El CES sitúa a Murcia entre las regiones más dependientes del empleo migrante

El CES sitúa a Murcia entre las regiones más dependientes del empleo migrante

Un informe estatal advierte de que el mercado laboral murciano y parte de su protección social se sostienen, en mayor medida que la media, sobre población de origen extranjero

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La Región de Murcia aparece señalada en un diagnóstico de alcance estatal que pone cifras —y contexto— a una realidad que en la comunidad se percibe a diario en el campo, la logística y los servicios: el peso de la población trabajadora de origen extranjero es especialmente alto y, además, la presencia de personas extranjeras entre los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) supera con claridad la media del país.

Las conclusiones se recogen en La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas, informe del Consejo Económico y Social de España (CES) (Informe 01/2025), aprobado por el Pleno del organismo en octubre de 2025 y publicado en primera edición en diciembre del mismo año. El documento repasa tendencias, normativa, empleo, educación y políticas sociales, y coloca a Murcia en varios indicadores donde la inmigración no es un fenómeno periférico, sino un pilar estructural.

Murcia, entre las regiones con mayor peso de población activa extranjera

El informe identifica no solo dónde se concentra la población activa de origen extranjero en términos absolutos, sino también dónde su peso sobre el total es mayor, una clave que revela hasta qué punto determinados territorios dependen del trabajo migrante para mantener su tejido productivo. En ese mapa, el CES sitúa a la Región de Murcia —junto con La Rioja— en el entorno del 18% de población activa de origen extranjero sobre el total, por detrás de Baleares y de comunidades con grandes concentraciones en números absolutos como Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid.

El matiz es importante: no se trata únicamente de “cuántas” personas migrantes trabajan, sino de “cuánto” representa ese empleo en la economía regional. En el caso murciano, el propio informe vincula ese mayor peso con la relevancia del sector primario y las actividades asociadas. Dicho de otro modo: en una comunidad donde la agricultura intensiva y la cadena agroalimentaria siguen siendo motores, la aportación de mano de obra de origen extranjero es decisiva para sostener campañas, picos estacionales y parte del empleo menos cubierto por la población autóctona.

El CES añade un elemento que en Murcia se observa desde hace años: la concentración territorial genera dinámicas de atracción, porque las redes de personas ya asentadas facilitan nuevas llegadas y encaje en sectores concretos. Esa “inercia” puede tener efectos positivos —estabilidad en el empleo, arraigo, continuidad productiva—, pero también riesgos si no va acompañada de políticas públicas suficientes de vivienda, inspección laboral, intermediación, formación y acceso real a derechos, especialmente en empleos precarios o de alta temporalidad.

En este punto, la lectura murciana del informe abre una pregunta incómoda: si una parte del modelo económico regional descansa en trabajo migrante, ¿están dimensionados los servicios públicos y los mecanismos de control para evitar abusos, combatir la economía sumergida y garantizar integración efectiva? El documento no “señala” a Murcia por una mala práctica concreta, pero sí sitúa a la comunidad en una zona del mapa donde la migración es un componente central del mercado de trabajo.

El IMV en Murcia: más beneficiarios extranjeros que la media nacional

El informe también aporta un dato especialmente sensible en términos de debate público: la proporción de personas beneficiarias del IMV que son extranjeras. A escala estatal, con datos de diciembre de 2024, el 17,6% de las personas beneficiarias del IMV son extranjeras. Sin embargo, la distribución territorial es “marcadamente heterogénea”, y ahí Murcia vuelve a aparecer por encima de la media: el CES sitúa a la Región con un 25,3% de beneficiarios/as extranjeros/as del IMV, un nivel que supera al conjunto estatal y queda cerca de comunidades con porcentajes aún más altos.

El propio informe subraya una limitación relevante: la información pública disponible no permite profundizar en características básicas de esos hogares (sexo, edad, tamaño, cuantías, modalidad de prestación o composición), porque la desagregación que se publica se concentra en el reparto territorial. Esa carencia no es menor: sin más detalle, el debate se vuelve terreno abonado para prejuicios y simplificaciones.

Lo que sí permite afirmar el documento es que Murcia se sitúa en el grupo de territorios donde la presencia de población extranjera entre los perceptores del IMV tiene un peso elevado. Y eso, lejos de ser una “anomalía”, puede conectarse con dos realidades que conviven en la Región: un mercado laboral con segmentos de bajos salarios y alta temporalidad —donde la población migrante se concentra con frecuencia— y un riesgo de pobreza y exclusión social que golpea con más fuerza a hogares vulnerables, con independencia del pasaporte.

Para evitar lecturas interesadas, conviene recordar el marco: el IMV es una prestación estatal de último recurso, ligada a umbrales de renta y patrimonio y sometida a requisitos administrativos. El dato de Murcia no “demuestra” un uso irregular, sino una composición territorial distinta de la población vulnerable que logra acceder al sistema. El propio CES, de hecho, apunta a la necesidad de mejorar la información disponible para analizar con precisión el fenómeno y orientar políticas públicas más eficaces.

LasNoticiasRM.es ha solicitado valoración sobre estos datos a la Consejería de Política Social de la Comunidad Autónoma y a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia por correo electrónico. Al cierre de esta publicación, no consta respuesta.

Educación: Murcia, en la parte baja del ranking PISA 2022

El informe incorpora, en el ámbito educativo, un cuadro comparativo de resultados en competencias básicas (PISA 2022) por comunidades. En esa relación, Murcia aparece en posiciones rezagadas: 17 en matemáticas, 18 en lectura y 15 en ciencias, dentro del listado de comunidades y ciudades autónomas recogidas.

Aunque el cuadro se presenta en forma de posiciones (no como puntuaciones), el mensaje es claro: la Región no se encuentra entre los territorios líderes. Y el CES lo inserta en un análisis más amplio que vincula educación, desigualdad y migración, poniendo el foco en brechas y en cómo los entornos socioeconómicos condicionan la trayectoria educativa.

Para Murcia, donde la inmigración tiene un peso notable en el empleo y donde la composición social de determinados barrios y municipios refleja desigualdades persistentes, el cruce de datos es especialmente relevante: si el sistema educativo arrastra resultados bajos, cualquier política de integración y cohesión social pasa necesariamente por refuerzos en apoyo lingüístico, prevención del abandono, orientación y recursos en centros con mayor complejidad.

El riesgo, si no se actúa, es doble: por un lado, perpetuar una segmentación laboral donde parte de la población migrante queda atrapada en empleos precarios; por otro, alimentar tensiones sociales al convertir problemas estructurales (pobreza, vivienda, precariedad) en un conflicto identitario. El informe, en este sentido, no propone “recetas mágicas”, pero sí marca una dirección inequívoca: la migración no puede abordarse solo como un debate de fronteras o papeles, sino como una cuestión transversal de empleo digno, derechos y servicios públicos.

La fotografía que deja el CES es, en definitiva, incómoda pero útil para la Región: Murcia no solo recibe migración, sino que depende de ella en el trabajo y convive con sus efectos en la protección social y la escuela. La pregunta ya no es si la inmigración “está” en la Región, sino si las políticas públicas están a la altura de un hecho estructural que, según el propio informe, seguirá siendo clave para el presente y el futuro del país.

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