La Comisión aprueba exigir un plan regional de calidad del aire, pero el PP frena una red pública asequible de recarga en los 45 municipios
La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional vivió una doble sesión de alto voltaje político en torno a dos asuntos que se cruzan en la vida cotidiana de la ciudadanía: lo que respiramos y cómo nos movemos. En un mismo marco parlamentario, el PSOE logró sacar adelante una moción para exigir al Gobierno regional la puesta en marcha inmediata de un Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la Región de Murcia, mientras que, en paralelo, denunció que el Partido Popular impidió que prosperara otra iniciativa para garantizar puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos a un precio asequible en los 45 municipios.
Los socialistas plantean ambos debates como dos caras de una misma moneda: sin medidas estructurales sobre emisiones, movilidad y planificación, la contaminación no se reduce y la transición energética se convierte en una promesa a medias. El PP, por su parte, votó en contra de la moción sobre calidad del aire y frenó la propuesta sobre recarga pública, según relatan las notas difundidas por el PSRM tras la comisión.
Un plan del aire “caducado” y presupuestos sin ejecutar
La diputada socialista María Dolores Martínez Pay defendió la moción aprobada en comisión para exigir al Ejecutivo autonómico que ponga en marcha un Plan de Mejora de la Calidad del Aire, recordando que el último plan regional (2016–2018) lleva años fuera de vigencia. Según expuso, desde 2019 la Región de Murcia no dispone de un plan estratégico vigente, a pesar de que en 2024 el parlamento autonómico ya había instado a elaborar uno nuevo.
El argumentario socialista mezcló diagnóstico sanitario, crítica a la gestión y una acusación concreta sobre ejecución presupuestaria. Martínez Pay sostuvo que el Gobierno de López Miras presupuestó 1,6 millones de euros para el control de la calidad del aire en 2024 y no los ejecutó, y que esa misma dinámica se habría repetido en 2025. Para la diputada, el problema no es contable, sino político y de salud pública: “Cuando no se ejecuta el presupuesto destinado a proteger la calidad del aire, no se está dejando de hacer una obra, se está dejando desprotegida la salud de la ciudadanía”, afirmó en su intervención, según la nota remitida por el partido.
En su exposición, Martínez Pay apeló también a la imagen recurrente de la “boina” sobre la ciudad de Murcia como síntoma visible de un fenómeno que, a su juicio, se intenta minimizar. Frente a esa escena, la diputada insistió en que el polvo sahariano es un factor natural, pero que otras fuentes de contaminación dependen de decisiones políticas: movilidad urbana, modelo de transporte, emisiones industriales y planificación territorial. En ese punto, criticó que la política regional se limite a reaccionar cuando sopla el viento del Sahara, calificándolo de “profundamente insuficiente” por no exigir cambios estructurales.
La moción aprobada pide, según el PSOE, un plan “real, participativo, con calendario, con ejecución presupuestaria efectiva y con medidas estructurales en movilidad, transporte, industria y coordinación metropolitana”. En el relato del partido, el PP votó en contra en comisión, lo que refuerza el choque político en torno a un área que suele convertirse en campo de batalla cuando se discuten restricciones al tráfico, medidas sobre emisiones y obligaciones para determinados sectores productivos.
Recarga pública en los 45 municipios, la propuesta que no salió adelante
En la misma comisión, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños denunció que el PP se opone a impulsar puntos de recarga públicos para coches eléctricos con un precio “asequible” en la Región de Murcia. La iniciativa socialista, según la nota, respondía a una petición “de cientos de usuarios del vehículo eléctrico” y reclamaba al Gobierno regional convenios con los ayuntamientos para garantizar que todos los municipios, incluidos los más pequeños, cuenten con recarga pública en entornos urbanos.
El corazón de la propuesta no era solo instalar cargadores, sino fijar una lógica de coste que evitara convertir el servicio en un negocio. Martínez Baños explicó que el planteamiento buscaba que el precio de recarga se equiparase al coste de la electricidad para cada ayuntamiento: ni un sobrecoste municipal, ni un margen comercial sobre un servicio público. El PSOE enmarca esta idea como una condición práctica para que el despliegue sea aceptable para consistorios con menos músculo financiero y, al mismo tiempo, útil para la ciudadanía.
El parlamentario socialista situó la discusión en un terreno más amplio, acusando al Ejecutivo regional de inacción en electromovilidad. En su argumentario, citó que la Región de Murcia se encuentra en el “tercer peor puesto” del barómetro de Electromovilidad de ANFAC, con 18,9 puntos sobre 100, y mencionó también el malestar por los retrasos en el abono de ayudas del Plan Moves, con “miles de ciudadanos” esperando el pago durante años, según la nota.
El desenlace, sin embargo, fue distinto al de la moción sobre calidad del aire. Martínez Baños aseguró que el PP impidió aprobar la iniciativa y que, tras el debate, el PSOE optó por retirarla para evitar que prosperara una enmienda a la totalidad del PP que, según su versión, no respondía a lo que pedían los usuarios de coches eléctricos. “Hemos traído esta moción porque nos lo han pedido los usuarios, no vamos a permitir que el Partido Popular aproveche nuestra iniciativa para aprobar otra cosa que nada tiene que ver con sus demandas”, afirmó el diputado, siempre según la comunicación remitida por el partido.
En ese choque apareció otro argumento con carga política. Martínez Baños rechazó que la “saturación de la red” sea una excusa válida para no desplegar nuevos puntos en entornos urbanos y citó como ejemplo que Iberdrola ha instalado 469 puntos de recarga privados en la Región. Con ese dato, el PSOE pretende subrayar una contradicción: si el sector privado puede crecer, el problema no sería técnico sino de voluntad para desplegar infraestructura pública con tarifas controladas.
Dos debates, un mismo conflicto sobre prioridades y modelo de Región
La lectura conjunta de ambas iniciativas dibuja una línea política nítida. Para el PSOE, calidad del aire y movilidad eléctrica forman parte de un paquete coherente que exige decisiones estructurales, coordinación entre administraciones y, sobre todo, ejecución real de presupuestos y planes. En su enfoque, la Región de Murcia no puede permitirse estrategias “caducadas” ni políticas reactivas, y menos en ámbitos donde las consecuencias se miden en salud pública, emisiones y dependencia energética.
El PP, tal y como lo presenta el PSRM, queda retratado en dos posiciones de freno: voto en contra de la exigencia de un plan regional del aire y bloqueo de un despliegue de recarga pública con precio asequible. La comisión, así, se convierte en un escaparate de un conflicto que va más allá de una votación concreta y que afecta a cómo se gestiona la transición ecológica en la Región de Murcia: si se impulsa con planificación, calendarios y servicios públicos accesibles, o si se avanza a trompicones, entre anuncios, enmiendas y decisiones que se quedan a medias.
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