El colectivo reclama al Ayuntamiento de Cartagena y a la Comunidad una paralización cautelar y avisa de que acudirá a la vía judicial si no se atiende su petición
La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete y su entorno ha solicitado formalmente al Ayuntamiento de Cartagena y a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma que no se inicien las obras previstas en el entorno de la calle Morería Baja mientras no se aclare de forma expresa y motivada su compatibilidad con la protección patrimonial y arqueológica del lugar. El colectivo, que ha articulado esta petición a través del abogado Pedro Antonio Martínez, del bufete Técnicas Legales, considera que existen contradicciones en los criterios de Patrimonio Cultural y advierte de que este paso constituye la antesala de una posible actuación por la vía judicial si sus reclamaciones no son atendidas.
La iniciativa de la Coordinadora reabre un conflicto de fondo sobre una de las zonas más sensibles del casco histórico de Cartagena. El núcleo de la controversia está en el alcance real de la actuación proyectada y en la consideración patrimonial del ámbito afectado. Según sostiene el colectivo, la intervención promovida por el Ayuntamiento a través de la sociedad Casco Antiguo no puede tratarse como una obra menor, provisional o superficial cuando, a su juicio, incluye elementos con incidencia directa en el subsuelo de un espacio especialmente delicado desde el punto de vista arqueológico.
La petición registrada ante el Consistorio reclama que se acuerde la “suspensión inmediata o paralización cautelar de cualquier actuación material” en el ámbito de la calle Morería Baja y su entorno mientras no quede plenamente esclarecida la compatibilidad del proyecto con la protección del enclave y mientras no se justifique de forma suficiente por qué se impulsa esta actuación sin haber culminado antes un instrumento específico de ordenación y protección del Cerro del Molinete. Para la Coordinadora, ese vacío previo resulta especialmente problemático en un entorno que arrastra desde hace años una evidente tensión entre intervenciones urbanísticas y preservación del patrimonio histórico.
De forma subsidiaria, el escrito plantea que, si no se acuerda la paralización completa, al menos se garantice expresamente que no se ejecutará ninguna zanja, roza, canalización, movimiento de tierras o alteración del terreno con incidencia en el subsuelo hasta que exista un pronunciamiento claro y completo de la administración cultural competente y se apliquen de manera efectiva todas las cautelas arqueológicas necesarias. Es decir, el colectivo sitúa el mayor riesgo precisamente en cualquier obra que remueva terreno en una zona donde puede haber restos de enorme valor histórico.
La controversia se centra en las contradicciones sobre la protección del Cerro del Molinete
Uno de los argumentos principales de la Coordinadora gira en torno a lo que considera una contradicción de fondo en la posición de Patrimonio Cultural. En el escrito remitido a la Dirección General, el colectivo pide al Gobierno regional que dicte un pronunciamiento “expreso, claro, terminante y debidamente motivado” sobre esa supuesta contradicción y que aclare si ratifica o rectifica el criterio conforme al cual la actuación proyectada no afectaría a ningún Bien de Interés Cultural ni requeriría intervención alguna de ese órgano.
La reclamación no es menor, porque la Coordinadora recuerda que en resoluciones anteriores el Cerro del Molinete ha sido considerado integrado en el Conjunto Histórico de Cartagena, ya declarado Bien de Interés Cultural. Desde esa perspectiva, el colectivo ve incompatible que ahora pueda sostenerse que una obra en ese ámbito carece de afectación patrimonial relevante o que no precise una intervención más contundente por parte de la administración cultural.
Ese punto es el que dota a la denuncia de una especial carga jurídica. La Coordinadora no discute solo la conveniencia política o técnica del proyecto, sino la coherencia administrativa del criterio aplicado. Lo que reclama es que la Comunidad Autónoma aclare de manera inequívoca si mantiene el entendimiento previo sobre la protección del cerro o si, por el contrario, ha cambiado de posición, y en ese caso explique con detalle las razones de ese cambio.
Además, el escrito dirigido al Ejecutivo autonómico solicita también la paralización inmediata de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Cartagena en el entorno de Morería Baja o, subsidiariamente, su suspensión cautelar mientras no recaiga una resolución expresa y motivada sobre la compatibilidad de la actuación con la protección patrimonial y arqueológica del lugar. De esta forma, la Coordinadora trata de impedir que la obra avance antes de que exista una respuesta administrativa concluyente.
El fondo del conflicto remite, por tanto, a una cuestión que va más allá del proyecto concreto: quién fija los límites de intervención en un espacio de alta sensibilidad arqueológica y con qué grado de rigor se está aplicando la normativa de protección patrimonial. En un lugar como el Cerro del Molinete, donde se superponen restos púnicos, romanos y posteriores, cualquier actuación sobre el subsuelo tiene una dimensión que excede la mera ejecución material de una obra urbana.
El colectivo ve incompatible la obra con la máxima protección arqueológica del entorno
La Coordinadora sostiene que la intervención promovida dañaría el patrimonio arqueológico púnico y romano de la zona porque incluye canalizaciones subterráneas sin una excavación arqueológica previa, pese a tratarse, según recuerda, de una zona arqueológica A, la de máxima protección, de acuerdo con el Plan Especial del Casco Histórico. Ese dato es uno de los pilares de su argumentación, ya que sitúa el proyecto en el nivel más exigente de cautela desde el punto de vista patrimonial.
El colectivo también reclama al Ayuntamiento que motive de forma expresa, suficiente y concreta por qué la calificación de la actuación como “provisional” y “superficial” resulta materialmente congruente con el contenido real del proyecto aprobado y con la especial sensibilidad del ámbito afectado. La objeción es clara: no basta con definir administrativamente una obra como limitada si en la práctica puede implicar movimientos o alteraciones del terreno incompatibles con la protección reforzada que exige el lugar.
En paralelo, la Coordinadora exige que el Consistorio se pronuncie expresamente sobre la razón por la que impulsa la actuación sin haber culminado, aprobado y puesto en aplicación un instrumento específico, completo y operativo de ordenación y protección del Cerro del Molinete, pese a la exigencia, según recuerda el propio colectivo, de contar con un Plan Especial y un Plan Director específicos antes de cualquier actuación en la zona. Aquí la crítica no se dirige solo al contenido material de la obra, sino también al marco general en el que se autoriza.
La portavoz de la Coordinadora, María Luisa Conesa, resume esa posición con una advertencia que refuerza el tono de prudencia exigido por el colectivo. Según subraya, “en materia arqueológica, la prudencia no constituye una opción discrecional, sino una exigencia inherente a la tutela del patrimonio cultural”. La frase no es retórica: marca la línea argumental de una entidad que entiende que cualquier remoción del terreno, alteración estratigráfica o afección a estructuras conservadas puede ocasionar daños irreversibles o muy difíciles de reparar.
Ese es, en última instancia, el núcleo de la ofensiva emprendida por la Coordinadora del Molinete. No plantea una discusión abstracta sobre el urbanismo en Cartagena, sino una impugnación preventiva de unas obras que considera potencialmente lesivas para uno de los espacios arqueológicos más sensibles de la ciudad. Con la mediación de su abogado, el colectivo ha dado ya el paso formal previo a un eventual recurso judicial, dejando claro que no acepta que la obra arranque mientras persistan las dudas sobre su encaje legal y patrimonial. El conflicto queda así en manos del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, que deberán decidir ahora si mantienen el camino emprendido o si atienden una petición de paralización que pone el foco, una vez más, en la fragilidad del patrimonio del Cerro del Molinete.
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