El PSOE denuncia cobros “irregulares” en IFELOR y el Auditorio Margarita Lozano

El PSOE denuncia cobros “irregulares” en IFELOR y el Auditorio Margarita Lozano

Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento de Lorca cobró tarifas durante dos años sin ordenanza fiscal aprobada

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El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Lorca ha denunciado el presunto cobro irregular de tasas por el uso del recinto ferial IFELOR y del Auditorio Margarita Lozano durante los últimos dos años. Según el concejal socialista Isidro Abellán, estos pagos se habrían exigido a colectivos del municipio antes de que existiera una ordenanza fiscal que regulara legalmente dichas tarifas.

Abellán compareció junto a la concejala socialista Nines Mazuecos para explicar lo que consideran un problema de legalidad administrativa y de transparencia en la gestión municipal. El edil sostiene que el equipo de gobierno formado por Partido Popular y Vox aprobó el pasado 23 de febrero una modificación de la ordenanza fiscal número 18 para regular el cobro por el uso de estos espacios, pero que el Ayuntamiento ya llevaba tiempo recaudando dinero de asociaciones y entidades locales.

Según explicó el concejal socialista, su grupo tiene constancia de que durante ese periodo se habrían cobrado importes a colegios, institutos, asociaciones culturales y academias de baile por utilizar instalaciones municipales sin que los precios públicos estuvieran formalmente aprobados.

Abellán sostiene que esta situación habría afectado a distintos colectivos del municipio que utilizan estos espacios para actividades culturales, educativas o sociales.

Un “canon” sin expediente, según el PSOE

El concejal socialista explicó que su grupo comenzó a investigar esta situación tras detectar movimientos económicos relacionados con el uso de estas instalaciones municipales. En julio de 2024 el PSOE registró una solicitud formal de información al Ayuntamiento para aclarar el sistema de cobro aplicado.

Según el relato del grupo socialista, la respuesta ofrecida por el concejal de Cultura, Santiago Parra, fue que se estaba aplicando un “canon establecido por el servicio de patrimonio como medida compensatoria”.

Abellán cuestiona esta explicación y sostiene que la aplicación de un canon de este tipo debería estar respaldada por un expediente administrativo completo.

“Un canon es una prestación tributaria que requiere un expediente riguroso”, señaló el concejal socialista durante su comparecencia. En este sentido, afirma que en febrero de 2025 solicitaron formalmente acceso al expediente correspondiente y pidieron también un informe al interventor general del Ayuntamiento.

Según explicó, un año después de esa solicitud el grupo socialista asegura no haber recibido la documentación requerida.

Abellán manifestó que esperan que el retraso no esté relacionado con una posible irregularidad administrativa en la gestión de estos cobros. “No queremos pensar que el alcalde se haya extralimitado permitiendo cobros irregulares a entidades sin ánimo de lucro”, afirmó.

Exigencias de transparencia al Gobierno municipal

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha anunciado que ha solicitado formalmente al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, una serie de aclaraciones sobre el procedimiento seguido para aplicar estos cobros.

Entre las peticiones planteadas por los socialistas se encuentra la publicación del estudio económico que justifique las tarifas aprobadas, así como los informes de Intervención y Tesorería relacionados con la gestión de estos ingresos.

Además, el PSOE reclama que el Ayuntamiento informe con detalle de las cantidades que se habrían cobrado a asociaciones y colectivos de Lorca durante el periodo anterior a la aprobación de la ordenanza fiscal.

El concejal socialista también ha planteado la posibilidad de que, si se confirmara que los cobros se realizaron sin cobertura legal, se devuelvan las cantidades recaudadas.

“Exigimos que se devuelva hasta el último céntimo a las asociaciones y colectivos afectados si se han recaudado de forma indebida”, afirmó Abellán.

Críticas por el coste de uso del auditorio

Durante la comparecencia, la concejala socialista Nines Mazuecos también se refirió a las declaraciones realizadas en el último pleno municipal por la concejala del Partido Popular Belén Pérez, quien habría afirmado que no existían quejas sobre los precios aplicados en el Auditorio Margarita Lozano.

Mazuecos sostiene que esa afirmación no se ajusta a la realidad y asegura que existen numerosas quejas procedentes de asociaciones de madres y padres de alumnos y de distintas organizaciones sociales del municipio.

Según la edil socialista, estos colectivos consideran que los costes de utilización del auditorio resultan elevados para entidades sin ánimo de lucro que organizan actividades culturales o educativas.

Mazuecos también cuestionó la gestión del contrato de producción cultural vinculado a la Concejalía de Cultura. Según señaló, si existe un contrato municipal destinado a impulsar la programación del auditorio, no se entiende que determinadas asociaciones tengan que asumir tarifas que, a su juicio, dificultan el desarrollo de sus proyectos.

Nueva solicitud de documentación

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que registrará un nuevo escrito en el Ayuntamiento de Lorca para exigir acceso a toda la documentación relacionada con estos cobros y con el expediente administrativo que habría dado cobertura a las tarifas aplicadas en IFELOR y el Auditorio Margarita Lozano.

El objetivo, según explicaron los concejales socialistas, es aclarar el procedimiento seguido por el equipo de gobierno municipal y determinar si los cobros realizados se ajustaban o no a la normativa vigente.

Abellán concluyó su intervención criticando la gestión del alcalde Fulgencio Gil y afirmando que el PSOE seguirá solicitando explicaciones y documentación hasta que se esclarezca la situación.

El grupo socialista sostiene que la publicación de toda la información económica y administrativa relacionada con estos cobros es necesaria para garantizar la transparencia en la gestión municipal y para determinar si los colectivos del municipio han sido correctamente tratados en el uso de instalaciones públicas.

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