El sindicato rechaza que personal de Parques y Jardines abandonara su puesto para asistir a un acto del concejal José Guillén
UGT Servicios Públicos ha exigido al Ayuntamiento de Murcia que depure responsabilidades tras conocerse que personal de la concesionaria de Parques y Jardines habría recibido la orden de abandonar sus puestos de trabajo para asistir a una conferencia ofrecida por un concejal del consistorio murciano. Según el comunicado difundido por el sindicato, los hechos se produjeron el pasado miércoles en el marco del Tour del Talento: Murcia Smart City Talent, una serie de conferencias en la que participaba el concejal delegado de Desarrollo y Ciudad Inteligente, José Guillén.
La organización sindical ha mostrado su “más absoluto rechazo” a lo que considera una actitud “caciquil y despótica” y ha denunciado el uso de recursos vinculados a un servicio público para fines ajenos a la prestación ordinaria de la contrata. Para UGT, el personal de Parques y Jardines está pagado con recursos públicos para garantizar un servicio de interés general a la ciudadanía, no para ser desplazado a actos institucionales o conferencias con presencia de cargos políticos.
El comunicado sindical llega después de las informaciones sobre la orden recibida por trabajadores de la concesionaria, que habrían tenido que dejar sus tareas para acudir como público a la intervención del concejal. UGT considera que una actuación de este tipo no tiene cabida en una administración pública como el Ayuntamiento de Murcia, por su tamaño, responsabilidad institucional y obligación de garantizar una gestión ejemplar de los servicios municipales.
La denuncia sindical refuerza la gravedad política y laboral del caso, al situar el foco no solo en el posible uso inadecuado de personal de una contrata, sino también en la posición de los trabajadores afectados. UGT ha dejado claro que respalda al personal de Parques y Jardines que se vio obligado a abandonar su puesto por una orden que califica de arbitraria.
Un servicio público utilizado para un acto ajeno a la contrata
UGT Servicios Públicos sostiene que el caso afecta directamente a la frontera entre lo público, lo institucional y el uso correcto de los recursos municipales. El personal de Parques y Jardines presta un servicio esencial para el mantenimiento de zonas verdes, espacios públicos y entornos urbanos del municipio. Su jornada laboral debe estar vinculada a esas funciones y no a la asistencia a actos que no forman parte del objeto de la contrata.
El sindicato subraya que estos trabajadores son costeados con dinero público para ofrecer un servicio de bien común a la ciudadanía. Por eso, considera inadmisible que puedan ser movilizados, en horario de trabajo, para cubrir la asistencia a una conferencia de un cargo municipal. En su comunicado, UGT denuncia que utilizar recursos públicos “de forma partidista y para cubrir egos personales” no cabe en una administración pública de la envergadura de la capital murciana.
La cuestión no es menor. Las empresas concesionarias gestionan servicios municipales, pero la responsabilidad última de control y supervisión recae en el Ayuntamiento. Si trabajadores de una contrata abandonan sus puestos por una orden vinculada a un acto de un concejal, el Gobierno local debe aclarar quién dio esa instrucción, con qué autoridad, bajo qué justificación y si el tiempo de trabajo se computó como prestación ordinaria del servicio.
El caso plantea además un problema de respeto a los derechos laborales. Los trabajadores de una contrata pueden encontrarse en una posición de especial vulnerabilidad ante órdenes de superiores, coordinadores o responsables del servicio. Si se les indica que deben desplazarse a un acto ajeno a su trabajo, difícilmente pueden negarse sin temor a consecuencias laborales. Por eso, UGT dirige su crítica a quienes dieron o permitieron la orden, no al personal afectado.
El sindicato describe la actuación como propia de “otras épocas”, utilizando una imagen especialmente dura: la del “terrateniente de turno” que hacía y deshacía “en su cortijo”. Con esa expresión, UGT intenta subrayar el carácter arbitrario que atribuye a los hechos y la necesidad de que la administración local actúe con transparencia.
La exigencia de depurar responsabilidades
La principal reclamación de UGT Servicios Públicos es que el Ayuntamiento de Murcia depure responsabilidades. Esa exigencia implica, como mínimo, una investigación interna que permita reconstruir lo ocurrido: qué trabajadores fueron requeridos, quién dio la orden, por qué vía se transmitió, cuánto tiempo permanecieron fuera de sus puestos, si se alteró la prestación del servicio de Parques y Jardines y si hubo conocimiento o autorización por parte de responsables municipales.
La organización sindical no se limita a expresar malestar. Reclama consecuencias. En una administración pública, el uso de recursos humanos vinculados a una contrata debe estar sometido a controles claros. No puede depender de decisiones informales ni de necesidades de imagen de cargos políticos. La gestión de un servicio externalizado no elimina la responsabilidad pública, sino que la hace todavía más necesaria por la distancia entre administración, empresa y trabajadores.
El episodio se enmarca en el Tour del Talento: Murcia Smart City Talent, un evento de carácter institucional en el que participaba el concejal delegado de Desarrollo y Ciudad Inteligente, José Guillén. UGT no cuestiona en su comunicado la celebración del acto, sino el hecho de que personal de Parques y Jardines pudiera haber sido movilizado para asistir a una conferencia del concejal abandonando sus tareas habituales.
Para el sindicato, esa utilización resulta incompatible con una administración moderna y respetuosa con los servicios públicos. El mantenimiento de parques y jardines afecta a barrios, pedanías, plazas, calles y zonas verdes del municipio. Cada hora de trabajo desviada a una actividad ajena al contrato supone una alteración de la finalidad para la que se paga ese servicio.
La depuración de responsabilidades debería servir también para evitar que se repitan episodios similares. El Ayuntamiento debe garantizar que ningún trabajador de una concesionaria municipal reciba órdenes que no estén vinculadas a su función y que ningún servicio público se utilice para reforzar actos políticos, institucionales o de promoción personal.
Apoyo sindical al personal afectado
UGT Servicios Públicos ha expresado su apoyo al personal de Parques y Jardines que, según el comunicado, se vio obligado a abandonar su puesto de trabajo por una orden arbitraria. Esta precisión resulta relevante porque separa la conducta denunciada de la plantilla afectada. Los trabajadores no son los responsables del posible uso inadecuado del servicio, sino quienes habrían sufrido las consecuencias de una decisión ajena a sus funciones.
El sindicato sitúa el caso en el terreno de la dignidad laboral y del respeto a los servicios públicos. El personal de una concesionaria no puede convertirse en público forzoso de una conferencia ni en recurso disponible para llenar actos. Su función está definida por el contrato y por la prestación del servicio, no por las necesidades de imagen de un cargo municipal.
La denuncia de UGT aumenta la presión sobre el Gobierno local de Murcia, que deberá decidir si abre una investigación, pide explicaciones a la concesionaria, reclama informes internos o aclara públicamente los hechos. La respuesta municipal será clave para determinar si el episodio queda en una denuncia sindical o si se adoptan medidas concretas para corregir lo ocurrido.
El caso afecta también a la confianza ciudadana. Los vecinos pagan los servicios públicos para que funcionen, no para que sus recursos humanos sean desplazados a actos ajenos a su cometido. Cuando una contrata municipal se utiliza de forma impropia, el problema no es solo laboral, sino también democrático y de buena administración.
UGT ha lanzado una advertencia clara: en una ciudad como Murcia, la gestión pública no puede tolerar prácticas que recuerdan a formas de poder personalista y arbitrario. La exigencia de responsabilidades busca precisamente marcar un límite. Los trabajadores de Parques y Jardines deben estar protegidos frente a órdenes ajenas a su labor, y el Ayuntamiento debe garantizar que ninguna contrata municipal se utilice para alimentar actos, egos o intereses políticos que nada tienen que ver con el servicio que la ciudadanía paga.
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