El Consejo de Gobierno tuvo que autorizar 141.884,13 euros para pagar la sentencias judiciales del personal aunque RMD admite condenas por más de 200.000
La mercantil pública Región de Murcia Deportes, S.A.U. (RMD) arrastra un frente laboral que ya no se limita a la discusión interna ni a los tribunales: ha terminado impactando en el presupuesto autonómico. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó una transferencia de crédito por 141.884,13 euros con destino expreso a la sociedad, bajo el epígrafe “A Región de Murcia Deportes, SAU. Sentencia judicial del personal”, según consta en el acta de la sesión de 4 de diciembre de 2025 consultada por este medio.
La literalidad del acuerdo no deja margen a interpretaciones: se autoriza la transferencia desde partidas de edificios, otras construcciones, maquinaria y otro inmovilizado material, y el dinero se destina a la partida “A Región de Murcia Deportes, SAU”, con el proyecto denominado “Sentencia judicial del personal”. En paralelo, una resolución oficial de acceso a información pública firmada por el apoderado de la mercantil reconoce importes vinculados a cuatro sentencias del ámbito social en 2023 por antigüedad y clasificación profesional y antigüedad, que suman 200.376,68 euros.
El dato abre una pregunta incómoda —y de interés público— en una empresa que ya venía bajo el foco por su situación económica: si el Consejo de Gobierno autorizó 141.884,13 euros para “sentencia judicial del personal” y, a la vez, la propia mercantil admite condenas por más de 200.000 euros, ¿cómo se financió el resto y qué parte corresponde realmente a cada ejercicio y a cada concepto? La documentación disponible no permite todavía cerrar la respuesta, pero sí deja claro que el coste judicial-laboral existe, es cuantificable y ha requerido ajustes presupuestarios.
Condenas reconocidas: antigüedad y clasificación profesional
La resolución de acceso a información pública concede un acceso parcial: no entrega las sentencias íntegras, pero sí facilita un listado de cuantías asociadas a cuatro fallos de 2023 y el objeto de cada procedimiento.
Según ese documento, la mercantil cuantifica dos sentencias por antigüedad:
- Sentencia 0046/2023: 11.167,57 euros.
- Sentencia 0043/2023: 7.487,25 euros.
Y dos sentencias por clasificación profesional y antigüedad, con importes muy superiores:
- Sentencia 00172/2023: 96.241,77 euros.
- Sentencia 00174/2023: 85.480,09 euros.
En total, 200.376,68 euros. La resolución añade además un elemento clave: el solicitante pedía también copia de las demandas pendientes, pero la empresa deniega ese acceso alegando que esos procesos siguen en sede judicial y que facilitar esos documentos podría perjudicar la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva. Es decir: no entrega las demandas, pero reconoce que existen procedimientos en trámite.
El Consejo de Gobierno puso dinero para “Sentencia judicial del personal”
El otro pilar documental que refuerza la dimensión política del asunto es el acuerdo del Consejo de Gobierno. En el acta de 4 de diciembre de 2025 figura la autorización de una transferencia de crédito de 141.884,13 euros desde varias partidas de la Consejería hacia una aportación a Región de Murcia Deportes, S.A.U., con un proyecto de destino denominado literalmente “Sentencia judicial del personal”.
Ese título es, por sí solo, noticiable: supone que la Comunidad Autónoma tuvo que habilitar recursos para que la mercantil pública afrontara un gasto asociado a resoluciones judiciales del ámbito laboral. No hablamos de una ampliación general o de una inyección para actividad deportiva, sino de un ajuste concreto asociado a sentencias.
La resolución de Transparencia, por su parte, permite fijar con claridad otra realidad: las condenas reconocidas por la empresa superan la cuantía de la transferencia aprobada en el Consejo de Gobierno.
A partir de ahí, la información pública disponible no detalla cómo se reparte el pago: puede tratarse de un ajuste parcial, de una regularización presupuestaria de un tramo concreto o de un expediente que cubre solo una parte de las obligaciones. Pero el hecho relevante es que existe un coste judicial-laboral y que el propio Gobierno regional ha tenido que mover crédito para atenderlo.
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