Juan Andrés Torres denuncia el fin del Consejo de Transparencia y el bloqueo a una agencia antifraude y a la protección de denunciantes
El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado a la Asamblea Regional un nuevo choque político sobre transparencia e integridad pública. Su viceportavoz, Juan Andrés Torres, sostiene que el Gobierno regional presidido por Fernando López Miras “bloquea y elimina los mecanismos de lucha contra el fraude y la corrupción en la Región de Murcia”, y lo ejemplifica con dos críticas principales: la desaparición del Consejo de la Transparencia y la falta de desarrollo de instrumentos exigidos por la legislación estatal para proteger a quienes denuncian irregularidades.
La denuncia se formuló en la Comisión de Asuntos Generales, donde Torres defendió dos iniciativas para exigir al Ejecutivo autonómico la implantación en la administración regional de medidas contempladas en la Ley estatal de lucha contra la corrupción. Según el PSOE, las mociones no salieron adelante por el voto en contra del Partido Popular, un resultado que, en su lectura, confirma la falta de voluntad política para reforzar controles independientes y canales seguros de denuncia dentro del sector público regional.
El debate no se limita a una discusión técnica sobre normativa. El PSOE intenta convertirlo en un termómetro de calidad democrática, con un mensaje que apunta directamente a la credibilidad institucional: si una administración debilita sus instrumentos de control y no protege al informante, el sistema queda más expuesto a abusos, fraudes o malas prácticas, y la ciudadanía pierde capacidad real de exigir rendición de cuentas.
El choque en la Asamblea: agencia antifraude y protección del informante
Torres defendió en comisión la necesidad de que la Región de Murcia dote a su administración de dos pilares que considera básicos: un organismo independiente de prevención y control del fraude y un sistema sólido de protección frente a represalias para las personas que comuniquen irregularidades.
En el primer bloque, el PSOE reclama la creación de una Agencia Pública para la Lucha contra el Fraude y la Corrupción en el ámbito autonómico. Según Torres, la Región de Murcia carece de una estructura de ese tipo, a diferencia de otras comunidades autónomas, y esa ausencia debilita la capacidad de la administración regional para analizar riesgos, detectar patrones, coordinar políticas preventivas y promover una cultura interna de integridad.
El segundo bloque se centra en la protección del denunciante. El viceportavoz socialista subrayó que la legislación obliga a que los organismos del sector público dispongan de sistemas internos eficaces para comunicar irregularidades. En su exposición, sostuvo que, según datos del Portal de Transparencia, no todos los organismos públicos en la Región de Murcia tendrían establecidos protocolos particulares de comunicación interna, y añadió un reproche clave: no existiría un inventario claro de qué entidades los están desarrollando, lo que impediría garantizar que toda la administración autonómica cumple plenamente con esa obligación.
El PSOE plantea así un doble problema: por un lado, que faltan o no están plenamente desplegados los canales de denuncia; por otro, que no hay una trazabilidad pública suficiente para saber qué organismos los tienen y cuáles no. En términos prácticos, sostiene que esa falta de claridad deja a trabajadores públicos y a potenciales informantes en una posición de riesgo, sin seguridad de que la comunicación se tramite con garantías ni protección frente a represalias.
El fin del Consejo de Transparencia y la “señal” democrática
Uno de los reproches más duros del PSOE se dirige a una decisión ya ejecutada: la eliminación del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, que Torres describió como un órgano independiente cuya función era garantizar el derecho de acceso a la información pública. En su intervención, afirmó que el Gobierno regional lo ha sustituido por un “chiringuito” creado para satisfacer exigencias de Vox, y utilizó esa sustitución como símbolo de un cambio de rumbo: menos independencia, menos control externo y más subordinación política.
Para el PSOE, el problema no es solo la desaparición de un organismo concreto, sino el efecto acumulativo. Torres sostuvo que “eliminar un órgano independiente de control y, al mismo tiempo, no desarrollar los mecanismos de protección del informante que exige la ley” es una “pésima señal para la calidad democrática” de la Región de Murcia. La frase resume el marco que los socialistas quieren instalar: un Ejecutivo que debilita la transparencia por arriba (control institucional) y por abajo (protección del denunciante).
En ese relato, el voto en contra del PP a las iniciativas socialistas no sería un hecho aislado, sino la continuidad de una política que, según Torres, se está viendo en comunidades gobernadas por el PP: desmantelamiento de organismos independientes, desaparición de oficinas antifraude y eliminación de consejos de transparencia. El PSOE lo vincula, además, a una dinámica de acuerdos con la ultraderecha, insinuando que la orientación del Gobierno regional estaría condicionada por esa relación.
Qué haría una agencia regional antifraude, según el PSOE
El PSOE defendió la creación de una agencia regional no como una estructura simbólica, sino como un instrumento operativo. En la descripción que trasladó Torres, este organismo independiente debería poder analizar riesgos de corrupción en la administración pública, supervisar la aplicación de normas de integridad, coordinar políticas de prevención del fraude, elaborar planes estratégicos de lucha contra la corrupción y promover una cultura institucional basada en la transparencia y la rendición de cuentas.
Este tipo de atribuciones, en el planteamiento socialista, servirían para pasar de una lógica reactiva —actuar cuando estalla el escándalo o cuando interviene un juzgado— a una lógica preventiva, basada en detectar vulnerabilidades y reforzar controles antes de que el daño esté hecho. En el terreno político, además, la creación de un organismo independiente funciona como compromiso verificable: o se crea con garantías, presupuesto y autonomía, o se mantiene el modelo actual sin un contrapoder específico y especializado.
La propuesta socialista insiste también en una idea de coordinación interna: que la administración regional no se limite a tener protocolos dispersos, sino que exista un marco de referencia común, con herramientas homogéneas, controles claros y un seguimiento que permita medir cumplimiento real en todo el sector público autonómico.
El PSOE liga la exigencia al historial de “casos, investigaciones y escándalos”
Torres apoyó su denuncia con un argumento político de mayor alcance: “Treinta años de gobiernos del Partido Popular han dejado un historial demasiado largo de casos judiciales, investigaciones y escándalos que han dañado la confianza de la ciudadanía en las instituciones”. Con esa afirmación, el PSOE pretende justificar que la Región de Murcia necesita más controles, más transparencia y mecanismos independientes, no como un lujo institucional, sino como una respuesta a un problema estructural de confianza.
En esa línea, el viceportavoz socialista insistió en que “se trata de reconocer una realidad” y planteó la lucha anticorrupción como una cuestión de salud democrática. El mensaje busca trasladar el debate desde lo partidista a lo institucional: si el sistema no protege al informante y no tiene organismos de control independientes, se reduce la capacidad preventiva y aumenta el riesgo de que irregularidades se enquisten.
El PSOE también conecta esta discusión con los servicios públicos. En su discurso, la corrupción “degrada los servicios públicos” y “pone en riesgo a la ciudadanía”, una formulación que pretende ligar el debate abstracto de integridad pública con consecuencias materiales: menos eficiencia, peor gestión y pérdida de recursos que deberían destinarse a políticas sociales, sanidad, educación o emergencias.
La votación del PP y el escenario que queda abierto
Según el PSOE, el Partido Popular votó en contra de las dos iniciativas defendidas por Juan Andrés Torres. El resultado deja a los socialistas sin acuerdo parlamentario para forzar la implantación inmediata de las medidas reclamadas, pero les permite sostener un relato político nítido: el Gobierno regional se niega a reforzar mecanismos anticorrupción y transparencia cuando se le plantea en sede parlamentaria.
A partir de aquí, el debate previsiblemente seguirá en dos carriles. El primero, el institucional: si existen o no protocolos de denuncia interna en todos los organismos del sector público regional, si hay inventario público y si se desarrollan mecanismos de protección del informante con garantías. El segundo, el político: si la Región de Murcia debe contar con una agencia antifraude propia y con estructuras de control independientes o si el Ejecutivo regional continuará, como denuncia el PSOE, debilitando esos instrumentos.
Torres cerró su intervención afirmando que el PSRM, con su secretario general Francisco Lucas, seguirá trabajando por una Región de Murcia “mejor gestionada, más transparente y libre de la corrupción política”. El pulso, en cualquier caso, queda planteado en un terreno incómodo para cualquier gobierno: cuando se habla de transparencia, el problema no es lo que se proclama, sino lo que se puede demostrar con normas, organismos independientes y protección real para quien se atreve a denunciar.
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