El PSOE denuncia opacidad, uso partidista del dinero público y pagos a medios afines sin rendición de cuentas
El Partido Popular ha rechazado en la Asamblea Regional una iniciativa del PSOE que pretendía reforzar el control sobre el gasto del Gobierno de Fernando López Miras en publicidad y comunicación institucional. La moción, debatida en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos, buscaba obligar al Ejecutivo autonómico a rendir cuentas cada cuatro meses sobre estas partidas, tanto ante la Cámara como en el Portal de la Transparencia, para garantizar que el dinero público se destina a campañas de interés general y no a fines partidistas o propagandísticos.
El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres, defendió la propuesta con una crítica directa a la gestión del Ejecutivo regional en esta materia. Según el PSOE, el Gobierno de López Miras incumple de forma reiterada la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de la Región de Murcia, que establece la obligación de elaborar un informe anual detallado sobre este gasto, con criterios de adjudicación, adjudicatarios, objetivos alcanzados, remisión a la Asamblea Regional y publicación en el Portal de la Transparencia.
Torres sostuvo que la publicidad institucional debe responder exclusivamente al interés general, con criterios objetivos y finalidades informativas, y nunca utilizarse para reforzar la imagen de un gobierno o construir relatos partidistas. La negativa del PP a apoyar la moción ha sido interpretada por los socialistas como una nueva muestra de falta de compromiso con la transparencia y con el control del dinero público.
El PSOE denuncia incumplimientos de la ley regional de publicidad
La iniciativa socialista planteaba introducir una fiscalización más frecuente del gasto en publicidad institucional. El objetivo era que el Gobierno regional informara cada cuatro meses de las campañas realizadas, los importes abonados, los destinatarios de los contratos, los criterios utilizados para adjudicar la publicidad y la evaluación de los resultados obtenidos.
Para Juan Andrés Torres, este control resulta imprescindible porque la ley vigente ya exige transparencia y evaluación, pero el Ejecutivo autonómico no estaría cumpliendo esas obligaciones en tiempo y forma. El viceportavoz socialista denunció que el Gobierno regional no está elaborando los informes de evaluación como corresponde y que esa ausencia de información impide conocer si las campañas financiadas con dinero público son útiles, eficaces y proporcionadas.
El PSOE pone el foco en un aspecto especialmente sensible: la diferencia entre publicidad institucional y propaganda política. La primera debe servir para informar a la ciudadanía sobre servicios públicos, derechos, campañas sanitarias, turísticas, educativas o administrativas. La segunda, en cambio, utiliza recursos públicos para mejorar la imagen de un gobierno, tapar su gestión o favorecer determinados relatos políticos. Según los socialistas, esa frontera se está desdibujando en la Región de Murcia.
Torres recordó que el dinero destinado a publicidad institucional pertenece a la ciudadanía, no al Gobierno de turno. Por eso, defendió que debe estar sometido a los máximos estándares de transparencia, objetividad, control y ejemplaridad. A su juicio, no basta con publicar partidas generales o adjudicaciones dispersas: es necesario conocer la finalidad de cada campaña, el impacto alcanzado y la justificación de cada gasto.
El viceportavoz socialista también señaló que, al estar finalizando el primer cuatrimestre de 2026, el Gobierno regional todavía no ha publicado ningún Plan de Comunicación y Publicidad Institucional. Para el PSOE, esta ausencia refuerza la sospecha de una gestión opaca en un ámbito donde deberían primar la planificación, la publicidad activa y la rendición de cuentas.
Pagos a medios y acusaciones de uso partidista
Durante su intervención, Torres citó varios ejemplos que, según el PSOE, reflejan un uso inadecuado del dinero destinado a comunicación institucional. Entre ellos, mencionó el pago de 11.000 euros a OK Diario por una entrevista de 25 minutos al consejero Marcos Ortuño que, según afirmó, tuvo poco más de 200 visualizaciones. También señaló el abono de 7.260 euros a Javier Negre, a quien describió como una persona condenada por difundir bulos y desinformación.
Con estos ejemplos, el PSOE pretende evidenciar que la falta de controles puede permitir que fondos públicos terminen financiando espacios de escaso impacto informativo o medios y comunicadores alineados ideológicamente con el discurso del Gobierno regional. Torres advirtió de que no se puede permitir que miles de euros de la ciudadanía acaben destinándose a “pseudomedios” o a agitadores de ultraderecha, en lugar de a campañas institucionales útiles y verificables.
La crítica socialista va más allá de casos concretos. El grupo parlamentario considera que existe una estrategia del Gobierno regional para utilizar la publicidad institucional como herramienta de protección política ante una gestión que califican de desastrosa. Torres vinculó este gasto con la necesidad del Ejecutivo de López Miras de distraer la atención sobre asuntos como la desaladora de Escombreras, el aeropuerto de Corvera o la deuda acumulada de la Región de Murcia, que situó por encima de los 13.000 millones de euros.
El viceportavoz socialista afirmó que el Gobierno regional “no sabe cómo tapar” su gestión, pero advirtió de que el PSOE no va a consentir que lo haga a costa del dinero de todos los ciudadanos. También denunció que el ITREM se haya convertido, según sus palabras, en “un pozo sin fondo de opacidad”, y criticó que se incumplan leyes autonómicas sin consecuencias políticas ni administrativas.
Una votación que deja intacta la opacidad
El rechazo del PP impide, por ahora, que la Asamblea Regional refuerce el control periódico del gasto en publicidad institucional. Para el PSOE, la votación deja intacto un modelo opaco que permite al Gobierno regional manejar recursos públicos en comunicación sin someterse a una fiscalización suficiente y sin justificar de forma clara la utilidad de cada campaña.
Los socialistas insisten en que la publicidad institucional no puede ser una herramienta al servicio del poder, sino un instrumento de información pública. En su opinión, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se gasta, a quién se paga, por qué se adjudican determinadas campañas y qué resultados tienen. Sin esa información, el riesgo es que el dinero público se utilice para sostener relatos favorables al Ejecutivo, premiar afinidades mediáticas o alimentar estrategias de propaganda.
La moción rechazada pretendía precisamente cerrar esa puerta mediante obligaciones periódicas de información y publicación. El PSOE defendía que rendir cuentas cada cuatro meses permitiría detectar desviaciones, evitar adjudicaciones arbitrarias y garantizar que las campañas respondan a necesidades reales de la ciudadanía.
Torres concluyó su intervención recordando que el dinero público no puede utilizarse para reforzar la imagen de un gobierno ni para construir relatos partidistas. La publicidad institucional, señaló, debe pertenecer a la ciudadanía, porque es la ciudadanía quien la paga. Con el voto en contra del PP, el debate queda abierto y el PSOE sitúa la transparencia en la comunicación institucional como un nuevo frente político contra el Gobierno de López Miras.
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