La Universidad de Murcia reunirá el 12 y 13 de marzo a expertos y autoridades en calidad democrática y rendición de cuentas
Murcia se convertirá esta semana en uno de los principales epicentros del debate jurídico e institucional en España con la celebración del XXIII Congreso Anual de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo en el Campus de la Merced de la Universidad de Murcia. Bajo el lema “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado constitucional”, el encuentro reunirá a catedráticos, especialistas en Derecho Público y responsables de órganos de control para analizar los desafíos actuales de la calidad democrática, el buen gobierno y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La cita llega en un contexto en el que la transparencia y la integridad institucional se han convertido en un termómetro de confianza ciudadana. La organización presenta el congreso como uno de los foros científicos más relevantes del ámbito jurídico español, con un programa que abordará desde la relación entre transparencia y derechos fundamentales hasta el funcionamiento de los órganos de control, la rendición de cuentas en las administraciones públicas y el papel de la Unión Europea en la defensa del Estado de Derecho.
El evento sitúa a la Región de Murcia en el foco del constitucionalismo contemporáneo durante dos jornadas y, además del peso académico, incorpora una dimensión institucional marcada por la presencia de responsables de organismos clave en materia de transparencia, protección de datos e integridad pública. La clausura contará con la participación del presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras; el rector de la Universidad de Murcia, José Luján Alcaraz; y la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez.
Un programa centrado en derechos, control institucional y buen gobierno
El congreso se articula alrededor de una idea central: reforzar los mecanismos de control del poder público en un Estado constitucional y evaluar cómo se traduce ese control en prácticas de buen gobierno. En esa línea, el programa científico incluye debates sobre transparencia y derechos fundamentales, un binomio especialmente sensible cuando la obligación de rendir cuentas convive con límites derivados de la protección de datos, la intimidad o la seguridad.
También se abordará el funcionamiento de los órganos de control y su capacidad real para fiscalizar la acción pública, en un momento en el que la rendición de cuentas no se mide solo por la existencia de normas, sino por la eficacia de los instrumentos de supervisión, la independencia de los organismos y la utilidad de sus resoluciones para garantizar una administración más limpia y más verificable.
Otro bloque relevante se centrará en el buen gobierno en las administraciones públicas. En la práctica, este enfoque conecta con la forma en la que se toman decisiones, se gestionan recursos, se planifican políticas y se responden las solicitudes de información o las obligaciones de publicidad activa. No es un debate abstracto: cuando la transparencia falla, el coste se paga en forma de sospecha, falta de legitimidad y deterioro de la relación entre instituciones y ciudadanía.
El congreso incorpora, además, espacios dedicados a innovación docente, perspectiva de género en la Constitución e impulso a jóvenes investigadores, con el objetivo de ampliar el enfoque y evitar que la transparencia se trate como una materia aislada. La lectura que propone la ACE es más amplia: transparencia, rendición de cuentas e integridad forman parte de una arquitectura democrática que se sostiene tanto en normas como en cultura institucional, educación cívica y prácticas administrativas.
Una lista de ponentes con peso estatal y órganos clave de control
El programa reúne perfiles académicos e institucionales de primer nivel. Entre las figuras anunciadas se encuentra Paloma Biglino Campos, catedrática de Derecho Constitucional y miembro de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho; José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España; Lorenzo Cotino Hueso, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos; Manuel Villoria Mendieta, experto en integridad pública y lucha contra la corrupción y presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante; e Ignacio Villaverde Menéndez, catedrático de Derecho Constitucional y rector de la Universidad de Oviedo, que protagonizará el conversatorio plenario del congreso.
El acto inaugural contará con la participación de Rosario García Mahamut, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales; Natalia Sánchez López, comisionada de la Transparencia de la Región de Murcia; Ángel Rodríguez-Vergara Díaz, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de España; y Luis Gálvez Muñoz, catedrático de la Universidad de Murcia y director del congreso, junto a representantes académicos e institucionales vinculados a la organización.
La presencia de responsables de instituciones como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Agencia Española de Protección de Datos o la Autoridad Independiente de Protección del Informante añade un valor práctico al debate. No se trata únicamente de teoría constitucional, sino de cómo los principios se aterrizan en procedimientos concretos, en resoluciones, en criterios interpretativos y en decisiones que afectan a administraciones y ciudadanía. En otras palabras, el congreso combina reflexión académica y experiencia institucional sobre cómo se controla el poder en la práctica cotidiana.
Murcia como sede: proyección universitaria e interés institucional
La organización del XXIII Congreso corre a cargo de la Asociación de Constitucionalistas de España y del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia, con patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia, el Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España y la Asamblea Regional.
El enfoque de la convocatoria subraya el papel de la Universidad de Murcia como sede de referencia para el análisis jurídico y el debate institucional. La elección del Campus de la Merced refuerza, además, una idea de centralidad académica: traer a Murcia un foro nacional sobre transparencia y rendición de cuentas no solo sitúa a la universidad en el mapa de los grandes encuentros científicos, sino que proyecta a la Región de Murcia como lugar de discusión sobre calidad democrática y fortalecimiento institucional.
El congreso se plantea también como un espacio para generar propuestas orientadas a mejorar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas, una expresión que, en la práctica, remite a una cuestión incómoda pero esencial: la confianza no se decreta, se gana. Y se gana cuando las instituciones explican qué hacen, cómo lo hacen, con qué límites, con qué datos y con qué mecanismos de control que funcionen.
En ese sentido, la transparencia aparece en el congreso no como una etiqueta, sino como una herramienta para reforzar el Estado constitucional frente a riesgos contemporáneos: desinformación, polarización, desgaste institucional, conflictos de interés y percepción de impunidad. El debate constitucional actual, cada vez más, se cruza con la necesidad de construir controles efectivos y rendiciones de cuentas comprensibles, no solo para juristas, sino para el conjunto de la sociedad.
La celebración de este encuentro en Murcia llega, por tanto, con una doble lectura. Por un lado, consolida a la Universidad de Murcia como anfitriona de un foro jurídico de alto nivel. Por otro, convierte a la ciudad durante dos días en escenario del debate sobre una de las grandes preguntas democráticas del presente: cómo se controla el poder público, cómo se exigen responsabilidades y cómo se protege la integridad institucional en un Estado que se define, precisamente, por someter el poder a reglas, garantías y supervisión.
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