Un informe de la Secretaría General, pedido por los socialistas, advierte que el Ayuntamiento no puede limitar derechos fundamentales ni el acceso a servicios públicos
El PSOE de Molina de Segura ha presentado este martes un informe de la Secretaría General municipal que cuestiona de raíz la moción de “Seguridad Ciudadana” promovida por PP y Vox para regular el acceso a edificios municipales. Según la nota difundida por los socialistas, el documento jurídico considera la propuesta “materialmente incompatible con el orden constitucional” y advierte de que el Ayuntamiento carece de competencia para imponer prohibiciones generales que afecten a derechos fundamentales, como la libertad religiosa y el acceso a servicios públicos.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gadea, sostiene que el informe fue solicitado a instancias del PSOE y que su contenido “tumba” la iniciativa antes de su debate en Pleno. En su comparecencia, Gadea ha calificado el episodio como un “ridículo jurídico” y ha acusado al alcalde, José Ángel Alfonso, de encadenar “meteduras de pata” con una estrategia basada en titulares que, en su opinión, alimentan la división social sin resolver problemas reales del municipio.
El conflicto se enmarca en un contexto regional donde varias corporaciones locales han debatido en los últimos meses iniciativas sobre vestimenta, símbolos y normas de acceso a espacios públicos. En Molina de Segura, la controversia alcanza ahora un punto delicado: el informe, según el PSOE, señala que la moción no solo es jurídicamente inviable, sino que además utiliza “eufemismos terminológicos” para camuflar lo que en realidad sería una exclusión generalizada.
La nota socialista remarca que la advertencia no se queda en un matiz técnico. El documento jurídico, siempre según el PSOE, subraya que el Ayuntamiento no puede establecer prohibiciones generales en una materia sujeta al principio de reserva de ley, y que una medida de ese tipo comprometería la seguridad jurídica.
Un informe “tajante” sobre competencias y derechos fundamentales
El PSOE sostiene que la Secretaría General municipal concluye que la propuesta del PP y Vox colisiona con límites constitucionales. En concreto, la nota menciona que el informe advierte sobre la afectación a la libertad religiosa (artículo 16.1 de la Constitución) y sobre el acceso a servicios públicos, además de insistir en que el Consistorio no es competente para aprobar prohibiciones generales de ese alcance.
En el plano jurídico, el punto clave sería el de la reserva de ley: determinados límites a derechos fundamentales solo pueden establecerse mediante norma con rango de ley y dentro de un marco que respete principios como la proporcionalidad, la igualdad y la no discriminación. La nota socialista interpreta que el informe alerta de que la moción pretendía ir más allá de lo que un Ayuntamiento puede regular mediante acuerdos plenarios, abriendo un terreno de inseguridad jurídica y posible vulneración de derechos.
El PSOE insiste, además, en que el informe advierte del uso de “eufemismos” para presentar la iniciativa como una regulación neutral cuando, siempre según el documento, el efecto sería una exclusión general de acceso a edificios públicos. Este señalamiento es relevante porque desplaza el debate del terreno de la “convivencia” o la “seguridad” hacia la cuestión de si se estaba intentando introducir, por vía municipal, una restricción con impacto real en derechos de ciudadanía.
Para los socialistas, el informe valida su tesis: que PP y Vox han tratado de impulsar una medida sin cobertura legal suficiente y con riesgo de colisión constitucional. Y por eso presentan el episodio como una victoria de fiscalización política: aseguran haber “frenado” la moción antes del Pleno al exigir el informe que ahora esgrimen como argumento decisivo.
El PSOE acusa al gobierno local de “desastre jurídico” y de priorizar la confrontación
En su comparecencia, Isabel Gadea elevó el tono contra el alcalde, José Ángel Alfonso, a quien atribuye una gestión “vacía de rigor” y centrada en titulares “para dividir a los vecinos”. La portavoz socialista sostiene que el informe es un nuevo revés que evidencia que el pacto PP-Vox se mueve en una lógica de confrontación identitaria que, según su lectura, no se sostiene cuando se contrasta con el marco legal.
El PSOE también usa el informe como munición política para desacreditar la capacidad del Ejecutivo municipal. En su nota, Gadea afirma que el alcalde “no está capacitado” para dirigir el Ayuntamiento si impulsa iniciativas que, según el informe, chocan con el orden constitucional. Esta crítica se acompaña de un reproche directo al PP: la formación socialista sostiene que los populares han asumido el “sectarismo” de Vox y lo han trasladado al Ayuntamiento, arriesgándose a convertir la institución en un espacio de exclusión.
En el mensaje socialista aparece también un marco más amplio: la idea de que estos debates buscan desplazar el foco de la gestión municipal hacia una agenda cultural y simbólica. Para el PSOE, el episodio es un ejemplo de cómo determinadas propuestas se presentan como “seguridad” o “orden” mientras, en la práctica, abren un conflicto jurídico y político que el propio Ayuntamiento no puede sostener.
Un aviso institucional con impacto político en el pacto PP-Vox
La lectura del PSOE es que el informe de Secretaría General deja a PP y Vox ante un dilema: o renuncian a la moción tal y como estaba planteada, o asumen el coste de insistir en una iniciativa que, según el documento citado por los socialistas, no tendría encaje competencial ni constitucional. Ese escenario refuerza, además, el choque entre dos formas de entender el Ayuntamiento: como institución orientada a la prestación de servicios y a la igualdad de acceso, o como espacio donde se pretende imponer reglas generales con impacto en libertades públicas.
En términos de política local, el informe se convierte en una pieza de alto valor: no solo discute la oportunidad del contenido, sino la viabilidad jurídica del planteamiento. Y eso desplaza el debate del “qué queremos hacer” al “qué podemos hacer legalmente”, una frontera que suele desmontar iniciativas que se apoyan más en el gesto ideológico que en un trabajo normativo sólido.
El PSOE de Molina de Segura cierra su posición con una conclusión que resume el pulso político: asegura que no permitirá que el Ayuntamiento se convierta en un espacio “de exclusión” ni que se impulsen medidas que, según el informe, vulneren la ley o entren en conflicto con derechos fundamentales. Con el informe de Secretaría General como respaldo, los socialistas presentan el episodio como una corrección institucional al rumbo del pacto PP-Vox y como un aviso: en un Ayuntamiento, la política identitaria no puede saltarse el marco constitucional sin consecuencias.
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