«La aconfesionalidad del Estado no debería ser una declaración retórica, sino una guía efectiva para la acción pública»
En pleno siglo XXI, España mantiene en su sistema fiscal un mecanismo que difícilmente resistiría un análisis riguroso si se planteara hoy desde cero: la posibilidad de asignar parte del IRPF a la Iglesia católica mediante una casilla específica. Lo que en su día pudo justificarse como un compromiso transicional, hoy se revela cada vez más como un anacronismo político y un privilegio difícil de defender en una democracia que se define como aconfesional.
En campaña de la renta, la reiterada petición de asociaciones como CONSUMUR o Europa Laica no debería de despacharse como una simple ocurrencia o como una reivindicación marginal. Al contrario, pone el foco sobre una anomalía estructural y contradictoria: el Estado sigue actuando como intermediario en la financiación de una confesión concreta, otorgándole un canal privilegiado que no existe en igualdad de condiciones para el resto de actores sociales.
Porque conviene llamar a las cosas por su nombre: la casilla de la Iglesia no es neutral. No es inocua. Es una herramienta política que consolida una relación de favor entre el Estado y una institución determinada. Y aunque formalmente dependa de la voluntad del contribuyente, su mera existencia dentro del sistema tributario ya implica un reconocimiento diferencial que rompe el principio de igualdad.
Más aún, el argumento habitual de que “no cuesta dinero al contribuyente” es, en el mejor de los casos, una simplificación interesada. El dinero público es, por definición, limitado. Cada euro que se asigna a un destino concreto deja de estar disponible para otros fines decididos mediante mecanismos de planificación presupuestaria y control parlamentario. Sustraer una parte de ese debate al ámbito democrático para delegarlo en una casilla individual no es más participativo: es menos transparente y menos responsable políticamente.
A esto se suma un problema de claridad, o de falta de ella. Durante años se ha instalado la idea de que marcar la casilla equivale a apoyar fines sociales, cuando una parte mayoritaria de esos fondos se destina al sostenimiento interno de la institución eclesiástica. Esta ambigüedad no es casual: forma parte de un diseño que evita el escrutinio público que sí se exige a otras partidas presupuestarias.
Pero el problema de fondo es aún más profundo. Mantener este sistema en la España actual supone ignorar una realidad social evidente: la creciente pluralidad de creencias y la expansión de posiciones no religiosas. En este contexto, sostener un mecanismo que beneficia exclusivamente a la Iglesia católica no solo resulta difícil de justificar, sino que proyecta la imagen de un Estado que no ha terminado de desprenderse de inercias históricas.
Quienes defienden el statu quo suelen apelar a la tradición o a los acuerdos con la Santa Sede. Sin embargo, la política no puede quedar congelada en compromisos heredados si estos entran en contradicción con los principios que la propia sociedad demanda hoy.
La aconfesionalidad del Estado no debería ser una declaración retórica, sino una guía efectiva para la acción pública.
Suprimir la casilla de la Iglesia no es un ataque a la libertad religiosa. Es, precisamente, lo contrario: una forma de reforzarla al desvincularla del aparato estatal. Las confesiones religiosas, como cualquier otra organización en una sociedad democrática, deben sostenerse sobre la base del apoyo voluntario de sus miembros, no mediante mecanismos insertados en el sistema impositivo general.
En realidad, la pregunta no es por qué habría que eliminar esta casilla, sino por qué se sigue manteniendo. Y la respuesta remite menos a razones técnicas que a falta de voluntad política. Abrir este debate implica cuestionar equilibrios históricos y afrontar resistencias, pero también supone dar un paso hacia un modelo institucional más coherente, más transparente y más acorde con una democracia de calidad.
España no necesita privilegios fiscales encubiertos. Necesita reglas claras, iguales para todos y alineadas con los principios que dice defender.
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