Denuncian ante la Inspección de Trabajo las temperaturas extremas en las aulas de la Región

Denuncian ante la Inspección de Trabajo las temperaturas extremas en las aulas de la Región

Familias, estudiantes y sindicatos aseguran que se han registrado más de 34 grados en algunos centros y exigen un plan urgente de climatización

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La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Región de Murcia (FAPA Juan González), el Sindicato de Estudiantes, la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (FEMAE), CCOO, STERM-Intersindical y UGT han presentado una denuncia conjunta ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social por las altas temperaturas que soportan los centros educativos públicos de la Región de Murcia. Los colectivos consideran que la situación supone un riesgo para la salud de trabajadores y alumnado y reclaman una intervención urgente de la Consejería de Educación.

La denuncia se apoya en mediciones realizadas desde mediados de mayo en aulas de distintos municipios de la Región. Según las organizaciones, durante las jornadas lectivas se han registrado temperaturas superiores a los 30 grados en numerosos centros educativos, alcanzándose incluso valores por encima de los 34 grados en algunos casos.

Los denunciantes sostienen que estas condiciones resultan incompatibles con el desarrollo normal de la actividad docente y alertan de que las elevadas temperaturas afectan tanto al rendimiento educativo como al bienestar físico de quienes permanecen varias horas al día en las aulas.

La iniciativa llega en plena recta final del curso escolar y reabre el debate sobre la adaptación de los centros educativos al aumento de las temperaturas y a los episodios de calor extremo cada vez más frecuentes en la Región de Murcia.

Acusan a la Consejería de incumplir la normativa de prevención

Las organizaciones consideran que la situación podría vulnerar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

Según recuerdan, el Real Decreto 486/1997 establece que los lugares de trabajo destinados a actividades sedentarias, como la docencia, deben mantener una temperatura comprendida entre los 17 y los 27 grados. A su juicio, las temperaturas registradas durante las últimas semanas superan ampliamente esos límites.

Además, advierten de que la humedad característica de buena parte del territorio regional incrementa la sensación térmica y agrava los riesgos asociados al calor.

Los colectivos denuncian que la falta de sistemas adecuados de climatización y la ausencia de medidas estructurales para afrontar las olas de calor evidencian una falta de planificación por parte de la administración educativa.

Aunque la denuncia se formula desde el ámbito laboral, las organizaciones subrayan que el problema afecta también a miles de alumnos que pasan horas en espacios donde las condiciones térmicas consideran inadecuadas.

A su juicio, la infancia y la adolescencia constituyen colectivos especialmente vulnerables frente al calor extremo, circunstancia que refuerza la necesidad de actuar con rapidez para evitar riesgos para la salud.

Piden inspecciones, mediciones oficiales y posibles sanciones

Entre las medidas reclamadas a la Inspección de Trabajo figura la realización de visitas a los centros educativos para comprobar sobre el terreno las condiciones existentes.

También solicitan la evaluación oficial del riesgo de estrés térmico mediante sistemas homologados de medición y la exigencia a la Consejería de Educación de medidas correctoras inmediatas cuando se detecten situaciones que puedan comprometer la salud de trabajadores o estudiantes.

Las organizaciones no descartan además que puedan abrirse expedientes sancionadores si la Inspección concluye que existe un riesgo grave derivado de las altas temperaturas.

La denuncia constituye una nueva fase de la campaña impulsada durante los últimos meses por diferentes colectivos educativos para reclamar actuaciones urgentes frente al calor en las aulas.

Rechazo a reducir horarios como única solución

Las organizaciones aseguran que el adelanto de la finalización de las clases o la reducción de horarios no resuelve el problema de fondo.

Según explican, estas medidas pueden aliviar temporalmente la situación, pero no eliminan las deficiencias estructurales de muchos centros educativos ni garantizan condiciones adecuadas para futuros cursos escolares.

Por ello, reclaman la puesta en marcha de un Plan de Infraestructuras y Climatización plurianual que cuente con financiación suficiente, calendario de ejecución y actuaciones concretas para todos los centros educativos públicos de la Región de Murcia.

La propuesta incluye la instalación de sistemas de climatización, mejoras en el aislamiento de edificios y actuaciones destinadas a adaptar los espacios escolares a las nuevas condiciones climáticas.

Entre las medidas complementarias planteadas figuran la creación de zonas de sombra natural, la plantación de arbolado, el reverdecimiento de patios y recintos escolares y la instalación de nuevas fuentes de agua para facilitar la hidratación del alumnado y del personal educativo.

Anuncian más movilizaciones e incluso una iniciativa legislativa

Los colectivos que integran la plataforma aseguran que mantendrán las movilizaciones durante los próximos meses si no se producen avances significativos.

Además de continuar realizando mediciones de temperatura en los centros educativos, anuncian nuevas concentraciones y acciones de protesta en distintos municipios de la Región de Murcia. También prevén mantener sus reclamaciones ante instituciones como el Defensor del Pueblo.

Como siguiente paso, las organizaciones impulsarán una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) destinada a garantizar por ley unas condiciones térmicas adecuadas en los centros educativos públicos de la Región.

La propuesta buscará obligar a la elaboración de un plan regional de infraestructuras y climatización y a la creación de fondos finalistas que aseguren la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas.

Las entidades promotoras hacen un llamamiento a familias, estudiantes, docentes y ciudadanía para respaldar una reivindicación que consideran imprescindible para proteger la salud, el bienestar y la calidad de la educación pública en la Región de Murcia.

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