El Comisionado de Transparencia solo revisará unas 50 de más de 350 entidades obligadas por falta de recursos
La transparencia pública en la Región de Murcia volverá a avanzar con el freno echado. El Plan de Evaluación de la Publicidad Activa para 2026, aprobado por el Comisionado de Transparencia y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, reconoce expresamente que la falta de recursos materiales y personales hace “imposible” evaluar este año a las más de 350 entidades obligadas a cumplir con la normativa de transparencia. La consecuencia directa es que solo se revisará una muestra aproximada de 50 entidades, alrededor del 14% del total. Dicho de otro modo: el 86% quedará fuera del examen ordinario previsto para este ejercicio.
El documento deja por escrito una realidad incómoda para el Gobierno de Fernando López Miras: el órgano encargado de controlar la publicidad activa y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia no dispone de medios suficientes para revisar el conjunto de sujetos obligados. No se trata de una interpretación política ni de una denuncia externa. Es el propio Comisionado quien admite en la resolución que la “escasez de medios materiales y personales” obliga a planificar objetivos alcanzables y a reducir el alcance de la evaluación anual.
La falta de dotación del órgano fiscalizador convierte el nuevo plan en una herramienta necesaria, pero claramente insuficiente. El Comisionado de Transparencia tiene atribuida por ley la función de controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y evaluar el grado de aplicación de la normativa por parte de administraciones, organismos y entidades públicas. Sin embargo, el Plan 2026 nace limitado desde su origen: hay más de 350 entidades obligadas, pero solo unas 50 pasarán por la evaluación este año.
La cifra es especialmente relevante porque la transparencia no es una cuestión ornamental ni un trámite administrativo menor. La publicidad activa permite que la ciudadanía conozca sin tener que pedirlo contratos, subvenciones, presupuestos, convenios, retribuciones, cargos públicos, encomiendas, información institucional y otros datos esenciales para fiscalizar el uso del dinero público. Si el órgano encargado de revisar esa información no puede llegar a la mayoría de entidades, el control público queda inevitablemente debilitado.
Un sistema nuevo condicionado por la falta de medios
El Plan de Evaluación 2026 se apoya en el nuevo Sistema de Evaluación de la Publicidad Activa en la Región de Murcia, conocido como SEPA_RM, aprobado en febrero por el Comisionado de Transparencia. La intención del nuevo modelo es establecer una metodología sencilla, eficiente y orientada a la mejora continua, con una aplicación informática propia para ordenar las autoevaluaciones, las revisiones expertas, las alegaciones y las recomendaciones finales.
Sobre el papel, el diseño incorpora fases claras. Primero, la entidad evaluada realiza una autoevaluación a través de la aplicación. Después, el Comisionado supervisa esa información mediante una evaluación experta inicial, que puede dar lugar a correcciones, alegaciones o mejoras. Finalmente, se emite una evaluación definitiva con recomendaciones, que será notificada a cada entidad y publicada en la web oficial del Comisionado. El informe final de evaluación deberá estar listo antes del 31 de diciembre de 2026.
El calendario también está fijado. Las entidades incluidas en el plan podrán autoevaluarse entre el 25 de mayo y el 30 de junio. La evaluación experta inicial deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales desde la recepción de cada autoevaluación. Las entidades tendrán luego 10 días para corregir, alegar o mejorar, y las evaluaciones definitivas deberán estar finalizadas antes del 30 de noviembre.
El problema no está en la existencia del procedimiento, sino en su alcance. Una herramienta informática puede facilitar el trabajo, pero no sustituye la necesidad de personal, capacidad técnica y recursos suficientes. El propio plan lo reconoce al limitar la muestra a unas 50 entidades. Por tanto, el primer ejercicio del nuevo sistema no ofrecerá una radiografía completa de la transparencia regional, sino una evaluación parcial de una pequeña parte de los sujetos obligados.
El precedente tampoco invita al optimismo. El documento recuerda que, durante 2024, el extinto Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia encargó evaluaciones correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, pero la participación de las entidades fue mínima. El propio plan cita el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los entes del sector público regional, aprobado el 18 de diciembre de 2025, que advertía de que no podían obtenerse conclusiones relevantes por la baja participación en la autoevaluación, situada por debajo del 15%.
Ese dato añade gravedad al escenario actual. La Región no solo arrastra una baja participación previa en los procesos de autoevaluación de transparencia, sino que ahora el nuevo órgano fiscalizador reconoce que tampoco puede evaluar a la mayoría de entidades obligadas por falta de medios. El resultado es una combinación preocupante: poca participación en el pasado y escasa capacidad de revisión en el presente.
Administración regional, empresas públicas, fundaciones y consorcios
El Plan de Evaluación 2026 señala que este año se revisarán, conforme a la Ley regional de Transparencia y Participación Ciudadana, varios grupos de sujetos obligados. Entre ellos figuran la Administración general de la Comunidad Autónoma, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración regional, sociedades mercantiles regionales o participadas mayoritariamente por el sector público, fundaciones públicas autonómicas y consorcios con personalidad jurídica propia.
El documento también aborda la situación de las entidades locales. Aunque la ley autonómica presenta singularidades respecto a las corporaciones locales, el plan recuerda que estas se rigen por la normativa estatal de transparencia en materia de publicidad activa y, en su caso, por sus propias ordenanzas. Aun así, el Comisionado se considera competente para su evaluación y subraya la obligación de colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales para fomentar la transparencia y mejorar el cumplimiento de la legislación básica.
Este punto es relevante porque la transparencia no afecta solo al Gobierno regional en sentido estricto. También alcanza a un entramado amplio de organismos, empresas, fundaciones, consorcios y entidades vinculadas al sector público. Precisamente por eso, la falta de medios del Comisionado tiene un impacto directo sobre la capacidad de control del conjunto institucional de la Región de Murcia.
La evaluación de publicidad activa debe servir para comprobar si las entidades publican información actualizada, completa, accesible y comprensible. No basta con tener un portal web o con colgar documentos dispersos. La transparencia exige que la ciudadanía pueda localizar la información relevante sin obstáculos, entenderla y utilizarla para ejercer control democrático sobre la acción pública.
Cuando solo se revisa una de cada siete entidades, ese control se vuelve necesariamente incompleto. El Gobierno regional puede presentar la aprobación del plan como un avance formal, pero el propio contenido del BORM evidencia que la estructura disponible no permite fiscalizar adecuadamente a todo el sector obligado.
Transparencia con pocos medios y demasiadas zonas fuera del foco
La publicación del Plan de Evaluación de Publicidad Activa para 2026 deja una conclusión política evidente: la Región de Murcia cuenta con un órgano de control de la transparencia que reconoce no tener medios suficientes para hacer su trabajo sobre el conjunto de entidades obligadas. Esa carencia no es neutra. Si el Comisionado depende de los recursos materiales, personales y presupuestarios que se le asignan, la falta de capacidad evaluadora interpela directamente al Gobierno regional.
La transparencia no puede funcionar solo con declaraciones institucionales. Necesita recursos, personal técnico, continuidad y capacidad real para exigir cumplimiento. Sin esos elementos, la evaluación queda reducida a una muestra limitada y muchas entidades públicas permanecen fuera del foco durante el ejercicio.
El plan introduce indicadores para medir su propio funcionamiento, como el porcentaje de participación en el sistema SEPA_RM, la comparación con las evaluaciones de 2022 y 2023 y la mejora cuantitativa de los resultados respecto a ejercicios anteriores. Es una previsión razonable, pero insuficiente si no se aborda el problema de fondo: la falta de medios reconocida por el propio Comisionado.
La Región de Murcia necesita saber si sus administraciones y entidades públicas cumplen con sus obligaciones de publicidad activa. Necesita portales actualizados, datos claros, contratos visibles, subvenciones accesibles, presupuestos comprensibles y evaluaciones periódicas que permitan corregir incumplimientos. Pero para eso hace falta un órgano fiscalizador con capacidad suficiente, no un plan obligado a dejar fuera al 86% de entidades por falta de recursos.
El Plan 2026 abre una nueva etapa en la evaluación de la transparencia regional, pero lo hace con una advertencia escrita en el propio BORM: no se puede controlar todo lo que debería controlarse. Y esa limitación coloca al Gobierno de López Miras ante una responsabilidad clara. Si la transparencia pública es una obligación democrática, dejar sin medios al órgano que debe evaluarla equivale a aceptar que una parte mayoritaria del sector público regional seguirá fuera del examen efectivo durante este año.
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