El sindicato exige renegociar unas ratios “de hace más de 20 años” y advierte de centros sin administrativos propios ante la llegada de 1º y 2º de ESO
La Federación de Enseñanza de CCOO en la Región de Murcia ha puesto el foco en una pieza del sistema educativo que rara vez protagoniza titulares, pero que sostiene el funcionamiento diario de los centros: el personal de administración y servicios. El sindicato denuncia que la Consejería de Educación no contempla aumentar la plantilla de personal administrativo pese a la ampliación de alumnado y a la implantación de nuevos cursos en los Centros Públicos de Educación Infantil y Básica (CPEIB) a partir del próximo curso 2026/27.
Según la organización, la creación y extensión de estos centros —que integran etapas de infantil, primaria y ahora también 1º y 2º de ESO en parte de ellos— implica una reorganización que no puede limitarse al ámbito docente. CCOO sostiene que el cambio “conlleva una reorganización administrativa y no sólo del personal docente”, y critica que el diseño actual no vaya acompañado de un refuerzo equivalente en las tareas de gestión, atención al público, tramitación y coordinación interna que recaen sobre el personal no docente.
El sindicato alerta además de que “muchos de estos centros no tienen personal administrativo propio”, una situación que, a su juicio, se volverá más problemática si aumenta la complejidad organizativa al incorporar alumnado de secundaria, mantener servicios como comedor o transporte escolar y gestionar dinámicas escolares propias de edades distintas bajo un mismo techo.
Ratios “obsoletas” y un acuerdo que no contempla los nuevos centros
Uno de los ejes de la denuncia es el marco que regula las ratios mínimas del personal no docente. CCOO afirma que el acuerdo vigente tiene más de dos décadas, no se negoció con Función Pública y, por tanto, no contempla la realidad actual de la red de centros, incluyendo precisamente la figura de los CPEIB. En esa crítica, el sindicato no discute solo el número de trabajadores, sino el criterio con el que se calcula qué personal corresponde a cada colegio o instituto.
La organización ejemplifica el problema con una situación concreta: el acuerdo “sólo contempla una administrativa para los CEIP, sin importar el número de alumnado que tenga una vez superadas las 22 aulas”. Para CCOO, ese enfoque resulta insuficiente porque trata como equivalentes centros que, en la práctica, pueden tener cargas de trabajo muy diferentes según su tamaño, los servicios complementarios y la amplitud horaria del propio edificio.
A partir de esa base, el sindicato reclama abrir una nueva negociación para actualizar los criterios y adaptarlos a “la realidad actual de los centros educativos”. Entre los factores que propone valorar, enumera cuestiones como el número de alumnado —con una lógica similar a la que se aplica en los IES—, la existencia de comedor y autobús, la apertura del centro en horario de mañana y tarde y la presencia de una alta población migrante con distinto idioma natal, que puede aumentar la carga administrativa y de atención a familias.
En su planteamiento, estas variables no son detalles: determinan el volumen de trámites, la atención diaria a familias y alumnado, la coordinación con servicios externos y la gestión de incidencias. CCOO sostiene que, si el sistema no recoge esas diferencias, la consecuencia es una desigualdad interna entre centros y una presión laboral que acaba repercutiendo en la calidad del servicio que reciben las comunidades educativas.
CPEIB 2026/27: más etapas, más gestión y centros “sin administrativos propios”
La nota sindical recuerda que los CPEIB son espacios que agrupan infantil, primaria y secundaria, y que 1º y 2º de ESO se incorporarán por primera vez en once de los dieciocho centros que la Región de Murcia ofrecerá para el próximo curso. La propia Consejería, según recoge CCOO, presenta la estrategia como una vía para favorecer el éxito escolar, mantener al alumnado en su entorno hasta los 14 años y facilitar la transición entre primaria y secundaria, además de aliviar presión en institutos y corregir desajustes de matriculación.
CCOO no cuestiona en su comunicado esos objetivos, pero sí advierte de una contradicción práctica: si la administración educativa reorganiza etapas y circuitos, necesita sostener esa reorganización con recursos en todos los niveles, también en el administrativo. Para el sindicato, mantener a alumnado más tiempo en el mismo centro y ofrecer servicios como comedor también en secundaria aumenta las tareas de organización, comunicación y gestión. Y si, además, existen CPEIB sin personal administrativo propio, la carga recae en equipos directivos o en personal de apoyo ya tensionado, lo que podría generar cuellos de botella en trámites y atención.
En ese contexto, CCOO incluye una reivindicación específica: “remunerar el trabajo desarrollado de atención al público con el alumnado y sus familias”, subrayando que una parte esencial del trabajo administrativo no es solo documental, sino de interacción constante con la comunidad educativa.
El sindicato plantea que la actualización de ratios debe garantizar condiciones “justas y equitativas” con independencia del tipo de centro —CEIP, IES o CPEIB— y también del lugar donde esté ubicado: ciudad, zona rural o costa. En palabras de Elena Fernández González, responsable del Personal de Apoyo Educativo de la Federación de Enseñanza de CCOO en la Región de Murcia, “El personal de administración no quiere trabajar menos, quiere trabajar en condiciones justas y equitativas en todos los centros públicos de la Región de Murcia”.
Fernández añade además un elemento de presión sindical: asegura que siguen “a la espera de reunirnos con el Consejero de Educación, Víctor Javier Marín Navarro” desde noviembre de 2025 para abordar este y otros asuntos del personal no docente, al que define como “el gran olvidado de la Consejería”.
Con la implantación de nuevos cursos en parte de los CPEIB a la vuelta de la esquina, la reivindicación de CCOO coloca un debate de fondo sobre la mesa: la modernización del sistema educativo no se sostiene únicamente con cambios pedagógicos o reorganización de etapas, sino también con una infraestructura administrativa dimensionada, con criterios actualizados y con condiciones laborales que permitan atender a alumnado y familias sin que la burocracia se convierta en un obstáculo más.
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