El PSOE denuncia que el nuevo abono multiplica por diez el antiguo Bicity y critica la falta de carriles bici en Pintor Portela
El Grupo Municipal Socialista en Cartagena ha denunciado que el nuevo servicio municipal de bicicletas públicas anunciado por el Gobierno de Noelia Arroyo tendrá un abono anual de 295 euros, una tarifa que, según el PSOE, sitúa a Cartagena muy por encima de otras grandes ciudades españolas y convierte la movilidad sostenible en un servicio difícilmente accesible para buena parte de la ciudadanía. El concejal socialista Pedro Contreras ha calificado el contrato como un “disparate” y ha acusado al Ejecutivo local de utilizar el servicio como una vía de recaudación tras cinco años de retraso en su licitación.
Según la nota remitida por el PSOE de Cartagena, los usuarios del nuevo sistema pagarán 15 veces más que en Bilbao, 10 veces más que en Valencia y Sevilla, cinco veces más que en Zaragoza y Cataluña, y casi el triple que en Madrid. Para los socialistas, estas comparaciones muestran que el Gobierno municipal no ha diseñado un servicio pensado para extender el uso de la bicicleta, reducir el tráfico o facilitar desplazamientos cotidianos, sino para cargar sobre los usuarios un coste desproporcionado.
Contreras ha recordado además que la comparación más dura no es solo con otras ciudades, sino con el propio Ayuntamiento de Cartagena. El anterior servicio Bicity tenía un abono anual de 30 euros y una tarifa reducida de 10 euros para jóvenes y universitarios. El nuevo modelo, con 295 euros al año, multiplica prácticamente por diez el precio que durante años tuvo el sistema municipal de bicicletas.
“Resulta imposible no preguntarse qué ha ocurrido para que un servicio que costaba 30 euros pase a costar 295 euros”, ha señalado el edil socialista. La pregunta resume el fondo de la crítica: después de cinco años sin resolver la licitación, el Gobierno de Arroyo presenta ahora un servicio mucho más caro que el anterior y con un coste que el PSOE considera incompatible con una verdadera política de movilidad pública.
Un servicio que nace con precios disuasorios
El PSOE sostiene que el nuevo contrato de bicicletas públicas nace con un problema de origen: si el precio del abono anual es demasiado elevado, el servicio pierde su función social y ambiental. La bicicleta pública debe servir para atraer usuarios, facilitar desplazamientos de proximidad, reducir emisiones, descongestionar el tráfico y ofrecer una alternativa asequible al coche. Pero, según Contreras, Cartagena parece haber optado por convertirla en “un producto para unos pocos”.
La crítica socialista se apoya en una idea sencilla: una red municipal de bicicletas no puede medirse solo por su puesta en marcha, por la foto de presentación o por el número de unidades disponibles, sino por la capacidad real de que la ciudadanía la utilice. Si el coste de acceso es muy superior al de otras ciudades y multiplica el precio del antiguo servicio, el riesgo es que la bicicleta pública quede limitada a usuarios muy concretos y no se convierta en una herramienta de movilidad cotidiana.
“Quizás hay que hacerse menos fotos y menos vídeos y hay que reducir los precios para que realmente el servicio sea asequible”, ha reprochado Contreras. Para el concejal socialista, el Gobierno de Arroyo vuelve a colocar la recaudación por encima del interés público, en una línea que, según el PSOE, se repite en otras decisiones municipales.
El edil ha acusado al Gobierno local de tratar a los cartageneros como “un cajero automático”. Con esa expresión, Contreras vincula el precio del nuevo servicio con la situación económica del Ayuntamiento, al afirmar que el Ejecutivo de Arroyo busca recaudar para intentar frenar la “bancarrota” en la que, según los socialistas, ha sumido a la administración municipal.
La movilidad sostenible exige precios públicos proporcionados. En una ciudad donde se quiere fomentar el uso de la bicicleta, el abono anual debe competir con otras formas de transporte y resultar atractivo para estudiantes, jóvenes, trabajadores, usuarios ocasionales y vecinos que puedan utilizarla para desplazamientos cortos. Un precio de 295 euros, según el PSOE, dificulta precisamente esa función.
Cinco años de retraso y una apuesta débil por la movilidad
El Grupo Municipal Socialista también critica el tiempo que ha tardado el Gobierno de Noelia Arroyo en licitar el servicio. Según Contreras, han pasado más de cinco años hasta que el Ayuntamiento ha presentado un nuevo contrato de bicicletas públicas, y lo ha hecho con unas condiciones económicas que considera alejadas de las necesidades reales de Cartagena.
Para el PSOE, ese retraso evidencia una falta de prioridad política. La movilidad sostenible no puede depender de anuncios aislados ni de decisiones tardías. Requiere planificación, continuidad, infraestructura segura, precios asequibles y conexión con el resto del transporte urbano. Si el servicio llega tarde y caro, difícilmente podrá cumplir el papel que le corresponde dentro de una estrategia municipal de reducción del tráfico y mejora ambiental.
Contreras ha insistido en que otras ciudades utilizan la bicicleta pública como una herramienta para atraer usuarios y cambiar hábitos de movilidad. Cartagena, en cambio, estaría apostando por un modelo que desincentiva su uso desde el precio. La diferencia es fundamental: un servicio público de bicicleta compartida no tiene sentido si nace pensado como una oferta minoritaria o si sus tarifas lo alejan de quienes más podrían beneficiarse de él.
“La movilidad sostenible no consiste en hacer discursos ni en presentar bicicletas ante las cámaras como le encanta a la señora Arroyo, consiste en conseguir que la gente pueda utilizarlas, y para eso los precios tienen que ser accesibles”, ha explicado Pedro Contreras.
El PSOE plantea así una crítica de fondo a la política municipal de movilidad. No basta con anunciar un contrato de bicicletas si no se acompaña de tarifas razonables, carriles seguros y una red urbana coherente. La bicicleta pública necesita infraestructura y condiciones de uso adecuadas. De lo contrario, se convierte en un elemento más de propaganda urbana, pero no en una alternativa real para desplazarse por la ciudad.
Pintor Portela, otra remodelación sin nuevos carriles bici
La denuncia socialista se completa con la crítica a la remodelación de la avenida Pintor Portela, presentada esta mañana y que, según el PSOE, no incluye la construcción de nuevos carriles bici. Para Contreras, esta ausencia confirma la falta de una apuesta real del Gobierno de Arroyo por integrar la bicicleta en las principales actuaciones urbanas del municipio.
El concejal socialista considera que dejar una cuestión como los carriles bici para un estudio posterior demuestra incapacidad de planificación. Si una avenida se remodela y no se aprovecha la intervención para incorporar infraestructura ciclista, el Ayuntamiento pierde una oportunidad para avanzar en una red de movilidad más segura y coherente.
La bicicleta pública necesita algo más que estaciones y vehículos. Necesita recorridos seguros, continuidad entre barrios, conexión con centros educativos, zonas comerciales, estaciones, áreas administrativas y espacios públicos. Sin carriles bici suficientes, el servicio queda limitado y muchos usuarios potenciales pueden descartarlo por inseguridad o falta de comodidad.
El caso de Pintor Portela sirve al PSOE para reforzar su denuncia: el Gobierno local habla de movilidad sostenible, pero no la incorpora de forma efectiva en sus proyectos urbanos. Si la remodelación de una avenida importante no contempla nuevos carriles bici y el servicio municipal nace con un abono anual de 295 euros, la estrategia queda, según los socialistas, reducida a gestos sin impacto real.
La crítica de Contreras no rechaza la existencia de un servicio de bicicletas públicas. Al contrario, el PSOE defiende que Cartagena necesita alternativas de movilidad, pero exige que sean asequibles, bien planificadas y útiles para la ciudadanía. La cuestión es si el modelo elegido por el Gobierno de Arroyo responde a ese objetivo o si, como sostiene el Grupo Socialista, se limita a presentar una solución cara, tardía y desconectada de una verdadera red ciclista.
El debate sobre la bicicleta pública se convierte así en una discusión más amplia sobre el modelo de ciudad. Cartagena puede apostar por una movilidad sostenible real, con precios accesibles, infraestructura segura y planificación urbana, o puede limitarse a lanzar servicios que nacen con barreras económicas y sin una red ciclista suficiente. Para el PSOE, el nuevo contrato demuestra que el Gobierno de Noelia Arroyo ha escogido la segunda opción: mucha presentación, mucho discurso y un precio que deja la bicicleta municipal lejos del alcance cotidiano de demasiados cartageneros.
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