El órgano fiscalizador traslada el caso a la Sección de Enjuiciamiento y a la Fiscalía para analizar posibles responsabilidades contables y penales
El Tribunal de Cuentas ha acordado dar traslado a su Sección de Enjuiciamiento y a la Fiscalía de la institución de la denuncia presentada por miembros de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Murcia sobre presuntos pagos realizados con fondos públicos municipales sin la documentación justificativa exigible. La decisión supone el primer paso formal de las actuaciones tras la denuncia presentada el pasado 15 de junio contra el Ayuntamiento de Murcia.
Según el escrito remitido por la Secretaría General del Tribunal de Cuentas a los denunciantes, el órgano fiscalizador ha recibido la documentación aportada y considera procedente trasladarla a la Sección de Enjuiciamiento para que determine si los hechos denunciados pueden tener relevancia contable y si corresponde iniciar la tramitación prevista en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Además, el mismo escrito confirma que también se ha dado traslado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que valore la existencia de posibles ilícitos penales relacionados con los hechos descritos en la denuncia.
La comunicación, firmada electrónicamente el 23 de junio de 2026 por la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, señala expresamente que la documentación ha sido remitida “a los efectos de que practique las actuaciones que estime conveniente respecto de los posibles ilícitos penales que se describen en los hechos”.
El escrito no supone todavía la apertura formal de un procedimiento de responsabilidad contable ni implica que existan irregularidades acreditadas, pero sí confirma que el Tribunal de Cuentas ha considerado que la denuncia reúne entidad suficiente para ser analizada tanto por su órgano jurisdiccional interno como por la Fiscalía especializada de la institución.
Una denuncia centrada en pagos a voluntarios de Protección Civil
La actuación del Tribunal de Cuentas tiene su origen en la denuncia presentada por dos miembros de la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Murcia, adelantada por LasNoticiasRM el pasado 22 de junio.
En aquel escrito se denunciaba una operativa de pagos presuntamente realizada mediante cheques, pagarés u otros instrumentos bancarios con cargo a fondos municipales destinados a integrantes de Protección Civil.
Los denunciantes solicitaban al Tribunal de Cuentas que investigara si esas cantidades fueron abonadas sin expediente de gasto, sin fiscalización previa, sin documentos contables habilitantes, sin resolución administrativa individualizada y sin una justificación concreta de los gastos que supuestamente se compensaban.
La denuncia no afirmaba que existiera una responsabilidad ya acreditada, pero sí reclamaba una investigación para determinar si los pagos respondían realmente al reembolso de gastos efectivamente soportados por los voluntarios o si funcionaban como cantidades fijas asociadas a guardias, disponibilidad o colaboración dentro de la agrupación.
Entre la documentación aportada figuraban ejemplos de cheques y documentos bancarios, así como un listado interno en el que aparecían cantidades asignadas a voluntarios que, según los denunciantes, parecían calcularse mediante importes fijos de 25 y 50 euros por determinados servicios realizados.
El caso ya había llegado a la Intervención municipal
La denuncia remitida al Tribunal de Cuentas se produjo después de que los denunciantes acudieran previamente a la Intervención General del Ayuntamiento de Murcia.
Según la documentación incorporada al expediente, en octubre de 2025 ya se había solicitado al Consistorio que realizara comprobaciones sobre la emisión de cheques utilizados para realizar pagos a miembros de Protección Civil. Aquella actuación dio lugar a un expediente interno municipal.
Los denunciantes sostienen que la documentación a la que tuvieron acceso posteriormente no permitía verificar la existencia de una relación completa de pagos, ni de los correspondientes expedientes administrativos, informes de fiscalización o documentación justificativa.
Ante esa situación decidieron elevar el asunto al Tribunal de Cuentas, solicitando además que se investigara la posible existencia de responsabilidades contables, administrativas, tributarias o penales derivadas de los hechos denunciados.
Fiscalía y Sección de Enjuiciamiento estudiarán ahora la documentación
El paso dado ahora por el Tribunal de Cuentas constituye una fase preliminar de análisis y no implica todavía ninguna conclusión sobre el fondo del asunto.
Será la Sección de Enjuiciamiento la que determine si existen elementos suficientes para incoar actuaciones relacionadas con una eventual responsabilidad contable por manejo de fondos públicos.
Paralelamente, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas deberá valorar si de la documentación aportada se desprenden indicios que justifiquen actuaciones adicionales en relación con posibles ilícitos penales.
La denuncia planteaba la necesidad de analizar la trazabilidad de los pagos, la existencia de expedientes administrativos de gasto, la documentación justificativa aportada por los perceptores y el tratamiento fiscal dado a las cantidades abonadas.
Por el momento, el Tribunal de Cuentas no se ha pronunciado sobre la veracidad de los hechos denunciados ni sobre la existencia de irregularidades. Lo que sí confirma el escrito remitido a los denunciantes es que la denuncia ha superado el primer filtro administrativo y ha sido puesta en conocimiento tanto de los órganos jurisdiccionales internos del Tribunal como de su Fiscalía para que valoren la procedencia de nuevas actuaciones.
La decisión abre una nueva fase en un asunto que afecta a la gestión de fondos públicos municipales y que ahora será examinado por las instancias competentes del máximo órgano fiscalizador del Estado.
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