El PSOE de Cartagena afirma que la residencia seguirá clausurada tras la renuncia de la empresa adjudicataria
El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cartagena, Manolo Torres, ha denunciado que el edificio de la calle Caballero continuará cerrado casi un año y medio después de que se expulsara a las familias que residían allí, una situación que, según el PSOE, evidencia una nueva muestra de la gestión de PP y Vox en la ciudad. La crítica se produce después del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo y se apoya, además, en la renuncia de la empresa que había ganado el concurso para la rehabilitación del inmueble y su posterior explotación como residencia universitaria.
La formación socialista sostiene que el balance de este proceso es, a día de hoy, el de un edificio público cerrado, sin uso y sin una salida concreta después de que se desalojara a quienes vivían en él. En la nota remitida, Torres presenta esta situación como el resultado directo de una gestión fallida del Gobierno municipal y acusa a la alcaldesa, Noelia Arroyo, de haber optado por clausurar el inmueble en lugar de mantener una función de alojamiento para personas que lo necesitaban.
El núcleo del reproche político del PSOE es precisamente ese: que donde antes había un edificio en uso, ahora hay, según su versión, un inmueble abandonado y sin utilidad social. La nota no desarrolla nuevos plazos, ni anuncia una solución alternativa inmediata para el edificio, ni detalla qué ocurrirá tras la renuncia de la empresa adjudicataria. Lo que sí hace es fijar una denuncia clara contra el Ejecutivo local por el resultado de una operación que, según Torres, ha dejado la instalación cerrada “a cal y canto” sin que se haya materializado el proyecto anunciado.
El PSOE carga contra Arroyo por clausurar un edificio que estaba en uso
La declaración más contundente de la nota remitida por los socialistas la firma el propio Manolo Torres. “La alcaldesa Noelia Arroyo prefiere que el edificio esté clausurado a cal y canto antes que dar cobijo a quienes lo necesitan”, afirma el portavoz municipal del PSOE. La frase resume el enfoque político de la denuncia: no se trata solo de cuestionar un retraso administrativo o un concurso fallido, sino de presentar la situación como una decisión política con consecuencias directas sobre el uso social del inmueble.
Torres insiste en esa idea al señalar que el edificio “estaba en uso” y que “acogía a familias”, por lo que, a juicio del Grupo Socialista, el resultado de la actuación del Gobierno local ha sido convertir una instalación que cumplía una función concreta en un espacio abandonado. El PSOE no entra en esta nota en un debate jurídico o técnico sobre el concurso, pero sí subraya que la consecuencia final es que la residencia no funciona, no ha sido rehabilitada y tampoco sirve ya para alojar a quienes antes vivían allí.
En ese marco, la renuncia de la empresa que había ganado el concurso para la rehabilitación y la gestión posterior como residencia universitaria se convierte en un elemento central del relato socialista. Para la oposición, ese dato confirma que la hoja de ruta anunciada por el Gobierno municipal ha fracasado, al menos en esta fase, y deja todavía más en evidencia una operación que hoy no ofrece ni el uso previo ni el nuevo destino previsto para el edificio. El inmueble, según la lectura del PSOE, ha quedado atrapado entre el desalojo de las familias y un proyecto que no ha llegado a ejecutarse.
La nota utiliza esa situación para construir una crítica más amplia a la gestión compartida de PP y Vox en Cartagena. Torres habla expresamente de “negligencia” y atribuye a ambos partidos la responsabilidad de que el edificio siga cerrado casi un año y medio después del desalojo. Se trata de una acusación política formulada en términos muy duros y vinculada directamente al estado actual del inmueble y al desenlace del concurso que debía reactivar su uso.
La renuncia al concurso agrava la crítica sobre el futuro del inmueble
Uno de los aspectos más relevantes de la nota es que no se limita a recordar el cierre del edificio, sino que añade un elemento nuevo: la empresa adjudicataria del concurso para su rehabilitación y gestión como residencia universitaria ha renunciado. Ese hecho, tal y como lo expone el PSOE de Cartagena, agrava la incertidumbre sobre el futuro del inmueble y refuerza la idea de que, por ahora, el edificio no solo permanece clausurado, sino también sin una salida clara a corto plazo.
La formación socialista aprovecha esa circunstancia para confrontar el discurso oficial con la realidad material del edificio. Según Torres, lo que hoy queda no es una residencia universitaria en marcha ni una solución habitacional activa, sino una instalación pública sin uso. La crítica apunta así a la distancia entre el anuncio político de una futura rehabilitación y el resultado tangible que, siempre según la oposición, puede verse actualmente en la calle Caballero.
Ese contraste entre expectativas y resultado permite al PSOE reforzar una idea de fondo: que el Gobierno local ha sido incapaz de ofrecer una alternativa eficaz tras el desalojo de las familias. La nota no incorpora la versión del Ejecutivo municipal ni explica los motivos de la renuncia de la empresa adjudicataria, sino que se centra en el mensaje político que quiere lanzar el Grupo Socialista: que PP y Vox cerraron una instalación que tenía uso y, año y medio después, no han logrado poner en pie ningún proyecto que justifique aquella decisión.
Torres formula esa crítica con una frase especialmente dura al afirmar que esta es la gestión de PP y Vox: “cerrar una instalación pública que estaba funcionando y que servía para acoger a quienes lo necesitaban para no hacer absolutamente nada con ella”. Con esa declaración, el portavoz socialista convierte el caso de la calle Caballero en un símbolo de lo que considera una política municipal incapaz de preservar el uso social de los recursos públicos y también de ejecutar con éxito los proyectos anunciados como alternativa.
El PSOE presenta el caso como ejemplo de una gestión fallida
La denuncia lanzada por Manolo Torres tras el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Casco Antiguo sitúa así el foco en un edificio concreto, pero con una lectura política más amplia. El PSOE quiere presentar la situación de la calle Caballero como una muestra del modelo de gestión de Noelia Arroyo y de su acuerdo con Vox: un inmueble que, según sostiene, servía para dar cobijo a familias, cerrado desde hace casi un año y medio y ahora sin el proyecto alternativo que se había anunciado tras la renuncia de la empresa adjudicataria.
Con ese planteamiento, los socialistas vuelven a colocar en el debate público el destino de una instalación municipal cuyo futuro inmediato sigue sin resolverse en los términos expuestos por la propia oposición. La nota no adelanta nuevos movimientos administrativos ni entra en detalles sobre los pasos que deberá dar ahora la Sociedad Municipal Casco Antiguo. Lo que sí deja fijado es un mensaje político muy claro: para el PSOE, el edificio de la calle Caballero simboliza una gestión que ha pasado de expulsar a quienes residían allí a mantener la instalación cerrada sin haber hecho realidad el nuevo uso que se prometió para ella.
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