La organización advierte de que la digitalización obligatoria deja indefensos a miles de pequeños negocios sin formación ni soporte técnico
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha alertado de que hasta 6 de cada 10 autónomos de la Región de Murcia podrían encontrarse en una situación de alta exposición ante riesgos de ciberseguridad. La organización advierte de que la digitalización acelerada y las nuevas obligaciones tecnológicas están avanzando más rápido que la formación, los recursos y las herramientas de protección disponibles para los pequeños negocios, especialmente entre los autónomos de mayor edad y quienes trabajan sin estructura empresarial.
UPTA sitúa el foco en una realidad cada vez más frecuente: miles de trabajadores por cuenta propia se ven obligados a utilizar plataformas online, sistemas de facturación electrónica, pagos digitales, herramientas de gestión telemática y trámites administrativos digitales sin contar con conocimientos suficientes para proteger sus datos, sus operaciones o la información de sus clientes. La transformación digital, que debería servir para mejorar la competitividad, puede convertirse así en una nueva fuente de vulnerabilidad.
Según los datos que maneja la organización, cerca del 16% de los autónomos de la Región de Murcia tiene 60 años o más, lo que equivale a 17.092 trabajadores por cuenta propia. A esta brecha generacional se suma otro factor clave: 91.515 autónomos murcianos no tienen asalariados, por lo que carecen de personal interno, departamentos técnicos o capacidad económica suficiente para contratar soporte especializado de forma estable.
La combinación de edad, falta de formación tecnológica, ausencia de estructura empresarial y crecimiento de las obligaciones digitales coloca a una parte importante del colectivo en una posición delicada frente a fraudes, robos de datos, suplantaciones, ataques informáticos o bloqueos de sistemas. Para UPTA, el problema ya no puede tratarse como una cuestión secundaria ni como una responsabilidad individual de cada autónomo, sino como un riesgo estructural que exige respuesta pública.
“El avance tecnológico no puede convertirse en una amenaza para miles de pequeños negocios. Los autónomos están asumiendo procesos de digitalización obligatorios sin las herramientas necesarias para defenderse de fraudes, robos de datos o ataques informáticos”, ha señalado el presidente de UPTA, Eduardo Abad.
Pequeños negocios obligados a digitalizarse sin red de seguridad
UPTA advierte de que la vulnerabilidad se agrava en sectores con mayor presencia de pequeños negocios, profesionales de edad avanzada o actividades tradicionalmente analógicas. La organización cita ámbitos como el comercio, la hostelería, el transporte, la agricultura, la construcción, los oficios, las actividades profesionales y otros servicios de proximidad. Son sectores donde muchos autónomos trabajan solos, con márgenes ajustados y sin tiempo ni recursos para asumir una adaptación tecnológica compleja.
La digitalización de la actividad económica ha cambiado por completo la forma de trabajar. Emitir facturas, relacionarse con la Administración, cobrar a clientes, gestionar reservas, enviar presupuestos, almacenar documentación, utilizar certificados digitales o acceder a plataformas de proveedores forma ya parte de la rutina diaria de muchos autónomos. Pero esa normalización no significa que todos dispongan de las mismas capacidades para protegerse.
El riesgo es especialmente alto cuando el autónomo utiliza dispositivos personales para la actividad profesional, guarda información sensible sin copias de seguridad, abre correos fraudulentos, desconoce cómo detectar una suplantación, no actualiza programas o utiliza contraseñas débiles. En muchos casos, un pequeño ataque puede suponer mucho más que una molestia: puede paralizar la actividad, provocar pérdida de clientes, generar responsabilidades por filtración de datos o causar daños económicos difíciles de asumir.
UPTA denuncia que la digitalización impulsada en los últimos años no ha venido acompañada de una estrategia real de protección tecnológica adaptada a la realidad del trabajo autónomo. La organización sostiene que la brecha digital ya no consiste solo en tener o no acceso a herramientas, sino en disponer de formación, acompañamiento y seguridad suficiente para usarlas correctamente.
La advertencia llega en un momento en el que las obligaciones digitales siguen creciendo. La facturación electrónica, la relación telemática con administraciones, los sistemas de control de pagos o las plataformas online exigen cada vez más competencias técnicas. Para UPTA, imponer nuevos procesos sin garantizar apoyo efectivo puede aumentar la indefensión de miles de profesionales que sostienen buena parte de la economía local.
Formación, asistencia técnica y ayudas para proteger al colectivo
La organización reclama a las administraciones públicas programas específicos de acompañamiento digital para el colectivo autónomo. Entre las medidas propuestas figuran formación práctica en ciberseguridad, asesoramiento técnico accesible, ayudas para implantar sistemas seguros y protocolos rápidos de actuación ante ataques digitales.
UPTA considera imprescindible que cualquier nueva obligación digital venga acompañada de recursos suficientes y garantías reales de protección tecnológica. La modernización administrativa, advierte, no puede trasladar todos los costes y riesgos al autónomo, especialmente cuando se trata de profesionales que trabajan solos, sin asalariados y con una capacidad limitada para adaptarse a cambios normativos y tecnológicos continuos.
Eduardo Abad ha insistido en que muchos autónomos están “completamente desprotegidos” frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas. “Es imprescindible que las administraciones acompañen el proceso de digitalización con inversión en formación, asistencia técnica y mecanismos de protección eficaces”, ha afirmado.
La ciberseguridad se convierte así en una cuestión económica y social. No afecta solo a grandes empresas, bancos o administraciones públicas. También alcanza al comercio de barrio, al transportista, al agricultor, al profesional que trabaja desde casa, al pequeño taller, al bar, a la peluquería, al autónomo de servicios o al negocio familiar que empieza a cobrar por medios digitales y a gestionar datos de clientes.
En la Región de Murcia, donde el trabajo autónomo tiene un peso importante en el tejido productivo, la alerta de UPTA señala una vulnerabilidad que puede crecer si no se adoptan medidas preventivas. La digitalización puede ser una oportunidad para modernizar negocios, ganar eficiencia y abrir nuevos mercados, pero solo si llega acompañada de seguridad, formación y soporte real.
El mensaje de la organización es claro: no se puede exigir a los autónomos que se digitalicen y dejarlos solos ante los riesgos que esa digitalización genera. La transformación tecnológica debe servir para fortalecer a los pequeños negocios, no para exponerlos a fraudes, ataques o pérdidas que no están preparados para afrontar.
“La transformación digital debe servir para mejorar la competitividad de los autónomos, no para aumentar su indefensión”, ha concluido Abad. La advertencia de UPTA coloca la ciberseguridad en el centro de las reivindicaciones del colectivo: proteger los datos, los sistemas y la actividad diaria de miles de autónomos murcianos ya no es una opción, sino una necesidad urgente para que la modernización no deje atrás precisamente a quienes menos recursos tienen para defenderse.
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