El PSOE logra sacar adelante la iniciativa y denuncia décadas de retrasos pese al aumento de la población mayor
La Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista para instar al Consejo de Gobierno a dotar a Molina de Segura de una residencia pública para personas mayores, una reivindicación histórica del municipio que volvió a debatirse este martes en la Cámara autonómica. La moción salió adelante con el apoyo mayoritario del arco parlamentario y con el voto en contra del Partido Popular.
La propuesta reabre uno de los debates sociales más persistentes en Molina de Segura: la falta de un centro residencial público en una localidad con una población mayor creciente y con una oferta de plazas que, según los datos expuestos por el PSOE, resulta claramente insuficiente. La diputada socialista María Dolores Martínez Pay fue la encargada de defender la iniciativa y situó el foco en la brecha existente entre las necesidades reales del municipio y los recursos disponibles.
Según trasladó durante su intervención, Molina de Segura cuenta con más de 9.600 personas mayores de 65 años y una oferta local de apenas 248 plazas residenciales. Para los socialistas, la cuestión no es únicamente cuantitativa, sino también económica, al sostener que buena parte de las familias no puede asumir el coste de una residencia privada con cuotas superiores a los 2.000 euros mensuales.
Déficit regional y dependencia del sector privado
La diputada socialista amplió la crítica al conjunto del modelo residencial de la Región de Murcia. Según los datos oficiales citados en el debate, la comunidad autónoma dispone de cinco residencias públicas frente a 58 privadas, una proporción que, a juicio del PSOE, evidencia una red pública escasa y una fuerte dependencia de la iniciativa privada y de la concertación.
Martínez Pay también aludió a cifras del IMSERSO correspondientes a 2024, según las cuales la Región de Murcia contaba con 6.005 plazas residenciales y una cobertura de 2,22 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, aproximadamente la mitad de la media nacional. La diputada sostuvo que estos datos reflejan una posición de desventaja respecto a otros territorios.
A ello sumó el problema de los tiempos de espera vinculados a la dependencia. Según expuso, en marzo de 2026 la Región de Murcia registraba el mayor plazo medio de tramitación de España, con 553 días, una demora que agrava la situación de muchas familias que necesitan una plaza pública o concertada con urgencia.
Una promesa pendiente desde hace más de dos décadas
Uno de los argumentos más repetidos por el PSOE durante el debate fue el largo historial de anuncios y compromisos incumplidos en torno a esta residencia pública. La diputada recordó que ya existían referencias oficiales sobre este proyecto en la Asamblea Regional en 2005 y 2006, con menciones presupuestarias específicas.
También señaló que en 2019 todos los grupos del Ayuntamiento de Molina de Segura apoyaron por unanimidad la necesidad de construir la residencia, una posición que volvió a repetirse en 2023. Pese a ello, en 2026 el municipio continúa sin esta infraestructura pública.
Para Martínez Pay, esta secuencia demuestra una forma de gobernar basada en anunciar, aplazar y volver a anunciar sin ejecutar finalmente los proyectos comprometidos. La diputada acusó directamente al Gobierno regional de haber fallado tanto a Molina de Segura como a sus personas mayores.
Presupuesto, calendario y seguimiento ciudadano
Además de reclamar la construcción del centro, el PSOE pidió que el proyecto vaya acompañado de presupuesto, calendario y mecanismos de seguimiento público. En ese marco, la diputada defendió que la Plataforma de Pensionistas de Molina de Segura participe en la vigilancia democrática del cumplimiento de la iniciativa.
Durante el debate estuvieron presentes decenas de integrantes de ese colectivo ciudadano, cuya reivindicación lleva años activa en el municipio. Martínez Pay se dirigió expresamente a ellos para trasladarles el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista y reivindicar que la protección de las personas mayores no puede depender del mercado ni de la capacidad económica de las familias.
La aprobación parlamentaria no implica la ejecución automática del proyecto, pero sí aumenta la presión política sobre el Ejecutivo regional para concretar una actuación largamente reclamada. Tras más de veinte años de anuncios, Molina de Segura vuelve a situar sobre la mesa una demanda que sigue pendiente: disponer de una residencia pública propia para atender a una población mayor cada vez más numerosa.
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