«La Región recurre la regularización mientras depende del trabajo extranjero en el campo, los cuidados y la hostelería«
Hay decisiones políticas que retratan mejor a un gobierno que cien ruedas de prensa. La del Ejecutivo de Fernando López Miras de recurrir la regularización extraordinaria de personas migrantes justo cuando entra en vigor es una de ellas. No porque sorprenda, sino porque confirma una costumbre muy murciana de cierta derecha: aprovecharse de una realidad económica mientras se la estigmatiza en público. La Región de Murcia quiere la fruta recogida, los almacenes funcionando, las cocinas abiertas y los mayores atendidos, pero se incomoda cuando toca reconocer con derechos a buena parte de quienes sostienen todo eso.
El decreto estatal no regulariza a personas que “van a venir”, sino a personas que ya están aquí. El propio Real Decreto 316/2026, publicado en el BOE el 15 de abril y en vigor desde el 16 de abril, exige estar en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar al menos cinco meses de permanencia continuada y carecer de antecedentes penales. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 30 de junio, con presentación telemática desde el 16 de abril y atención presencial desde el 20 de abril. Es decir, no hay barra libre, ni improvisación de última hora, ni una amnistía sin condiciones, sino un procedimiento acotado, con requisitos y fecha de cierre.
Por eso cuesta tomar en serio el argumento oficial de la “falta de planificación”. El BOE recoge expresamente que el real decreto fue sometido a audiencia e información pública, que se solicitaron informes a varios órganos estatales y que también fueron consultadas las comunidades autónomas, además de la FEMP. Y recuerda algo todavía más básico: que inmigración y extranjería son competencia exclusiva del Estado. El Gobierno regional puede discrepar políticamente, por supuesto. Lo que no puede hacer sin rubor es presentarse como una víctima de una norma tramitada, consultada y publicada conforme al marco legal.
Una región que vive del trabajo migrante
La contradicción se vuelve obscena cuando se mira la realidad económica de la Región. En marzo de 2026, Murcia superó los 115.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, y más de 51.600 de ellos estaban encuadrados en el sistema especial agrario. No hablamos de una presencia testimonial ni de un fenómeno marginal. Hablamos de una parte estructural del mercado laboral murciano. También hablamos de una comunidad con más de 250.000 residentes extranjeros al inicio de 2025, una proporción muy relevante en su tejido social y productivo.
Murcia no puede fingir que esto no va con ella. La agricultura intensiva, el manipulado agroalimentario, la hostelería, los cuidados y buena parte de la economía cotidiana de la Región no se entienden sin mano de obra migrante. Se puede discutir casi todo en política, pero no se puede reescribir la realidad. Y la realidad es que aquí se lleva demasiados años aceptando con naturalidad una ecuación moralmente indecente: trabajo sí, derechos no; esfuerzo sí, papeles no; productividad sí, dignidad a conveniencia.
Eso es exactamente lo que desbarata una regularización extraordinaria como esta. Porque convierte en visibles a quienes algunos preferían seguir manteniendo en esa penumbra tan útil para ciertos sectores: personas que trabajan, cuidan y cotizan potencialmente, pero a las que se les quiere dejar a un paso de la intemperie administrativa. Regularizar no es premiar nada extraño. Es asumir que no hay economía decente posible si una parte de quienes la hacen funcionar sigue atrapada entre el miedo, la informalidad y la explotación.
El recurso anunciado por el Gobierno regional no se entiende, por tanto, como una cuestión técnica. Se entiende como un gesto político. Uno más. Una señal a un electorado al que se le quiere repetir que el problema siempre viene de fuera, aunque aquí dentro se recoja con manos extranjeras, se limpie con manos extranjeras, se sirva con manos extranjeras y se sostenga la atención doméstica con manos extranjeras. Esa es la gran hipocresía de fondo: convertir a la inmigración en amenaza retórica mientras se explota su utilidad económica como si fuera un hecho natural.
El miedo como coartada
La coartada del Gobierno regional es conocida: presión sobre los servicios públicos, falta de memoria económica, riesgo de colapso administrativo. Pero incluso ese relato hace agua cuando se observa el arranque del proceso. En la Región de Murcia se han reforzado 18 oficinas para su gestión, entre dependencias de Extranjería, oficinas de la Seguridad Social y oficinas de Correos, y el primer día no estuvo marcado por el caos, sino por la normalidad e incluso por la calma en la Oficina de Extranjería de Espinardo. Lo que había no era un descontrol, sino un procedimiento en marcha.
Es legítimo pedir medios. Lo que no es legítimo es usar la falta de medios como excusa para negar derechos a quienes ya viven y trabajan aquí. Si esa lógica se aplicara con honestidad, la Región tendría que recurrir cada semana contra su propia sanidad, contra sus listas de espera, contra la falta de personal educativo o contra la precariedad crónica de los servicios sociales. Pero ahí no hay recursos judiciales grandilocuentes, porque ahí no hay rentabilidad electoral inmediata. Con la inmigración sí la hay. Y por eso se recurre más rápido un decreto de regularización que una década de deterioro de servicios públicos.
Además, el Gobierno regional sabe perfectamente que el discurso del “efecto llamada” se cae solo cuando la norma exige residencia previa en España antes del 1 de enero de 2026. No se está invitando a venir; se está ordenando una realidad ya existente. Se está diciendo algo bastante simple: si una persona ya vive aquí, trabaja aquí y forma parte de la sociedad de hecho, tiene más sentido integrarla con derechos y obligaciones que perpetuar su vulnerabilidad. Eso no es ingenuidad. Eso es realismo. Y también es una forma de defender el interés general.
Porque lo que fortalece lo público no es la invisibilidad administrativa, sino la incorporación plena a la legalidad laboral, fiscal y social. Lo que debilita una comunidad no es que una trabajadora extranjera pueda cotizar en regla o acceder con seguridad a un procedimiento; lo que la debilita es mantener bolsas de irregularidad funcional que abaratan costes a unos y degradan la convivencia de todos. El problema nunca fue que hubiera demasiados derechos. El problema era que había demasiada gente sosteniendo la Región sin tenerlos.
El Gobierno regional haría bien en mirarse al espejo antes de recurrir nada. Una tierra que se reclama laboriosa y abierta no puede permitirse este doble lenguaje miserable. No puede vivir del trabajo migrante y, al mismo tiempo, hacer política contra su reconocimiento. No puede pedir brazos y negar ciudadanía. No puede presumir de campo, empresa y dinamismo mientras convierte la regularización en un espantajo partidista. A veces la verdadera falta de planificación no está en un decreto. Está en una forma de gobernar que ha decidido que el miedo da más votos que la decencia.
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