Colectivos sociales reclaman transparencia y medidas urgentes tras conocerse un informe de la UPCT sobre contaminación en el entorno del Mar Menor
La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y la Plataforma SOS Mar Menor han solicitado formalmente a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia información pública urgente y la adopción de medidas inmediatas ante la alarma generada por un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que analiza la posible presencia de metales pesados y metaloides en suelos agrícolas del Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor.
Según han explicado ambas organizaciones en un escrito dirigido a la administración autonómica, la preocupación surge tras conocerse a través de informaciones publicadas en prensa el pasado 15 de febrero la existencia de este estudio científico, que analizaría la contaminación de terrenos agrícolas en una de las zonas más sensibles desde el punto de vista ambiental de la Región de Murcia.
Los colectivos señalan que la información conocida hasta ahora ha generado inquietud entre los vecinos del Campo de Cartagena, de la Sierra Minera y de las poblaciones situadas en el entorno del Mar Menor, debido a las posibles implicaciones ambientales, sanitarias y económicas que podría tener la presencia de estos contaminantes en el suelo agrícola.
Petición de transparencia y publicación de los datos disponibles
En el escrito remitido a la Consejería, las organizaciones ecociudadanas solicitan la confirmación oficial inmediata de la existencia y el contenido del informe elaborado por la UPCT. Asimismo, reclaman que los datos ya obtenidos durante el desarrollo del estudio se hagan públicos sin esperar a la finalización completa de la investigación.
Según explican, el acceso a esta información es fundamental para garantizar el derecho a la información ambiental y permitir que la ciudadanía conozca la situación real de los suelos agrícolas de la zona.
Los colectivos también han mostrado su desacuerdo con la posibilidad de que el estudio se paralice o quede inconcluso. En este sentido, defienden que la Universidad Politécnica de Cartagena pueda finalizar el trabajo en un plazo breve para determinar con precisión la magnitud del problema.
En su comunicado, advierten de que interrumpir la investigación o devolver la financiación destinada al proyecto supondría retrasar durante años el conocimiento de la situación real de los suelos agrícolas, lo que dificultaría la adopción de medidas adecuadas.
Preocupación por los posibles riesgos sanitarios y ambientales
Las asociaciones también han solicitado a la Consejería que informe públicamente sobre las medidas de seguridad sanitaria previstas en caso de confirmarse la presencia de metales pesados en los suelos agrícolas del Campo de Cartagena.
Entre los aspectos planteados en su escrito, se pide aclarar cómo se protegería a vecinos, trabajadores agrícolas y consumidores frente a posibles riesgos derivados de la exposición a estos contaminantes, ya sea por vía respiratoria, dérmica o alimentaria.
Además, los colectivos han solicitado información sobre las posibles consecuencias ambientales que esta situación podría tener en los ecosistemas del entorno, con especial atención a la flora y fauna de la zona y a los peces del Mar Menor, elementos clave dentro de la cadena alimentaria.
Las organizaciones consideran que, si se confirmaran los riesgos señalados, el problema podría tener repercusiones no solo en el ámbito ambiental, sino también en la salud pública y en la economía de los agricultores y trabajadores del sector agrícola.
En el comunicado también se advierte de que la situación podría afectar potencialmente a miles de consumidores tanto en España como en otros países europeos, debido a la importancia de la producción agrícola del Campo de Cartagena en los mercados nacionales e internacionales.
Llamamiento a la coordinación entre administraciones
Las asociaciones firmantes del escrito han instado igualmente a las distintas administraciones implicadas a evitar confrontaciones institucionales y a ofrecer respuestas rápidas y coordinadas ante una cuestión que consideran de gran relevancia para la ciudadanía.
A su juicio, la prioridad debe centrarse en esclarecer los hechos, evaluar los posibles riesgos y adoptar medidas eficaces que garanticen la seguridad sanitaria, la protección ambiental y la estabilidad económica del sector agrícola.
Finalmente, la Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y la Plataforma SOS Mar Menor han expresado su intención de mantener el seguimiento de esta situación y de insistir en la necesidad de que las administraciones públicas actúen con rapidez y transparencia.
Ambas organizaciones han señalado que consideran imprescindible que el asunto sea abordado con carácter urgente, dada la posible dimensión del problema y las implicaciones que podría tener para la salud de trabajadores agrícolas, agricultores y consumidores.
En su comunicado concluyen reclamando una respuesta rápida por parte de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca y del Gobierno de la Región de Murcia, al tiempo que advierten de que continuarán impulsando acciones para que esta cuestión sea tratada con la prioridad que, a su juicio, merece.
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