Pedro Contreras alerta de casi 40 millones en rojo de 2025 y avisa de otra reforma del Plan Económico Financiero
El PSOE de Cartagena ha elevado la presión sobre el Gobierno local de Noelia Arroyo y le ha exigido que haga públicas de manera inmediata las medidas que pretende adoptar para afrontar el deterioro económico del Ayuntamiento. El concejal socialista Pedro Contreras sostiene que la situación financiera municipal vuelve a obligar al Ejecutivo de PP y Vox a mover ficha y advierte de que será necesario modificar de nuevo el Plan Económico Financiero para intentar resolver un desfase que, según su denuncia, arrastra casi 40 millones de euros en rojo correspondientes al ejercicio 2025.
La crítica socialista se centra en la dimensión acumulada del problema. Según la valoración trasladada por Contreras, el agujero económico del Ayuntamiento superaría ya los 110 millones de euros al sumar distintas variables que dibujan, en su opinión, un escenario de enorme fragilidad: los 10 millones de déficit del pasado año, más de 25 millones de remanente negativo en caja a finales de 2025 y una deuda que, según afirma, rebasa los 70 millones de euros. Sobre esa base, el PSOE reclama al Gobierno municipal que deje de actuar con opacidad y explique con claridad qué ajustes piensa aplicar para reconducir una situación que considera cada vez más grave.
El edil socialista presenta este nuevo episodio como la confirmación de que el equipo de Gobierno no ha sido capaz de cumplir ni siquiera con las medidas que él mismo se impuso hace menos de un año. El foco de la crítica está en el Plan Económico Financiero, que ya fue modificado en 2025 por la mala evolución de las cuentas y que, según el PSOE, tendrá que volver a retocarse ahora por la incapacidad del Ejecutivo local para corregir el rumbo. Para los socialistas, este encadenamiento de rectificaciones evidencia un problema estructural de gestión y no un simple desajuste puntual.
Contreras sostiene que la situación actual no es fruto de una coyuntura imprevisible, sino de una política económica fallida. En su relato, el Gobierno municipal ha ido acumulando desequilibrios hasta desembocar en un escenario donde ni el presupuesto aprobado para 2026 refleja de verdad la magnitud del problema heredado del año anterior. Esa es una de las denuncias centrales del PSOE: que las cuentas municipales no incorporan de forma realista el impacto del agujero generado en 2025 y que, por tanto, el ajuste pendiente sigue aplazándose mientras el deterioro financiero se hace mayor.
El PSOE augura nuevos recortes o más presión fiscal
Uno de los elementos más duros de la denuncia socialista tiene que ver con las posibles consecuencias de esa nueva revisión económica. Pedro Contreras advierte de que las medidas adicionales que el Gobierno de Arroyo termine aplicando podrían volver a traducirse en una subida de impuestos y en un empeoramiento de los servicios públicos. Es decir, el PSOE plantea que la mala gestión del Ejecutivo local puede acabar trasladándose otra vez a los bolsillos de la ciudadanía y al funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento.
Ese es precisamente el terreno político en el que los socialistas quieren situar el debate. No solo hablan de cifras rojas o de equilibrios contables, sino de cómo esas decisiones pueden repercutir directamente en la calidad de los servicios municipales y en la carga fiscal soportada por los vecinos. La crítica no se limita, por tanto, a la aritmética presupuestaria, sino que conecta el deterioro de las cuentas con una posible degradación de la vida municipal y con nuevas exigencias económicas para la población.
Según Contreras, el hecho de que el presupuesto de 2026 no contemple el desfase de casi 40 millones de euros derivado de la gestión de 2025 refuerza la idea de que el problema no está resuelto, sino solo desplazado en el tiempo. El PSOE interpreta que el Gobierno local sigue evitando afrontar la magnitud real del agujero y que, tarde o temprano, tendrá que adoptar medidas impopulares para intentar cuadrar unas cuentas que siguen tensionadas. De ahí que exija conocer desde ya cuáles serán esos pasos y con qué impacto se pretende ejecutarlos.
La insistencia socialista en que el Ejecutivo local revele su hoja de ruta responde también a una lectura política más amplia. Para la oposición, el Ayuntamiento no puede seguir operando en un clima de improvisación financiera mientras arrastra un nivel de endeudamiento y déficit que, según denuncia, compromete su capacidad de maniobra. El PSOE quiere situar al Gobierno de Arroyo ante la obligación de explicar si piensa recortar, subir ingresos o seguir aplazando decisiones de fondo en un contexto cada vez más delicado.
El préstamo de 10 millones aparece ahora rodeado de dudas
El grupo socialista también pone el foco sobre una de las operaciones financieras que el propio Gobierno municipal anunció a comienzos de año: la solicitud de un préstamo de 10 millones de euros. Según recuerda Contreras, esa operación ya obligó a modificar el Plan Económico Financiero, pero ahora su viabilidad podría verse comprometida por la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento. La duda que plantea el PSOE no es menor, porque ese crédito aparece vinculado tanto al equilibrio de tesorería como a determinadas inversiones municipales.
En la lectura socialista, la concesión de ese préstamo no puede darse por descontada en un Ayuntamiento con una posición económica tan deteriorada. Contreras sugiere que habrá que ver si el Consistorio está realmente en condiciones de asumir esa operación financiera y, en consecuencia, si podrá sostener las inversiones que dependen de ella. La advertencia introduce una nueva capa de incertidumbre sobre la gestión municipal: no solo existiría un agujero importante en las cuentas, sino también dudas sobre la capacidad real del Gobierno para financiarse en las condiciones previstas.
Ese planteamiento permite al PSOE enlazar la crisis económica con la estabilidad política del Ejecutivo local. Contreras habla de una “descomposición” cada vez mayor del Gobierno municipal y sostiene que esa situación está repercutiendo de forma directa en su gestión y en su capacidad de planificación. La crítica apunta así a una combinación de desorden político y mala administración económica, una mezcla que, según los socialistas, estaría agravando el problema en lugar de resolverlo.
La mención a la incapacidad de planificar es especialmente significativa, porque sitúa la discusión más allá del cierre contable de un ejercicio concreto. Para el PSOE, el problema no sería solo el déficit o el remanente negativo heredado de 2025, sino la ausencia de una estrategia creíble para evitar que el deterioro se repita y siga hipotecando la acción del Ayuntamiento. En ese marco, la exigencia de hacer públicas las medidas no es solo una reclamación de transparencia, sino también una forma de forzar al Gobierno local a definir con claridad qué piensa hacer.
La oposición busca convertir el agujero en eje del debate político
Con esta ofensiva, el PSOE de Cartagena intenta consolidar la situación financiera del Ayuntamiento como uno de los grandes frentes de desgaste del Gobierno de Noelia Arroyo. La expresión “agujero económico” no es casual: resume en una fórmula sencilla una crítica que combina déficit, deuda, remanente negativo y dudas sobre la financiación futura. El objetivo político es claro: trasladar la imagen de un Ejecutivo incapaz de controlar sus propias cuentas y obligado a rectificar una y otra vez sus planes de ajuste.
La denuncia de Pedro Contreras llega además con un argumento especialmente incómodo para el Gobierno municipal: la necesidad de volver a modificar un Plan Económico Financiero que ya había sido reformado hace menos de un año. Para el PSOE, ese dato basta para desmontar cualquier discurso de control de la situación. Si el plan aprobado recientemente ya no sirve, sostienen los socialistas, lo que queda en evidencia no es solo una previsión fallida, sino una gestión económica incapaz de sostenerse en el tiempo.
En esa línea, el grupo socialista trata de abrir un debate de fondo sobre las prioridades del Ayuntamiento y sobre el coste político de la mala gestión financiera. La sospecha de nuevos impuestos, el temor a un empeoramiento de servicios y la incertidumbre sobre el préstamo de 10 millones conforman un marco de crítica que la oposición quiere explotar en los próximos meses. No se trata solo de cuestionar cifras, sino de presentar al Gobierno local como un ejecutivo desbordado, sin rumbo económico claro y cada vez más condicionado por las consecuencias de sus propias decisiones.
La exigencia final del PSOE es que el Gobierno de Arroyo abandone el silencio y explique de manera concreta qué medidas piensa aplicar para afrontar una situación que, según su denuncia, ya no admite más maquillaje. Los socialistas sostienen que Cartagena no puede permitirse una política económica basada en parches sucesivos, planes incumplidos y operaciones financieras rodeadas de dudas. Por eso reclaman claridad inmediata sobre un agujero económico que, a su juicio, no solo compromete las cuentas municipales, sino también la credibilidad del Ejecutivo local.
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