«La responsabilidad política no consiste solo en responder por lo que se sabe, sino también por lo que se tenía la obligación de saber»
En política hay una diferencia entre asumir responsabilidades y gestionar las consecuencias de un escándalo. Lo primero exige transparencia y rendición de cuentas, lo segundo consiste en reorganizar estructuras y esperar a que el tiempo las diluya.
La administración regional que preside López Miras, parece haberse acostumbrado a este segundo modelo.
El caso de las presuntas irregularidades en el Servicio Murciano de Salud plantea una cuestión política esencial ¿cómo pudieron existir alertas internas sobre riesgos graves sin que nadie asuma responsabilidades al más alto nivel?
Si los informes llegaron a los órganos directivos, cabe preguntarse por qué no se actuó. Si no llegaron, el problema es igualmente grave ¿qué sistema de control permite perder información tan relevante? En ambos casos, la conclusión señala a quienes dirigen la institución.
La responsabilidad política no consiste solo en responder por lo que se sabe, sino también por lo que se tenía la obligación de saber.
Sin embargo, cuando surge un escándalo, el debate suele desplazarse hacia procedimientos técnicos o responsabilidades individuales. Los ciudadanos no eligen a sus gobernantes para que aleguen desconocimiento, sino para garantizar que los controles funcionen.
También preocupa una dinámica en la que cada crisis termina acompañada de reestructuraciones y cambios organizativos que dificultan identificar responsabilidades políticas. No hace falta atribuir una intención de ocultación, el efecto suele ser el mismo, las preguntas de fondo quedan sin respuesta.
Los organigramas cambian, las competencias se redistribuyen y los departamentos se transforman. Pero los ciudadanos siguen sin saber quién tomó decisiones, ignoró advertencias o permitió que fallaran los controles.
La presunción de inocencia protege a cualquier investigado, pero no sustituye la exigencia de responsabilidad política. Los tribunales decidirán si hubo delitos, los ciudadanos tienen derecho a pedir explicaciones mucho antes.
Cuando una investigación afecta a recursos públicos y a la salud de pacientes, la rendición de cuentas debe ser máxima. La pregunta inevitable es qué hicieron quienes estaban al frente para prevenir y corregir las irregularidades.
Porque gobernar no consiste solo en gestionar cuando todo funciona bien, sino en responder cuando los controles fallan.
Si cada crisis se responde alterando la estructura administrativa, la reorganización corre el riesgo de convertirse en una coartada política. Una democracia madura necesita dirigentes capaces de asumir responsabilidades.
Las estructuras pueden cambiar, pero la responsabilidad política no debería desaparecer con ellas. Porque cuando nadie responde por nada, el problema deja de ser un escándalo concreto y pasa a ser el modelo de gobierno.
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