Alfonso Martínez Baños vincula el informe del Tribunal de Cuentas con déficit, deuda y falta de control en el SMS
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha denunciado en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional la “gravísima situación financiera” y la “absoluta falta de rigor” que, a su juicio, refleja el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2023 sobre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Según la valoración realizada por el parlamentario socialista, el documento confirma que las cuentas regionales no solo no han mejorado respecto a ejercicios anteriores, sino que en varios indicadores presentan un deterioro significativo.
Martínez Baños ha centrado su intervención en las correcciones realizadas por el Tribunal de Cuentas a las cifras defendidas por el Ejecutivo regional. El diputado ha señalado que, mientras la Comunidad Autónoma afirmaba disponer de un remanente positivo de 1.893 millones de euros, el órgano fiscalizador concluye, según ha explicado, que esa cifra estaría sobrevalorada en 3.758,8 millones, lo que situaría el remanente real en 1.865 millones negativos.
El PSOE considera que esta diferencia evidencia un problema de fondo en la presentación y gestión de las cuentas públicas regionales. Para Martínez Baños, el informe desmonta el relato económico del Gobierno de Fernando López Miras y muestra una situación financiera marcada por déficit, endeudamiento, desviaciones presupuestarias y falta de planificación. “Cualquier empresa estaría ya disuelta”, ha afirmado el diputado socialista al valorar el conjunto de datos recogidos en el informe.
El parlamentario también ha destacado la evolución del déficit. Según ha indicado, el Gobierno regional había previsto un déficit del 0,3% del PIB, pero finalmente alcanzó el 2,3%, lo que supone, según la lectura expuesta por Martínez Baños, un gasto de 908 millones de euros más de lo previsto. A ello ha añadido otra corrección relevante: el resultado presupuestario pasaría de un supuesto superávit de 306 millones a un saldo negativo de 131,2 millones, una cifra que, según el PSOE, empeora incluso la situación de 2022.
Déficit, deuda y un remanente negativo que cuestionan la gestión regional
La intervención de Martínez Baños fue acumulando indicadores económicos que, según el PSOE, dibujan una imagen de deterioro estructural de las finanzas autonómicas. El diputado citó un fondo de maniobra negativo de 1.583,8 millones de euros, lo que supondría un incremento del 396% respecto a 2022, así como un patrimonio neto negativo de 9.667 millones, con un deterioro de 2.273 millones en un solo año.
También se refirió al desahorro económico-patrimonial, que habría alcanzado los 2.501 millones de euros frente a los 227 millones del ejercicio anterior. Para los socialistas, estos datos reflejan una gestión que no consigue equilibrar ingresos y gastos ni corregir los problemas advertidos durante años por los órganos de control.
La deuda financiera de la Comunidad Autónoma alcanzó en 2023 los 12.139 millones de euros, 744 millones más que el año anterior, según los datos expuestos por Martínez Baños en la comisión. A esa cifra se suma la deuda comercial con proveedores, que habría subido hasta los 357,5 millones, un 41% más, con incumplimientos reiterados del Periodo Medio de Pago.
El diputado socialista también señaló la situación del Instituto de Fomento, al recordar que el INFO seguiría sin recuperar 30,4 millones de euros en avales pendientes desde 2010, algunos de ellos ya reclamados judicialmente. Esta referencia forma parte del argumento central del PSOE: el problema no sería solo coyuntural, sino consecuencia de una falta prolongada de control, seguimiento y corrección de desequilibrios financieros.
Martínez Baños denunció además el incumplimiento sistemático del Plan de Ajuste, la ausencia del informe de impacto de género y una elevada cifra de modificaciones de crédito, superiores a 1.000 millones de euros. Para el PSOE, ese volumen de modificaciones presupuestarias revela una planificación deficiente y una gestión que se aleja de las previsiones iniciales aprobadas.
El diputado concluyó que el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2023 confirma “un año más” el deterioro financiero y la ausencia de control del Gobierno regional. En su opinión, la Región de Murcia arrastra un problema estructural de déficit y deuda que el Ejecutivo de López Miras “no sabe o no quiere solucionar”.
El SMS, señalado como el “agujero negro” de las cuentas autonómicas
Uno de los puntos más duros de la intervención socialista se centró en el Servicio Murciano de Salud. Martínez Baños calificó al SMS como “el agujero negro de las cuentas regionales”, con un déficit de 3.724 millones de euros y una desviación del gasto del 29%. Según el diputado, el Tribunal de Cuentas vuelve a insistir en que los presupuestos del SMS están muy por debajo de sus necesidades reales.
El PSOE vincula esta situación con una forma de presupuestar que, a su juicio, termina generando desviaciones recurrentes. Para Martínez Baños, mantener durante años presupuestos sanitarios insuficientes no solo distorsiona las cuentas públicas, sino que dificulta la planificación, aumenta la deuda y reduce la capacidad de control sobre la contratación y el gasto.
En ese contexto, el diputado socialista conectó las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre contrataciones en el Servicio Murciano de Salud con el presunto fraude de las prótesis. Martínez Baños sostuvo que, si el Gobierno regional hubiera cumplido las recomendaciones y advertencias del órgano fiscalizador, “no tendríamos el problema del fraude de las prótesis”. La afirmación fue planteada como una valoración política del PSOE sobre la relación entre las advertencias de control y las irregularidades investigadas.
El parlamentario se refirió a “quince años de fraude” con advertencias del Tribunal de Cuentas respecto a la contratación directa a determinadas empresas, entre ellas, según su intervención, algunas de las relacionadas con el caso de las prótesis. Dado que se trata de un asunto bajo investigación, la responsabilidad penal o administrativa que pudiera corresponder deberá ser determinada por los órganos competentes, pero el PSOE sostiene que sí existe una responsabilidad política por no haber actuado antes ante las alertas de los organismos de control.
Martínez Baños también acusó al presidente regional de haber faltado a la verdad ante el Pleno de la Asamblea Regional al afirmar, según el diputado socialista, que no había ningún cargo público al corriente de esta situación. El parlamentario aseguró que sí había cargos públicos conocedores del problema y mencionó la existencia de un actual consejero que, según sus palabras, habría estado al tanto.
El diputado socialista rechazó igualmente la versión de que el Gobierno regional o el Servicio Murciano de Salud fueran quienes denunciaron inicialmente los hechos ante la Fiscalía. Según sostuvo en su intervención, la denuncia partió de una persona anónima y no del Ejecutivo autonómico ni del SMS. Esta afirmación forma parte del reproche político del PSOE hacia el Gobierno regional, al que acusa de intentar presentar una actuación proactiva que, según Martínez Baños, no se correspondería con lo sucedido.
Escombreras y varios consorcios, sin opinión favorable de los auditores
El análisis socialista del informe del Tribunal de Cuentas también se detuvo en la situación de varias entidades del sector público regional. Martínez Baños destacó que los auditores han denegado emitir opinión sobre las cuentas de la desaladora de Escombreras y de varios consorcios, un hecho que, según el diputado, evidencia la falta de fiabilidad de la información contable presentada.
Sobre la desaladora de Escombreras, el parlamentario afirmó que acumula 32,4 millones de euros en pérdidas, un fondo de maniobra negativo de 21,8 millones y un patrimonio neto de 13,8 millones negativos. También señaló que la sociedad estaría en causa de disolución desde 2007, pero continúa sin disolverse.
Martínez Baños extendió esa preocupación a los consorcios CEIS, Cogersol y Vías Verdes, cuyos estados contables tampoco habrían recibido opinión favorable de los auditores. Para el PSOE, estos casos refuerzan la idea de un sector público regional con graves problemas de control, transparencia contable y fiabilidad financiera.
El diputado socialista cerró su intervención con una conclusión contundente: el informe del Tribunal de Cuentas sobre 2023 confirmaría “el desastre financiero” y la falta de planificación del Gobierno regional. A su juicio, las cifras de déficit, deuda, remanente negativo, desviaciones sanitarias, cuentas sin opinión favorable y reiterados incumplimientos dibujan un modelo agotado de gestión económica.
El PSOE sitúa así el debate sobre la Cuenta General de 2023 más allá de una discusión técnica. Para los socialistas, los datos del Tribunal de Cuentas tienen consecuencias directas sobre la calidad de los servicios públicos, la capacidad de inversión de la Comunidad Autónoma y la credibilidad de las cuentas que presenta el Ejecutivo de López Miras. El informe, según la lectura realizada por Martínez Baños, vuelve a mostrar que la Región de Murcia no tiene únicamente un problema de financiación, sino también un problema de gestión, control y rigor presupuestario.
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