La asociación pide aprovechar el parón veraniego de las obras para explicar el proyecto completo y escuchar al vecindario
La Asociación para la Protección de Cabo de Palos, PROCABO, considera imprescindible reconducir el proyecto del denominado Sendero Azul mediante un proceso transparente, público y participativo que permita explicar con detalle el alcance de la actuación y recoger las aportaciones de vecinos, asociaciones y colectivos sociales antes de continuar con nuevas fases de las obras.
La entidad ha fijado esta posición tras mantener una reunión con personas asociadas y simpatizantes el 28 de junio, convocada para responder a las dudas y preocupaciones que se han planteado durante las dos últimas semanas en Cabo de Palos. Según PROCABO, los acontecimientos recientes en torno al proyecto obligan a abrir una reflexión serena sobre la forma en que se están desarrollando actuaciones públicas que afectan al paisaje, al patrimonio natural y al espacio público de uno de los enclaves más emblemáticos del litoral de Cartagena.
La asociación subraya que la movilización ciudadana surgida en los últimos días, con cerca de dos mil apoyos en poco tiempo, evidencia una preocupación social real que no puede ser ignorada. Para PROCABO, el debate ya no se limita únicamente al contenido concreto del Sendero Azul, sino también al procedimiento seguido para impulsar, contratar y comunicar públicamente una intervención con capacidad para transformar el entorno costero de Cabo de Palos.
El parón anunciado de las obras durante los meses de verano abre, a juicio de la asociación, una oportunidad para corregir el rumbo. PROCABO no plantea una oposición frontal al concepto de mejora del entorno, sino una exigencia de garantías: información completa, participación vecinal real, explicación del procedimiento y evaluación de los criterios ambientales antes de seguir avanzando.
Una actuación sobre un espacio sensible del litoral
El Sendero Azul afecta a un espacio de alto valor paisajístico, ambiental y social para Cabo de Palos. No se trata de una intervención cualquiera sobre una vía urbana secundaria, sino de una actuación en un entorno costero que forma parte de la identidad del pueblo, de su relación con el mar y de la experiencia cotidiana de vecinos y visitantes.
Las imágenes incorporadas a la documentación difundida por PROCABO muestran distintos puntos del entorno afectado o vinculado al debate: zonas de palmeral donde se celebró la reunión de la asociación, caminos junto al litoral, tramos de paso estrecho y áreas próximas al mar en las que la intervención puede tener impacto visual y ambiental. En una de las fotografías se aprecia una zona de obra junto a una vivienda y un borde costero protegido por vallado; en otras, senderos próximos al acantilado y al paisaje marítimo de Cabo de Palos.
Ese contexto explica la sensibilidad social que ha generado el proyecto. En lugares como Cabo de Palos, cualquier actuación sobre el frente litoral debe equilibrar accesibilidad, seguridad, conservación del medio natural, respeto al paisaje y participación ciudadana. Las mejoras públicas pueden ser necesarias, pero su legitimidad depende también de cómo se diseñan, cómo se explican y qué margen se ofrece a la ciudadanía para conocerlas y plantear alternativas.
PROCABO considera que una parte importante de la población no ha sido informada adecuadamente ni ha tenido oportunidad de participar en una actuación que transformará uno de los espacios más reconocibles del litoral local. Para la asociación, esa falta de información previa es una carencia democrática y administrativa que conviene corregir antes de que el proyecto avance de forma irreversible.
La entidad insiste en que las actuaciones públicas que afectan al territorio no pueden percibirse como decisiones adoptadas de espaldas al vecindario o impulsadas por determinados sectores económicos o intereses particulares. Deben construirse desde el interés general, con transparencia, documentación accesible y participación desde las fases iniciales.
Cuatro medidas para reconducir el proyecto
PROCABO plantea cuatro medidas concretas para aprovechar el parón estival de las obras y abrir una nueva fase de diálogo. La primera es suspender el inicio de nuevas fases del proyecto hasta que exista un proceso de información pública suficiente. La asociación entiende que seguir avanzando sin explicar el conjunto de la actuación agravaría la desconfianza y dificultaría cualquier consenso posterior.
La segunda medida es la presentación pública del proyecto completo, desde la Rada Salinera hasta el Faro. La asociación reclama que se expliquen los objetivos, el alcance, los materiales previstos, los criterios ambientales aplicados y las fases de ejecución. Este punto resulta clave porque muchas controversias urbanísticas y ambientales se enquistan precisamente por la falta de información clara sobre qué se va a hacer, dónde, con qué materiales y con qué impacto.
La tercera propuesta es explicar públicamente el procedimiento seguido para la elaboración de la propuesta y su contratación. PROCABO no se limita a pedir información técnica, sino también transparencia administrativa. Quiere que se conozca cómo se ha tramitado la actuación, qué decisiones se han adoptado, qué documentos la sustentan y qué criterios han guiado su contratación.
La cuarta medida consiste en abrir un proceso de participación que permita recoger observaciones y propuestas de vecinos, asociaciones y colectivos sociales antes de continuar con las actuaciones. La asociación considera que todavía hay margen para incorporar mejoras, corregir aspectos discutidos y lograr un mayor consenso social.
Estas peticiones sitúan el debate en el terreno de la gobernanza local. PROCABO no solo reclama información sobre el Sendero Azul, sino un cambio de método en la forma de actuar sobre Cabo de Palos. La entidad defiende que el pueblo necesita una planificación integral de su futuro y que los conflictos surgidos alrededor de este proyecto pueden convertirse en una oportunidad para mejorar la toma de decisiones públicas.
Cabo de Palos reclama otro modelo de gobernanza
La posición de PROCABO apunta a un problema más profundo: la necesidad de un nuevo modelo de gobernanza para las actuaciones que afectan a Cabo de Palos. La asociación considera que las decisiones sobre el territorio deben contar con mecanismos estables de información, deliberación y participación, especialmente cuando se trata de espacios naturales, litorales o de alto valor simbólico.
El conflicto del Sendero Azul ha evidenciado, según la entidad, que una parte del vecindario siente que las actuaciones se deciden sin suficiente diálogo previo. Esa percepción puede deteriorar la confianza en las instituciones y alimentar la idea de que los proyectos públicos responden a intereses parciales antes que al interés colectivo.
PROCABO defiende que su objetivo no es generar confrontación, sino contribuir a que las actuaciones que se desarrollen en Cabo de Palos prioricen la conservación del medio natural que sostiene al pueblo, cuenten con el mayor consenso posible y respondan verdaderamente al interés colectivo de vecinos, visitantes y futuras generaciones.
La asociación siempre ha defendido la necesidad de una planificación integral para Cabo de Palos. Esa idea vuelve ahora al primer plano porque el debate sobre el Sendero Azul no se agota en un tramo concreto de obra. Lo que está en juego es cómo se decide el futuro de un enclave litoral sometido a fuertes presiones: turísticas, urbanísticas, ambientales y económicas.
El Ayuntamiento y las administraciones competentes tienen ahora la oportunidad de escuchar esa preocupación social y convertir el parón de verano en algo más que una pausa de calendario. Presentar el proyecto completo, explicar la contratación, abrir la participación y revisar los aspectos que generen dudas permitiría reducir la tensión y mejorar la calidad democrática de la actuación.
Cabo de Palos no necesita proyectos impuestos ni debates convertidos en trincheras. Necesita decisiones cuidadosas, transparentes y respetuosas con un paisaje que es patrimonio común. El Sendero Azul puede ser una mejora para el entorno si se ejecuta con sensibilidad ambiental y consenso social; pero si avanza sin información suficiente y sin participación real, corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo de cómo una actuación pública acaba generando rechazo por no haber escuchado a tiempo al territorio que pretende transformar.
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