La organización reclama un “escudo autónomo” más ambicioso y exige extender las bonificaciones al combustible a todos los trabajadores por cuenta propia
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha considerado insuficiente la rebaja del IVA aplicada a carburantes, electricidad y gas al 10 por ciento y ha reclamado un paquete de ayudas más amplio para proteger al colectivo ante el encarecimiento energético derivado de la crisis internacional vinculada a la guerra en Irán. La organización sostiene que las medidas aprobadas hasta ahora apenas compensan una parte del incremento de costes que soportan miles de pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia, especialmente aquellos que dependen del vehículo para desarrollar su actividad diaria. Según la nota difundida por UPTA, la bajada fiscal tiene un impacto limitado y no resuelve el problema de fondo que atraviesa el trabajo autónomo en un contexto de fuerte presión sobre el combustible y la energía.
El posicionamiento de la organización parte de una crítica clara: las rebajas fiscales anunciadas pueden aliviar parcialmente a consumidores y empresas, pero no ofrecen una cobertura suficiente para uno de los colectivos más expuestos a la subida de costes. En este caso, UPTA pone el foco en los autónomos que utilizan el coche, la furgoneta o cualquier otro vehículo como herramienta esencial de trabajo, desde repartidores hasta profesionales de mantenimiento, comerciales, instaladores o pequeños empresarios que necesitan desplazarse de forma constante para sostener su actividad.
La organización enmarca esta reclamación en el debate abierto por las medidas de respuesta a la crisis energética y por el impacto real que tendrán sobre la viabilidad de miles de negocios. A juicio de UPTA, el problema no es que las rebajas fiscales sean negativas, sino que se quedan cortas frente a un escenario de subida acumulada de precios que lleva meses golpeando las cuentas de quienes trabajan por cuenta propia.
Un ahorro limitado frente a un encarecimiento mucho mayor
UPTA detalla en su análisis que la rebaja fiscal aprobada deja una reducción de escaso recorrido práctico para muchos autónomos. Según los cálculos recogidos en la nota, la gasolina pasaría de 1,70 euros a 1,54 euros por litro, mientras que el diésel bajaría de 1,85 euros a 1,68 euros. Aunque la reducción existe, la organización sostiene que no compensa el aumento registrado en los últimos meses ni el peso real que tiene el combustible en la estructura de costes de numerosos pequeños negocios.
La misma crítica se extiende a la electricidad y al gas. UPTA subraya que el ahorro derivado de la rebaja del IVA apenas se nota en las facturas de muchos pequeños negocios, lo que limita enormemente su capacidad para actuar como una medida eficaz de contención. La organización plantea así una lectura distinta de las decisiones aprobadas: no cuestiona que supongan una reducción fiscal, pero sí pone en duda que sean suficientes para frenar la pérdida de rentabilidad de los autónomos.
Uno de los datos centrales que utiliza UPTA para sostener esta tesis es la comparación entre la rebaja conseguida y el incremento acumulado del combustible. Según expone, las medidas actuales apenas representarían alrededor de 0,20 euros por litro, mientras que el encarecimiento de los últimos meses habría superado los 0,48 euros por litro. Esa diferencia, según la organización, deja todavía a muchos trabajadores por cuenta propia pagando el gasóleo cerca de 0,30 euros más caro que antes de la escalada.
Este planteamiento refuerza la idea de que la política fiscal aplicada hasta ahora no basta para amortiguar el golpe. Desde la óptica de UPTA, no se trata de un debate técnico menor, sino de una cuestión de supervivencia para miles de pequeños negocios cuya actividad depende de costes energéticos que no pueden repercutir fácilmente al cliente final.
El “escudo autónomo” que reclama la organización
La organización recuerda además que ya trasladó al Gobierno hace dos semanas una propuesta más amplia bajo la denominación de “Escudo Autónomo”. Ese planteamiento incluía, entre otras medidas, una rebaja directa de al menos 0,30 euros por litro de combustible y la aplicación de un IVA del 5 por ciento en la electricidad. A juicio de UPTA, ese paquete sí habría supuesto un alivio real para quienes trabajan por cuenta propia, al responder con mayor intensidad a la presión que soportan los costes diarios de explotación.
La reivindicación del llamado “escudo autónomo” no se limita al combustible. La organización reclama también ayudas específicas, una reducción de cotizaciones y medidas fiscales adaptadas a la realidad del trabajo autónomo. El mensaje que traslada es que no todos los sectores están en condiciones de absorber el impacto de la crisis energética con la misma facilidad y que el colectivo de autónomos necesita un tratamiento diferenciado si se quiere evitar el cierre de miles de negocios.
UPTA sostiene que las decisiones adoptadas hasta ahora ofrecen una respuesta demasiado generalista, válida para el conjunto de la ciudadanía, pero insuficiente para el caso concreto de quienes dependen directamente del consumo energético y del desplazamiento como parte estructural de su jornada laboral. De ahí que insista en la necesidad de políticas más ambiciosas y con mayor capacidad de impacto sobre la cuenta de resultados de los pequeños negocios.
Bonificaciones al combustible para todos los autónomos
Otro de los puntos centrales de la reclamación de UPTA es la extensión de las bonificaciones adicionales al combustible previstas para sectores específicos. La organización reclama que los 20 céntimos adicionales contemplados para agricultura, ganadería, pesca y transporte no se limiten a esos ámbitos, sino que se amplíen al conjunto de autónomos que utilizan su vehículo como herramienta de trabajo.
Esa petición persigue abrir el foco del debate y cuestionar un criterio sectorial que, según UPTA, deja fuera a miles de trabajadores igualmente afectados por la subida del carburante. La organización considera que resulta incoherente reconocer el impacto del combustible sobre algunos sectores y no hacer lo mismo con otros profesionales cuya actividad cotidiana depende también de los desplazamientos. En esa lógica, un autónomo que necesita el coche o la furgoneta para trabajar se encuentra en una situación comparable, en términos de vulnerabilidad económica, a la de otros colectivos ya incluidos en el esquema de ayudas.
La ampliación de esa bonificación se presenta, por tanto, como una de las medidas más concretas y urgentes defendidas por la organización. No se trataría únicamente de reducir presión sobre determinados sectores, sino de evitar una discriminación dentro del trabajo autónomo entre quienes reciben apoyo directo y quienes, pese a depender también del combustible para trabajar, quedan fuera del sistema de compensaciones.
Críticas a los márgenes de energéticas y papel de las comunidades autónomas
UPTA introduce además otro elemento en su análisis: el comportamiento de las empresas energéticas y distribuidoras. Según la organización, estas compañías continúan aplicando márgenes comerciales elevados, lo que reduce el efecto real de las rebajas fiscales y mantiene los costes en niveles inasumibles para muchos pequeños negocios.
Este enfoque traslada parte de la crítica desde la política pública hacia el funcionamiento del mercado. La organización sugiere que, aunque se aprueben rebajas impositivas, el impacto final sobre el bolsillo del autónomo puede verse limitado si la cadena de comercialización no traslada de forma efectiva esa reducción al precio final. Con ello, UPTA plantea implícitamente que la respuesta a la crisis energética no puede descansar solo en el ajuste fiscal, sino que exige un control mucho más exigente sobre cómo se forman los precios.
A la vez, la organización pide que las comunidades autónomas complementen las medidas estatales con ayudas adicionales. Esta exigencia introduce una dimensión territorial en el debate y abre la puerta a que gobiernos regionales activen sus propias políticas para aliviar el impacto económico de la crisis sobre el trabajo autónomo. En la práctica, UPTA reclama una respuesta compartida entre distintas administraciones y no exclusivamente dependiente del Gobierno central.
Presión al Congreso para endurecer el decreto
La organización también dirige su presión hacia la tramitación parlamentaria del decreto. UPTA insta a los grupos del Congreso a corregir la situación durante ese proceso e incorporar las medidas incluidas en su propuesta de “escudo autónomo”. Con ello intenta aprovechar el margen político de negociación para reforzar un paquete que considera claramente insuficiente en su redacción actual.
El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, resume esta posición al señalar que, aunque las rebajas fiscales aprobadas son positivas, resultan claramente insuficientes para garantizar la viabilidad de muchos negocios. Abad insiste en que para miles de trabajadores por cuenta propia el vehículo no es una opción, sino una herramienta imprescindible para poder desarrollar su actividad, y que por tanto las ayudas deben diseñarse con esa realidad en mente. Según su planteamiento, no basta con un alivio parcial y general, sino que hace falta una intervención más profunda y adaptada a las condiciones reales del colectivo.
Con esta ofensiva, UPTA busca colocar la situación de los autónomos en el centro del debate sobre la crisis energética y obligar a las administraciones a ir más allá de las rebajas fiscales generales. El mensaje de fondo es claro: si no se adoptan medidas más contundentes, miles de pequeños negocios seguirán soportando unos costes energéticos que comprometen seriamente su continuidad.
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