La comunidad educativa denuncia que dos alumnas con movilidad reducida siguen sin acceso adecuado y reclama una respuesta inmediata del Gobierno regional
La falta de accesibilidad en el CEIP Sierra Espuña de Alhama de Murcia ha llegado a la Asamblea Regional. La diputada socialista Magdalena Sánchez Blesa ha registrado una pregunta oral para el pleno de este jueves y una moción para reclamar al Gobierno autonómico actuaciones urgentes que garanticen la accesibilidad universal en este centro y en el conjunto de los colegios públicos de la Región de Murcia. La iniciativa se produce después de que representantes de la comunidad educativa comparecieran a las puertas del colegio para denunciar una situación que, según sostienen, impide a parte del alumnado acceder en igualdad de condiciones a las instalaciones.
La denuncia se centra en un problema muy concreto, pero con una evidente carga política y social: la existencia de barreras físicas que afectan al alumnado con discapacidad o movilidad reducida. El PSOE de Alhama de Murcia sostiene que el caso del CEIP Sierra Espuña no puede seguir tratándose como una incidencia menor ni como una cuestión aplazable, porque afecta directamente a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo. La comparecencia pública de este miércoles quiso precisamente visibilizar esa realidad y presionar a la Comunidad Autónoma para que actúe de manera inmediata.
Magdalena Sánchez Blesa defendió que no se puede seguir “mirando hacia otro lado” ante una situación que compromete la inclusión educativa. La diputada socialista subrayó que no se trata solo de un problema material de acceso, sino de una vulneración práctica de derechos reconocidos por la normativa vigente en materia de discapacidad y accesibilidad. En esa línea, anunció que preguntará en la Asamblea qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el Gobierno regional para garantizar la accesibilidad en el CEIP Sierra Espuña, y que además ha registrado una moción para extender esa exigencia al conjunto de centros educativos públicos de la comunidad autónoma.
La relevancia del caso reside en que la comunidad educativa no denuncia una carencia nueva ni sobrevenida, sino una situación prolongada en el tiempo. Según trasladó la AMPA del centro, existen sistemas salvaescaleras instalados que llevan “cuatro o cinco años o más” averiados y sin posibilidad de reparación, lo que ha dejado sin una solución efectiva a alumnas con movilidad reducida que necesitan acceder al colegio en condiciones dignas. La presidenta de la asociación de madres y padres, Isabel García, explicó que actualmente hay dos niñas que no pueden caminar y que no cuentan con el acceso necesario dentro del centro. Esa afirmación convirtió el acto en una denuncia muy concreta y difícil de relativizar: no se está hablando de una mejora futura deseable, sino de una necesidad actual que afecta a menores que ya están escolarizadas.
La comunidad educativa denuncia años de espera sin respuesta
Uno de los elementos más duros de la comparecencia fue la descripción del recorrido que, según la AMPA, han tenido que hacer las familias para intentar conseguir una solución. Isabel García aseguró que llevan meses realizando gestiones sin obtener respuesta por parte de la administración competente. Entre esas actuaciones citó llamadas telefónicas, recogidas de firmas, correos electrónicos y contactos con los medios de comunicación. Pese a ello, sostuvo que siguen sin recibir una contestación efectiva que permita resolver el problema.
Ese relato refuerza la idea de abandono institucional que trató de proyectar el PSOE durante el acto. No se presenta el problema como una avería puntual a la espera de una reparación, sino como una situación cronificada frente a la que las familias han tenido que recurrir a todas las vías posibles para ser escuchadas. La falta de respuesta administrativa agrava, a juicio de la comunidad educativa, una realidad ya de por sí inadmisible: que alumnas con discapacidad no puedan acceder en igualdad de condiciones a su propio colegio.
La diputada socialista insistió en que se están incumpliendo leyes como la de accesibilidad y otros marcos normativos que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Con esta afirmación, el PSOE sitúa el debate en un terreno jurídico y de derechos, no solo de oportunidad política. Lo que denuncia la formación es que el Gobierno regional no estaría cumpliendo con su obligación legal de garantizar entornos escolares accesibles e inclusivos.
El Ayuntamiento respalda la reclamación y señala a la Comunidad Autónoma
En la comparecencia intervino también la concejala de Bienestar Social, Nani Navarro, que reforzó el mensaje de que la situación del CEIP Sierra Espuña no es un caso aislado. Según explicó, existen otros centros educativos con carencias similares, por lo que reclamó a la Administración regional que garantice la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras para las personas con discapacidad en todos los colegios públicos. Navarro quiso subrayar además que la accesibilidad en los centros educativos es competencia de la Comunidad Autónoma y no del Ayuntamiento, de modo que la responsabilidad de actuar recae directamente sobre el Gobierno regional.
La edil calificó la situación como “una falta de consideración hacia toda la comunidad educativa” y defendió que la respuesta debe ser inmediata. Su intervención sirvió también para ampliar el foco del problema más allá del CEIP Sierra Espuña. Según recordó, en Alhama de Murcia también existe falta de personal para atender a escolares con necesidades especiales de apoyo educativo en el CEIP Príncipe de España, así como ausencia de climatización en el IES Valle de Leiva. Con ello, el Gobierno local quiso presentar el caso no como una anomalía aislada, sino como parte de una cadena de déficits educativos que afectan al bienestar del alumnado y del profesorado en el municipio.
Ese planteamiento tiene una clara intención política: señalar que el problema de la accesibilidad forma parte de una gestión educativa autonómica que, según el PSOE de Alhama, no está garantizando recursos básicos en los centros. El caso del Sierra Espuña sería, en ese sentido, uno de los ejemplos más evidentes de esa falta de respuesta.
La accesibilidad entra en el pleno regional
Con el registro de la pregunta oral y de la moción, el PSOE busca ahora elevar la presión sobre el Ejecutivo de Fernando López Miras y obligarle a pronunciarse de forma clara en sede parlamentaria. El objetivo inmediato es conocer qué actuaciones piensa llevar a cabo el Gobierno regional en el CEIP Sierra Espuña. Pero la iniciativa socialista va más allá y pretende abrir un debate más amplio sobre la accesibilidad en todos los centros educativos públicos de la Región de Murcia.
La ofensiva parlamentaria llega acompañada de una apelación expresa a la urgencia. Tanto la diputada Magdalena Sánchez como la concejala Nani Navarro coincidieron en que no se puede seguir demorando una respuesta que condiciona de manera directa la inclusión educativa. La comunidad educativa, por su parte, pidió apoyo institucional y social para resolver una situación que considera insostenible.
El caso del CEIP Sierra Espuña deja así de ser un problema interno de un colegio concreto para convertirse en un asunto político de alcance regional. La cuestión que el PSOE quiere colocar en el centro del debate es simple, pero contundente: si hay alumnas que no pueden acceder con normalidad a su centro y si los dispositivos instalados llevan años averiados, la Comunidad Autónoma no puede seguir aplazando una solución. La accesibilidad, sostienen los socialistas, no es una mejora opcional ni una cuestión secundaria, sino un derecho que debe garantizarse sin más demora.
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