Organizaciones ecologistas acudirán a la Audiencia de Cartagena en representación jurídica del ecosistema y su cuenca
El próximo 20 de mayo marcará un precedente jurídico sin precedentes en Europa. El Mar Menor comparecerá por primera vez como sujeto con personalidad jurídica en un procedimiento penal que se celebrará en la Audiencia Provincial de Cartagena, en el marco de uno de los conocidos como casos “Topillo”, relacionados con vertidos contaminantes al ecosistema lagunar.
Las organizaciones AMARME, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, Pacto por el Mar Menor y SEO/BirdLife España han anunciado que acudirán al juicio en representación del Mar Menor y su cuenca como acusación particular, ejerciendo los derechos derivados de la personalidad jurídica reconocida al ecosistema. Las empresas Ecosarete S.L. y Datelio S.L. serán procesadas por un presunto delito de contaminación ambiental relacionado con vertidos de rechazo de salmuera cargada de nitratos al Mar Menor.
El procedimiento judicial supone un nuevo paso en la aplicación práctica de la Ley 19/2022, que reconoció personalidad jurídica propia al Mar Menor y su cuenca tras una histórica iniciativa legislativa popular impulsada por movimientos sociales y ambientales de la Región de Murcia. Hasta ahora, el reconocimiento legal había generado un intenso debate jurídico y político, pero este juicio será la primera ocasión en la que el ecosistema ejerza directamente acciones judiciales en defensa de sus propios intereses.
Un precedente jurídico sin equivalentes en Europa
Las organizaciones firmantes califican el procedimiento como un “juicio histórico y de enorme relevancia jurídica y social”, al considerar que abrirá una nueva vía en la protección de ecosistemas degradados mediante figuras legales innovadoras. Según explican en el comunicado conjunto, el Mar Menor comparecerá no solo como acusación particular, sino también “como víctima de los daños que se le han ocasionado”.
La vista oral se celebrará en la Audiencia Provincial de Cartagena y contará también con la presencia institucional de los ayuntamientos ribereños de Los Alcázares, Cartagena, San Javier y San Pedro del Pinatar.
El caso se enmarca dentro de las investigaciones judiciales derivadas de los llamados casos “Topillo”, centrados en los vertidos agrícolas y de salmueras procedentes de desalobradoras ilegales que durante años han contribuido al deterioro ecológico del Mar Menor mediante la entrada masiva de nitratos y otros contaminantes.
Las organizaciones ecologistas sostienen que este procedimiento puede convertirse en un punto de inflexión para la protección efectiva del ecosistema, especialmente después de años de denuncias sobre contaminación difusa, eutrofización y degradación ambiental en la laguna salada.
Las organizaciones reclaman una sentencia “ejemplarizante”
En el comunicado remitido a los medios, las entidades personadas en la causa muestran su confianza en que el juicio concluya con una sentencia condenatoria “ejemplarizante” para los acusados y que permita restituir los daños causados al ecosistema.
Además, expresan su preocupación por la posibilidad de que vuelvan a producirse acuerdos de conformidad entre Fiscalía y acusados, como ha ocurrido en anteriores procedimientos relacionados con los casos “Topillo”. A juicio de las organizaciones, las reducciones significativas de penas y sanciones aplicadas en anteriores procesos han debilitado el efecto disuasorio que deberían tener este tipo de condenas.
“Las rebajas tan significativas en las penas y sanciones hacen que se pierda el poder disuasorio que una sentencia debe tener para que el delito no se siga repitiendo o pueda resultar rentable para el infractor”, señalan las entidades ecologistas en el comunicado conjunto.
El juicio llega en un momento especialmente sensible para el futuro del Mar Menor, tras años de crisis ambientales, episodios de mortandad masiva de peces y crecientes exigencias sociales para endurecer el control sobre las actividades contaminantes en la cuenca vertiente.
Las organizaciones que representan jurídicamente al ecosistema han anunciado además que, una vez finalizada la vista oral, ofrecerán una rueda de prensa a las puertas del Palacio de Justicia de Cartagena para valorar el desarrollo del juicio y sus posibles implicaciones ambientales y legales.
La comparecencia del Mar Menor como sujeto jurídico en un procedimiento penal sitúa nuevamente a la Región de Murcia en el centro del debate internacional sobre los llamados “derechos de la naturaleza”, una corriente jurídica emergente que busca reconocer protección legal propia a ecosistemas especialmente vulnerables.
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