerta de demoras y el PSOE habla de “deterioro” de la sanidad pública
El debate sobre Calasparra se amplió, según la nota socialista, con una referencia que apunta a la atención urgente más allá del municipio: Sánchez desveló el contenido de una carta remitida por el servicio del 061 de la comarca del Noroeste al consejero de Salud, Juan José Pedreño. En esa comunicación —siempre según lo trasladado por el PSOE— se advertiría del “serio riesgo de secuelas” en pacientes con ictus e infartos por el “excesivo tiempo de demora” entre la llegada de la única UME existente en la zona y su traslado al hospital Virgen de la Arrixaca, en la ciudad de Murcia.
Ese elemento introduce un plano especialmente sensible: el tiempo en emergencias. En patologías tiempo-dependientes, como el ictus o el infarto, cada minuto cuenta en términos de pronóstico, secuelas y supervivencia. La nota no detalla cifras de minutos ni tiempos medios, pero sí coloca el foco en una advertencia formal del propio servicio de emergencias al responsable político de la sanidad regional. El PSOE utiliza ese argumento para reforzar su tesis de que el problema no se limita a una localidad ni a un turno concreto, sino que afecta a la estructura de urgencias en el Noroeste.
En su valoración política, Marisol Sánchez encuadró el caso como “otro ejemplo más del abandono y el deterioro” de la sanidad pública en la Región de Murcia, atribuyéndolo a la gestión del Gobierno regional del Partido Popular y criticando que, a su juicio, esté “más preocupado en derivar fondos públicos a la privada” que en “solucionar los problemas de la ciudadanía”. Se trata de una acusación de carácter general que el PSOE acompasa con un ejemplo local concreto: vacantes sin cubrir y un único punto de urgencias para 10.400 habitantes.
La nota también proyecta una lectura de cumplimiento institucional: Sánchez expresó la expectativa de que el Ejecutivo no ignore el mandato parlamentario y atienda la dotación de médicos y enfermeros necesarios. El PSOE vincula esa exigencia a una reivindicación de servicios públicos “de calidad” y cierra su argumentario con una frase que resume su enfoque: “la salud es un derecho, no un privilegio”.
Lo aprobado en la Comisión de Sanidad y Política Social coloca ahora el asunto en el terreno de las decisiones administrativas: cubrir vacantes, revisar la dotación del PAC y responder a la advertencia del 061, al menos en el plano de la planificación. Mientras tanto, el PSOE insiste en que Calasparra y el Noroeste no pueden seguir funcionando con recursos que, según su denuncia, no garantizan una atención urgente adecuada, y convierte esa reclamación en un pulso político directo al Gobierno de López Miras.
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