El PSOE denuncia que el Gobierno de Fulgencio Gil sigue sin entregar documentación pese al fallo que reconoce vulneración de derechos fundamentales
El Grupo Municipal Socialista de Lorca ha denunciado que el equipo de Gobierno de PP y Vox continúa incumpliendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que reconoce la vulneración de derechos fundamentales del PSOE por la falta de acceso a información y documentación municipal solicitada. Los concejales socialistas Isidro Abellán y Nines Mazuecos han acusado al Ejecutivo de Fulgencio Gil de mantener una actitud de opacidad pese a que existe una resolución judicial dictada el pasado 18 de marzo.
Según ha explicado el PSOE, la sentencia del TSJ confirma que se vulneraron los derechos fundamentales del Grupo Socialista al no facilitar documentación requerida en el ejercicio de su función de control al Gobierno municipal. La formación sostiene que esta negativa contraviene el artículo 23 de la Constitución Española, relativo al derecho de participación política, y el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local, que reconoce el derecho de los miembros de las corporaciones locales a obtener del alcalde o de la Junta de Gobierno los antecedentes, datos o informaciones que resulten necesarios para el desarrollo de su labor.
Isidro Abellán ha advertido de que la situación ya no puede entenderse como una discrepancia política ordinaria entre gobierno y oposición, sino como un problema de cumplimiento de la ley. “El equipo de gobierno debe decidir si sigue instalado en la opacidad o si pretende respetar las sentencias judiciales”, ha señalado el concejal socialista.
El antiguo Centro Comarcal de Salud y los informes no entregados
Uno de los expedientes señalados por el PSOE es el del antiguo Centro Comarcal de Salud, un inmueble afectado por problemas en un muro de contención desde 2020. Isidro Abellán ha detallado que el Grupo Socialista solicitó en agosto de 2024 todos los informes técnicos existentes sobre el estado del edificio, tanto los elaborados por el Ayuntamiento como los procedentes de la Comunidad Autónoma.
Según el concejal, esa documentación no fue facilitada en los términos solicitados, lo que obligó al PSOE a judicializar el caso. Tras ese proceso, el Ayuntamiento remitió al juzgado documentación que, de acuerdo con la interpretación trasladada por los socialistas, la propia sentencia considera “desviada e insuficiente” y sin relación directa con lo pedido.
Abellán ha insistido en que el caso no afecta a un asunto menor ni a una simple petición administrativa. El PSOE sostiene que el muro de contención situado en la calle Barandillas supone un riesgo real de derrumbe en periodos de lluvia y que, pese a esa situación, el Ayuntamiento no ha aclarado qué planes tiene para el edificio ni qué actuaciones prevé acometer.
Para el Grupo Municipal Socialista, la falta de información impide ejercer adecuadamente la labor de fiscalización política y limita la capacidad de la oposición para conocer el estado real de un inmueble con posibles implicaciones de seguridad pública. La formación considera especialmente grave que, en un expediente donde pueden existir riesgos para la ciudadanía, el Gobierno local mantenga una respuesta incompleta o evasiva.
El PSOE exige claridad sobre el Albergue de Coy
La concejala Nines Mazuecos ha centrado también la denuncia socialista en el expediente del Albergue de Coy, un edificio del siglo XVIII protegido cuya gestión el PSOE considera irregular. La formación reclama conocer bajo qué criterios técnicos se adoptaron distintas decisiones sobre este inmueble, desde una primera previsión de rehabilitación hasta su cierre y el posterior intento de demolición.
Según ha señalado Mazuecos, el Ayuntamiento llegó a plantear una rehabilitación del edificio con un presupuesto de 200.000 euros, pero posteriormente cambió de criterio, cerró el albergue e intentó avanzar hacia su demolición pese a la protección patrimonial del inmueble. El PSOE exige saber qué informes justificaron cada una de esas decisiones y por qué se modificó el rumbo de la actuación.
La edil socialista también ha cuestionado el gasto destinado al diseño de un proyecto para una obra que finalmente no se iba a ejecutar. A juicio del PSOE, este tipo de decisiones requieren transparencia documental y explicaciones políticas, especialmente cuando afectan a patrimonio protegido y a recursos públicos.
El caso del Albergue de Coy se suma así al del antiguo Centro Comarcal de Salud como ejemplo, según los socialistas, de una forma de gobernar basada en la falta de información, la negativa a entregar documentación y la dificultad para conocer los criterios técnicos que sustentan actuaciones municipales relevantes.
Advertencia de consecuencias legales
El Grupo Municipal Socialista ha advertido de que el incumplimiento de una sentencia firme puede tener consecuencias jurídicas para el Ayuntamiento y para quienes persistan en no ejecutar lo ordenado por los tribunales. Entre ellas, el PSOE cita la posibilidad de ejecuciones forzosas por parte del juzgado, sanciones y multas personales tanto a funcionarios como a responsables políticos, e incluso la exigencia de responsabilidades personales ante la justicia.
Isidro Abellán ha remarcado que el Gobierno local debe cumplir la resolución y facilitar la documentación solicitada sin más demoras. Para el concejal, lo que está en juego no es únicamente el acceso del PSOE a expedientes concretos, sino el respeto a las reglas básicas de control democrático en una administración pública.
Nines Mazuecos ha sido especialmente crítica con la actitud del alcalde, Fulgencio Gil, al considerar que el regidor pretende normalizar la idea de que puede situarse por encima de decisiones judiciales y de la ley. La concejala ha advertido de que ese mensaje resulta “muy peligroso” para la ciudadanía y ha asegurado que algunas declaraciones realizadas por el equipo de Gobierno de PP y Vox en el Pleno reflejan esa deriva.
La denuncia del PSOE abre un nuevo frente institucional en Lorca y sitúa de nuevo el debate sobre la transparencia municipal en el centro de la confrontación política. Para los socialistas, el Gobierno local tiene ahora una obligación clara: acatar la sentencia, entregar la documentación reclamada y dejar de bloquear el trabajo de fiscalización de la oposición. Mantener la negativa, advierten, ya no sería solo una muestra de opacidad, sino un incumplimiento directo de una resolución judicial que reconoce la vulneración de derechos fundamentales.
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