SIDI y UGT exigen responsabilidades a la Consejería por certificados erróneos y piden instrucciones claras para evitar perjuicios económicos
La Consejería de Educación ha provocado un nuevo frente de malestar entre el personal docente de la Región de Murcia por los certificados de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF vinculados al pago de atrasos. SIDI y UGT Servicios Públicos han denunciado el caos generado por la imputación de cantidades al ejercicio 2024 en los certificados de empresa de 2025, una situación que, según los sindicatos, puede afectar a más de 25.000 trabajadores y trabajadoras y que ya habría llevado a algunos docentes a presentar declaraciones de la renta o complementarias con información errónea.
El conflicto se produce en plena campaña de la renta, iniciada el pasado 8 de abril, y después de que la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación publicara una nota informativa sobre la declaración del IRPF de 2025. Para SIDI, esa comunicación llega tarde y no soluciona el problema creado por la propia Consejería, mientras que UGT sostiene que Educación ha recibido un “tirón de orejas” de Hacienda y debe modificar el modelo 190 casi un mes después de abierto el plazo para presentar la declaración.
Los dos sindicatos coinciden en reclamar explicaciones, depuración de responsabilidades y una solución clara para quienes ya han realizado trámites fiscales inducidos por la información facilitada por la Administración educativa. El caso abre una nueva polémica sobre la gestión interna de la Consejería y el impacto directo que sus errores administrativos pueden tener en miles de docentes.
Certificados con cantidades imputadas a 2024
SIDI ha explicado que la Consejería de Educación emitió certificados de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF incluyendo, en muchos casos, cantidades imputadas al ejercicio 2024. Esos documentos incorporaban una advertencia dirigida al perceptor en la que se indicaba que la percepción de atrasos de rendimientos del trabajo podía dar lugar a la presentación de una declaración complementaria por cada ejercicio al que correspondieran dichas cantidades, sin intereses de demora ni recargo.
El sindicato considera que la Consejería modificó erróneamente los certificados de empresa de 2025 y recuerda que en 2024 se produjo una situación similar, cuando la subida salarial de ese año afectó a meses de 2023, sin que entonces se hiciera ningún desglose de cantidades. Para SIDI, la actuación actual carece de justificación y ha generado confusión entre trabajadores que dependen de esos certificados para cumplir correctamente sus obligaciones tributarias.
UGT Servicios Públicos apunta en la misma dirección al señalar que la subida del 0,5% imputada a 2024 debía atribuirse a 2025, tal y como recoge la norma. Según la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, la Consejería “se equivoca una vez más” y crea un problema de gran envergadura entre los docentes de la Región de Murcia.
El problema tiene especial gravedad porque la campaña de la renta ya estaba en marcha cuando se comunicó la necesidad de corregir la información. UGT advierte de que ya hay personas que han presentado la declaración de IRPF de 2025 de forma incorrecta por un error ajeno, mientras SIDI reclama que Educación asuma los gastos derivados de declaraciones complementarias o gestiones fiscales realizadas por la información errónea de los certificados.
Exigen asumir costes y dar instrucciones claras
SIDI exige a la Consejería que establezca un procedimiento para asumir todas las cantidades económicas que hayan tenido que afrontar las personas afectadas, tanto quienes realizaron la declaración de 2025 como quienes presentaron una complementaria de 2024. El sindicato reclama además una solución lo más favorable, sencilla y económica posible para subsanar ante la Agencia Tributaria los trámites ya realizados por algunos docentes.
La organización considera que no puede trasladarse al personal docente el coste económico, administrativo o profesional de un error originado por la propia Administración. En su opinión, si la información fiscal facilitada por la Consejería indujo a realizar declaraciones incorrectas o complementarias innecesarias, debe ser la Administración quien responda y quien proporcione una vía de corrección sin perjuicio para los trabajadores.
UGT, por su parte, pide instrucciones claras y detalladas para todos los escenarios posibles: quienes ya han hecho la declaración de la renta y la complementaria, quienes han presentado solo la declaración de la renta sin complementaria y quienes todavía no han realizado ningún trámite. El sindicato considera imprescindible que Educación ofrezca indicaciones precisas para evitar que el personal afectado tenga que buscar soluciones por su cuenta o asumir el riesgo de nuevas rectificaciones.
Ambas organizaciones reclaman así una respuesta ordenada, urgente y comprensible. La complejidad fiscal del caso puede generar incertidumbre entre miles de empleados públicos, especialmente si existen diferencias entre lo certificado inicialmente, lo que debe corregirse en el modelo 190 y la información que finalmente conste ante la Agencia Tributaria.
Responsabilidades por un error de gran alcance
La denuncia sindical va más allá de la corrección técnica de los certificados. SIDI exige que se depuren responsabilidades por lo sucedido, al considerar que el error puede afectar a más de 25.000 trabajadores. UGT eleva también el tono y reclama la dimisión de la persona responsable de este fallo, al entender que la Consejería ha provocado un caos evitable en plena campaña fiscal.
El episodio vuelve a colocar a la Consejería de Educación en el centro de las críticas sindicales, esta vez por una cuestión administrativa con posibles consecuencias económicas directas para el personal. Los sindicatos advierten de que la tardanza en comunicar el problema ha agravado la situación, ya que algunos docentes habían actuado conforme a la información oficial que tenían disponible.
La exigencia común es que Educación no se limite a publicar una nota informativa, sino que asuma el alcance del error, coordine una solución con Hacienda y facilite a los trabajadores una guía clara para corregir sus declaraciones si fuera necesario. Para los sindicatos, cualquier coste derivado del fallo debe ser asumido por la Administración responsable y no por quienes han cumplido sus obligaciones fiscales siguiendo los certificados emitidos por la propia Consejería.
Con esta denuncia conjunta, SIDI y UGT convierten el error en los certificados del IRPF en un nuevo conflicto laboral y administrativo dentro de la enseñanza pública regional. El personal afectado queda ahora pendiente de una respuesta oficial que aclare cómo proceder, qué datos serán corregidos, si habrá que modificar declaraciones ya presentadas y quién asumirá los gastos derivados de un problema que los sindicatos atribuyen directamente a la Consejería de Educación.
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