Carmina Fernández reclama facturas, albaranes e informes para aclarar compras, sobrecostes y material caducado
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Asamblea Regional una batería de solicitudes de información dirigida al Gobierno regional para acceder a toda la documentación relacionada con la presunta trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud. La iniciativa parlamentaria busca conocer el alcance de las compras investigadas, los expedientes afectados, las empresas beneficiadas, los centros sanitarios implicados y los responsables administrativos o políticos que pudieron intervenir en los procedimientos.
La portavoz socialista, Carmina Fernández, ha explicado que el PSOE ha solicitado contratos, expedientes, facturas, albaranes, documentos de pago, informes de operaciones, informes de auditoría y actas de inspección del SMS. El objetivo, según ha señalado, es reconstruir con detalle qué se compró, a quién se compró, quién autorizó esas adquisiciones y qué controles fallaron dentro del sistema sanitario regional.
“Queremos saber qué se compró, a quién se compró, quién lo autorizó, quién debía controlarlo, qué empresas se beneficiaron, qué centros sanitarios estuvieron afectados, y qué responsables políticos permitieron que esto ocurriera”, ha afirmado Fernández durante su comparecencia.
La actuación del Grupo Parlamentario Socialista se produce después de que el PSRM anunciara su personación como acusación popular en la causa judicial abierta por la presunta trama vinculada a la compra de prótesis vasculares y otro material sanitario fungible. Los socialistas sostienen que no se trata únicamente de una cuestión económica o administrativa, sino de un caso que, según las investigaciones conocidas, pudo afectar directamente a la seguridad de pacientes intervenidos en el sistema sanitario regional.
Carmina Fernández ha reclamado de nuevo la comparecencia inmediata del presidente Fernando López Miras en la Asamblea Regional y la dimisión del consejero de Salud. A juicio del PSOE, el Gobierno regional debe ofrecer explicaciones públicas sobre lo ocurrido y entregar toda la documentación “sin excusas, sin retrasos y sin ocultaciones”.
El PSOE apunta a productos no homologados y sobrecostes de hasta el 1.287%
La portavoz socialista ha recordado que, según el informe de la Policía Nacional citado por el PSOE, se habrían detectado al menos treinta productos no homologados y facturados de forma presuntamente fraudulenta, desde prótesis vasculares hasta material sanitario fungible.
Fernández ha subrayado que la mayor parte del presunto fraude se habría producido en operaciones médicas derivadas desde el Servicio Murciano de Salud a centros concertados, donde se habrían pagado sobrecostes de entre el 100% y el 1.287%. Según la versión trasladada por el PSOE, también se habrían facturado servicios que debían ser gratuitos y material sanitario que no habría sido utilizado.
La dirigente socialista ha puesto el foco especialmente en el posible uso de productos caducados en intervenciones médicas. Según ha señalado, el informe policial afirma literalmente que se llegaron a utilizar en operaciones “productos sanitarios caducados generando un riesgo para la salud pública”.
Para el PSOE, esta frase sitúa el caso en una dimensión especialmente grave, porque ya no se trataría solo de determinar si hubo compras con precios inflados, irregularidades contables o facturación indebida, sino de aclarar si determinados pacientes pudieron ser intervenidos con material sanitario caducado o no homologado.
Fernández ha insistido en que el Gobierno regional debe explicar cuántos pacientes pudieron verse afectados, qué centros sanitarios participaron en esas intervenciones, qué controles existían, quién debía supervisar el material utilizado y qué medidas se han adoptado para revisar la situación clínica de las personas afectadas.
La portavoz socialista ha vinculado este caso con el modelo sanitario del Ejecutivo de López Miras, al que acusa de debilitar la sanidad pública, aumentar las derivaciones a la sanidad privada y permitir que el SMS funcione como “un agujero negro” donde, según sostiene, se gasta sin control y nadie asume responsabilidades.
Los socialistas advierten al Gobierno regional sobre el plazo de 15 días
Carmina Fernández ha advertido al Ejecutivo autonómico de que debe remitir toda la documentación solicitada dentro del plazo legal de 15 días. La portavoz ha asegurado que el PSOE actuará “con toda la firmeza” si el Gobierno regional intenta ocultar, retrasar, fragmentar o manipular la información requerida por el Grupo Parlamentario Socialista.
“No vamos a permitir que el PP tape esta trama como ha hecho en otras ocasiones, como con las vacunas de la COVID”, ha afirmado Fernández, elevando el tono político de una investigación que ya se ha convertido en uno de los principales focos de tensión sanitaria e institucional en la Región de Murcia.
La dirigente socialista ha defendido que el PSRM utilizará todas las herramientas políticas, parlamentarias y legales disponibles para esclarecer lo sucedido. En ese sentido, ha recordado que el partido ya se ha personado como acusación popular en la causa y ha insistido en que su grupo parlamentario continuará solicitando documentación hasta conocer el alcance completo de los hechos investigados.
El PSOE considera que la transparencia resulta imprescindible para determinar si hubo fallos puntuales, una falta generalizada de control o una dinámica sostenida de irregularidades en la adquisición y uso de material sanitario. La formación reclama conocer no solo las empresas proveedoras y los centros afectados, sino también qué responsables del SMS intervinieron en las compras, validaron facturas, aprobaron pagos o permitieron derivaciones con sobrecostes.
Fernández ha reiterado además que el consejero de Salud debe dimitir por no haber garantizado, según el PSOE, los controles básicos dentro del sistema sanitario público. Para la portavoz socialista, quien ostenta la responsabilidad política sobre la Consejería no puede seguir al frente de la sanidad regional después de un caso que afecta a compras sin control, material no homologado, posibles productos caducados y sobrecostes que califica de “indecentes”.
El PSOE vincula la trama al descontrol presupuestario del SMS
La portavoz socialista ha situado también la presunta trama de las prótesis dentro de un problema más amplio de gestión económica del Servicio Murciano de Salud. Fernández ha recordado que el PSOE lleva años denunciando el descontrol presupuestario del SMS y ha citado las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre el gasto sanitario regional.
Según ha señalado, el Servicio Murciano de Salud gasta cada año más de 900 millones de euros por encima de lo presupuestado y acumula un déficit superior a los 3.700 millones. Para el PSOE, este desfase demuestra que el Gobierno regional “no controla las cuentas, no controla los contratos” y, a la vista de la investigación actual, tampoco habría controlado adecuadamente la seguridad del material utilizado en determinados procesos asistenciales.
Fernández ha insistido en que el caso no puede reducirse a una discusión sobre mala gestión o presunto fraude económico. La portavoz socialista ha remarcado que el fondo del asunto es que personas que entraron en un quirófano confiando en la sanidad pública pudieron ver comprometida su salud por fallos de control en la compra, autorización o utilización de material sanitario.
“No vamos a permitir que sigan convirtiendo el SMS en un agujero oscuro donde se gasta sin control, se favorecen intereses privados y nadie responde ni asume responsabilidades”, ha señalado.
El PSOE reclama ahora que López Miras comparezca en sede parlamentaria, que el consejero de Salud abandone el cargo y que el Gobierno regional entregue todos los expedientes vinculados a la investigación. Para los socialistas, solo una entrega completa de la documentación permitirá aclarar si el caso responde a responsabilidades administrativas aisladas o a un modelo de gestión sanitaria que, según denuncian, ha debilitado los controles públicos y ha favorecido intereses privados por encima de la seguridad de los pacientes.
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