Miguel Ortega acusa al Gobierno regional de asumir la “prioridad nacional” de Vox en lugar de aprobar medidas contra la subida de alquileres
El PSRM-PSOE estudiará el decreto de vivienda que prepara el Gobierno regional y anuncia que lo llevará al Tribunal Constitucional, o al órgano que corresponda, si detecta que vulnera la Constitución española o el principio de igualdad. Así lo ha afirmado el diputado regional Miguel Ortega, que acusa a López Miras de haber preferido asumir la exigencia de “prioridad nacional” de Vox antes que aprobar medidas efectivas para facilitar el acceso a la vivienda en la Región de Murcia.
Ortega ha situado el anuncio en el contexto del Debate sobre el Estado de la Región celebrado la pasada semana, donde el PP apoyó una resolución de Vox vinculada a la política migratoria y a la reagrupación familiar. Para el diputado socialista, ese episodio anticipa el giro que, según el PSOE, el Gobierno regional quiere introducir en el decreto de vivienda, una norma que ya fracasó hace más de un año en la Asamblea Regional y que ahora volvería prácticamente sin cambios, pero con una carga ideológica añadida.
El parlamentario socialista ha advertido de que el PSRM no se limitará a debatir políticamente el decreto, sino que lo analizará desde el punto de vista jurídico. “López Miras ha dicho que no, que prefiere prioridad nacional. Pues ahora nos van a tener defendiendo la Constitución y el acceso a una vivienda digna y a precios asequibles”, ha concluido Ortega, según la nota remitida por el PSOE de la Región de Murcia.
La posición socialista eleva el conflicto político sobre vivienda a un terreno institucional de mayor alcance. El PSOE no solo cuestiona la eficacia de la futura norma, sino que advierte de que cualquier criterio que pueda discriminar en el acceso a la vivienda pública o a las ayudas por razones ajenas a los principios constitucionales será combatido jurídicamente.
El PSOE acusa a López Miras de plegarse a Vox
Miguel Ortega ha afirmado que López Miras lleva “un año y medio” con un decreto de vivienda que, a juicio del PSOE, “no va a aportar nada” para solucionar el problema habitacional de la Región de Murcia. Según el diputado socialista, el presidente regional ha optado ahora por recuperar un texto que ya perdió en la Asamblea y adaptarlo a las exigencias de Vox sobre la denominada “prioridad nacional”.
El concepto es políticamente explosivo. Vox lo utiliza para reclamar que los ciudadanos españoles tengan preferencia frente a personas extranjeras en el acceso a determinados servicios o recursos públicos. El PSOE sostiene que trasladar ese criterio a una política de vivienda puede chocar con derechos básicos, con el principio de igualdad y con el marco constitucional, especialmente si implica excluir o discriminar a personas que cumplen los requisitos legales para acceder a una ayuda o una vivienda protegida.
Ortega ha reprochado al PP que convierta la vivienda en un campo de batalla ideológica mientras la Región de Murcia arrastra problemas estructurales graves: encarecimiento de precios, falta de vivienda pública y retrasos en las ayudas al alquiler. Para el diputado socialista, la prioridad debería estar en aumentar la oferta pública, intervenir sobre los precios y agilizar la gestión administrativa, no en incorporar mensajes de Vox al decreto.
El PSOE recuerda que Francisco Lucas ofreció a López Miras un acuerdo para sacar adelante el decreto si incorporaba medidas como congelar los alquileres, construir vivienda pública, reducir trámites burocráticos o poner en marcha una ayuda de hasta 36.000 euros que funcionara como entrada para personas que no han podido ahorrar lo suficiente para acceder a una vivienda. Según Ortega, el presidente regional rechazó esa vía y optó por la “prioridad nacional”.
Ese planteamiento permite al PSOE presentar una alternativa política concreta frente al decreto del Gobierno regional. Los socialistas no se limitan a denunciar la posible discriminación, sino que insisten en que existen medidas más útiles para responder a las dificultades reales de jóvenes, familias trabajadoras y personas con menos capacidad de ahorro.
Vivienda pública, alquileres y retrasos en las ayudas
La crítica de Miguel Ortega se apoya en tres reproches principales a la gestión de López Miras en materia de vivienda. El primero es el aumento del precio de la vivienda en la Región de Murcia, que el PSOE sitúa como uno de los grandes problemas sociales del momento. El segundo es la ausencia de vivienda de promoción pública construida durante la etapa de López Miras, una acusación que los socialistas vienen repitiendo como símbolo del fracaso de la política autonómica. El tercero es el retraso en el pago de las ayudas al alquiler, que, según Ortega, se estarían abonando con más de tres años de demora.
“Lo que necesitamos en la Región es un gobierno que gestione y que no esté más preocupado por ver cómo silencia la trama de las prótesis que por dar viviendas a los jóvenes y a las familias que lo necesitan”, ha afirmado el diputado socialista.
La referencia a la “trama de las prótesis” introduce otra de las líneas de desgaste político que el PSOE mantiene contra el Ejecutivo regional. Ortega conecta así la política de vivienda con una crítica más amplia al Gobierno de López Miras, al que acusa de estar centrado en tapar problemas internos y conflictos de gestión en lugar de atender las necesidades básicas de la ciudadanía.
El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad en la Región. La subida de precios, la precariedad laboral, la dificultad para ahorrar una entrada, la escasez de alquiler asequible y el retraso en las ayudas públicas están expulsando a muchos jóvenes del mercado residencial o empujándolos a depender durante más tiempo de sus familias. En ese escenario, el PSOE intenta colocar el debate en términos sociales: no quién tiene prioridad por origen, sino qué medidas públicas se adoptan para que la vivienda deje de ser un privilegio.
Los socialistas sostienen que la “prioridad nacional” no resolverá ninguno de esos problemas. No aumentará el parque público, no bajará los precios, no agilizará las ayudas ni creará vivienda asequible. Por el contrario, advierten de que puede introducir una lógica discriminatoria en una política que debería basarse en criterios objetivos de necesidad, renta, vulnerabilidad y arraigo legalmente reconocido.
La batalla política tras el Debate del Estado de la Región
Ortega también ha vinculado el decreto de vivienda con lo ocurrido durante el Debate sobre el Estado de la Región. El diputado socialista ha calificado como “el mayor esperpento” de la semana la aprobación de una resolución de Vox que, según ha explicado, instaba al Gobierno de España a seguir cumpliendo la ley y reagrupar a los familiares de menores y adolescentes.
El parlamentario ha querido diferenciar entre reagrupación familiar y repatriación. “Reagrupar no es repatriar”, ha señalado, antes de acusar a dirigentes de Vox y del PP de “inocular odio” en sus discursos. Según Ortega, después de que López Miras dedicara parte de su intervención a criticar la política migratoria del Gobierno de España, PP y Vox acabaron votando a favor de continuar con una política que, en la práctica, ya se está llevando a cabo.
El PSOE utiliza este episodio para reforzar su tesis de que el Gobierno regional está atrapado en la agenda de Vox. A juicio de Ortega, el PP no está buscando soluciones reales a los problemas de vivienda, sino fórmulas políticas para sostener su mayoría parlamentaria y evitar el conflicto con la ultraderecha.
La advertencia de llevar el decreto al Constitucional busca marcar una línea roja antes de que el texto llegue a la Asamblea Regional. El PSRM quiere dejar claro que no aceptará una norma que, bajo el paraguas de la vivienda, pueda introducir criterios de exclusión incompatibles con la Constitución o con el principio de igualdad.
El debate que se abre ahora tendrá una doble dimensión. En el plano político, el Gobierno regional deberá explicar si su decreto realmente incorpora criterios de “prioridad nacional” y cómo piensa justificar su encaje legal. En el plano social, tendrá que demostrar que la norma sirve para afrontar el encarecimiento de la vivienda, la falta de promoción pública y los retrasos en las ayudas al alquiler.
Para el PSOE, la respuesta ya está clara: la Región no necesita un decreto construido para contentar a Vox, sino una política de vivienda que intervenga sobre los precios, amplíe el parque público y permita a jóvenes y familias acceder a un hogar digno. La amenaza de acudir al Constitucional convierte ese debate en algo más que una disputa parlamentaria: abre una batalla sobre los límites legales de las políticas públicas cuando se cruzan con discursos de exclusión.
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