Los sindicatos denuncian que vinculó inmigración con inseguridad en un acto del Consejo Económico y Social
Los sindicatos CCOO y UGT de la Región de Murcia han exigido la dimisión inmediata del secretario general de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad tras una intervención realizada durante la presentación de un informe del Consejo Económico y Social (CES) de España sobre la realidad migratoria.
Según han denunciado ambas organizaciones sindicales, el responsable administrativo de la consejería utilizó su intervención en un acto institucional para difundir un discurso que vinculaba la inmigración con problemas de inseguridad, presión sobre los servicios públicos y supuestos efectos negativos de los procesos de regularización de personas migrantes.
La intervención se produjo durante la jornada de presentación del informe del CES titulado “La realidad migratoria en España. Prioridades para las políticas públicas”, celebrada en la sede del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.
Protestas durante la intervención
Según explican los sindicatos en su comunicado, las palabras del secretario general provocaron el abandono temporal de la sala por parte de varios asistentes como muestra de protesta.
Para CCOO y UGT resulta especialmente grave que estas afirmaciones se produjeran en un acto institucional y que procedieran del máximo responsable administrativo de la Consejería de Política Social, departamento que tiene entre sus competencias la atención a las personas migrantes y la promoción de la integración social.
Las organizaciones sindicales consideran que el contenido de la intervención es incompatible con las responsabilidades del cargo.
“Quien tiene la responsabilidad de promover la inclusión y la convivencia no puede contribuir a deteriorarla con discursos que alimentan el miedo y la estigmatización”, señalan en su comunicado.
La aportación de los trabajadores migrantes
CCOO y UGT han recordado también el papel que desempeñan miles de trabajadores de origen migrante en sectores fundamentales de la economía regional.
Entre ellos mencionan ámbitos como la agricultura, la hostelería, la construcción o el sector de los cuidados, donde la presencia de trabajadores migrantes resulta clave para el funcionamiento de muchas actividades económicas.
Según los sindicatos, esta realidad demuestra la importancia de abordar la cuestión migratoria desde una perspectiva basada en datos y en el reconocimiento de su contribución al desarrollo social y económico.
Contraste con el contenido del informe del CES
Las organizaciones sindicales han destacado que el contenido del informe presentado durante la jornada contrasta con las afirmaciones realizadas por el secretario general.
Según recuerdan, durante el acto el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas, defendió que la inmigración, bien gestionada, constituye un factor positivo para la economía y la demografía del país.
El informe del CES también señala que España ha llevado a cabo al menos seis procesos de regularización extraordinaria de personas migrantes bajo gobiernos de diferentes signos políticos, incluidos ejecutivos del Partido Popular.
De acuerdo con el documento, estas regularizaciones han contribuido históricamente a incrementar la afiliación a la Seguridad Social, reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación fiscal y fortalecer la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
El informe también señala que no existe evidencia de que estos procesos de regularización hayan generado por sí mismos un efecto llamada.
Petición de responsabilidades políticas
Ante esta situación, CCOO y UGT consideran que la intervención del secretario general fue impropia de un acto institucional y reclaman su dimisión inmediata.
Además, los sindicatos advierten de que si las declaraciones realizadas reflejaran una posición conocida o respaldada por la titular de la Consejería de Política Social, esta debería asumir también responsabilidades políticas.
Las organizaciones sindicales han reiterado su compromiso con una política migratoria basada en datos, derechos y convivencia social, y han rechazado cualquier intento de convertir la inmigración en un instrumento de confrontación política.
Finalmente, CCOO y UGT han defendido la necesidad de abordar el fenómeno migratorio como una realidad estructural de la sociedad española que requiere políticas públicas rigurosas y orientadas a la integración.
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