Isabel Gadea denuncia que PP y Vox no han abierto expediente disciplinario y negaron copia de la documentación solicitada
El Grupo Municipal Socialista de Molina de Segura ha denunciado que el Gobierno local de PP y Vox no remitió el conocido como “Caso Vermut” a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia hasta el 15 de mayo de 2026, después de que el PSOE hubiera registrado cuatro solicitudes de información desde el mes de marzo. El caso afecta, según la documentación citada por los socialistas, al uso de una tarjeta bancaria municipal vinculada a la Concejalía de Empleo y a gastos que podrían rondar los 16.000 euros de dinero público.
La portavoz socialista, Isabel Gadea, sostiene que la cronología conocida desmonta el relato de una actuación rápida y transparente por parte del Ejecutivo municipal. Según el PSOE, su grupo pidió información sobre este asunto el 16 de marzo, el 18 de marzo, el 6 de abril y el 4 de mayo, antes de que el expediente fuera enviado a Fiscalía con sello de entrada del 15 de mayo.
“Las fechas son muy claras. El PSOE preguntó en marzo. Volvió a preguntar en marzo. Insistió en abril. Y volvió a pedir los informes en mayo. Y solo después aparece la remisión a Fiscalía, con sello de entrada del 15 de mayo. Esa es la verdad documental”, ha afirmado Gadea.
La denuncia socialista introduce dos elementos de especial relevancia política. El primero es que, según la información trasladada por el Servicio de Personal, no se habría abierto expediente disciplinario pese a la gravedad de los hechos comunicados a Fiscalía. El segundo es que la persona afectada por el caso fue exconcejal del Partido Popular y jefe de campaña de José Ángel Alfonso en las elecciones municipales de 2023, una circunstancia que, a juicio del PSOE, exige todavía más transparencia, garantías y explicaciones públicas.
Una tarjeta municipal y casi 16.000 euros bajo sospecha
El “Caso Vermut” se ha convertido en uno de los asuntos más incómodos para el Gobierno de PP y Vox en Molina de Segura. El PSOE sitúa el origen del caso en el uso de una tarjeta bancaria municipal asociada a la Concejalía de Empleo y en una serie de gastos que, según la información difundida por el grupo socialista, podrían alcanzar una cantidad cercana a los 16.000 euros.
La documentación consultada por el PSOE señala que el Ayuntamiento remitió el expediente a la Fiscalía Superior de la Región de Murcia al tener conocimiento de hechos que “pudieran ser constitutivos de delito”. Ese documento, siempre según la versión socialista, fue firmado por el jefe de Servicio de Personal del Ayuntamiento y cuenta con sello de entrada en Fiscalía fechado el 15 de mayo de 2026.
La clave política de la denuncia no está únicamente en el importe ni en la naturaleza de los gastos, sino en los tiempos. El PSOE sostiene que el Gobierno municipal no actuó por iniciativa propia con la diligencia que exigía un asunto de estas características, sino que lo hizo después de la presión ejercida por la oposición mediante solicitudes formales de información.
“No estamos ante una actuación rápida del Gobierno local. No estamos ante un ejercicio de transparencia voluntaria. Estamos ante un caso que salió adelante porque el Grupo Municipal Socialista insistió, preguntó y registró escritos desde marzo”, sostiene la formación.
Gadea ha formulado una pregunta que resume el fondo de la denuncia: “¿Qué habría pasado si el PSOE no hubiera estado encima? ¿Habría actuado el alcalde? ¿Habrían enviado el caso a Fiscalía? ¿O lo habrían cerrado con un traslado de puesto y silencio administrativo?”.
El PSOE considera que esa duda resulta especialmente grave porque el caso afecta a dinero público y a una persona con vínculos políticos previos con el Partido Popular local. La portavoz socialista ha recordado que el trabajador afectado fue exconcejal del PP y jefe de campaña de José Ángel Alfonso en 2023. “No estamos hablando de una persona cualquiera dentro del organigrama municipal. Estamos hablando de un exconcejal del PP y del jefe de campaña de José Ángel Alfonso en 2023. Por eso el alcalde tiene que dar explicaciones claras. Porque aquí no puede haber trato de favor, ni silencio, ni protección política”, ha señalado.
Sin expediente disciplinario y con un traslado de puesto
Uno de los puntos más delicados de la denuncia socialista es la ausencia de expediente disciplinario. Según el PSOE, pese a que el Ayuntamiento remitió el caso a Fiscalía por hechos que podían tener relevancia penal, el Gobierno local no abrió un procedimiento interno para depurar posibles responsabilidades administrativas. La única medida adoptada, según la información trasladada por el Servicio de Personal y citada por los socialistas, habría sido el traslado del trabajador a la Concejalía de Bienestar Social.
“Si los hechos eran lo bastante graves como para enviarlos a Fiscalía, también lo eran para abrir un expediente disciplinario. Pero PP y Vox no lo han hecho. Han movido a una persona de sitio. Nada más. Eso no es depurar responsabilidades. Eso es intentar quitar el problema de en medio”, ha denunciado Gadea.
La cuestión no es menor. La remisión de unos hechos a Fiscalía no impide necesariamente que una administración active sus propios mecanismos internos si considera que puede haber responsabilidades disciplinarias o irregularidades en el uso de recursos públicos. Para el PSOE, la falta de expediente interno alimenta la sospecha de que el Gobierno local ha intentado limitar el alcance político del caso, en lugar de aclararlo con todas las garantías.
El Grupo Municipal Socialista exige al alcalde, José Ángel Alfonso, tres explicaciones inmediatas: cuándo tuvo conocimiento real de los hechos, por qué no remitió antes la documentación a Fiscalía y por qué no se ha abierto expediente disciplinario si el asunto era lo suficientemente grave como para ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
La portavoz socialista acusa además al alcalde de faltar a la verdad cuando intenta presentar el caso como si el Gobierno local hubiera actuado desde el primer momento y como si la oposición se hubiera enterado tarde. “El alcalde sabía que el PSOE estaba pidiendo información. Lo sabía porque autorizó cada una de nuestras solicitudes. No fue un despiste. No fue un error. Mintió a los vecinos con los documentos encima de la mesa”, ha afirmado Gadea.
La acusación eleva el tono político del caso y desplaza el debate desde la gestión administrativa del expediente hacia la responsabilidad directa del Gobierno municipal. Para el PSOE, no basta con que el asunto esté en Fiscalía. Es necesario explicar por qué se actuó cuando se actuó, qué se sabía antes, qué controles fallaron y por qué no se han adoptado medidas disciplinarias internas.
La oposición denuncia trabas al acceso a la documentación
El PSOE también ha denunciado que el 3 de julio el alcalde negó al Grupo Municipal Socialista una copia de la documentación solicitada. Para la formación, esa decisión dificulta la labor de control de la oposición y refuerza una forma de actuar basada en limitar el acceso a la información en lugar de facilitar explicaciones claras sobre un asunto que afecta al dinero público de los vecinos y vecinas de Molina.
“No pedimos ningún privilegio. Pedimos poder hacer nuestro trabajo. Si el alcalde niega documentación a la oposición, está poniendo trabas a la transparencia y al derecho de los vecinos a saber qué ocurre en su Ayuntamiento”, ha señalado Isabel Gadea.
La portavoz socialista ha criticado que el Gobierno local pretenda reducir la transparencia a un acceso limitado al expediente “con libreta, boli y opacidad”, sin entregar copias de la documentación solicitada. A su juicio, la transparencia real pasa por facilitar la documentación completa, ordenar la cronología de los hechos y asumir responsabilidades políticas si se confirma que hubo demora, falta de control o protección interna.
“Estamos hablando de dinero público. De dinero de los vecinos y vecinas de Molina. No hablamos de una anécdota. No hablamos de un asunto menor. Hablamos de casi 16.000 euros y de un Gobierno local que no reaccionó hasta que el PSOE apretó”, ha añadido Gadea.
El caso vuelve a situar en el centro del debate municipal la calidad de los mecanismos de fiscalización interna, el control del gasto con tarjetas vinculadas a concejalías y el derecho de los grupos de la oposición a acceder a la documentación necesaria para ejercer su función. Cuando un asunto llega a Fiscalía, la obligación de prudencia es máxima, pero también lo es la exigencia de transparencia política, especialmente si afecta a fondos públicos y a personas que han tenido responsabilidades orgánicas o electorales en el partido que gobierna.
El PSOE reclama que PP y Vox dejen de esconderse y expliquen de forma pública qué ocurrió, cuándo lo supieron y por qué no adoptaron antes medidas más contundentes. “Molina merece saber qué pasó, cuándo lo supieron, por qué actuaron tarde y si hubo protección política. Si el PSOE no hubiera fiscalizado este caso desde marzo, hoy probablemente seguiríamos sin Fiscalía, sin expediente disciplinario y sin explicaciones”, ha concluido Isabel Gadea.
La documentación remitida no incorpora la versión del Gobierno local de PP y Vox ni del trabajador afectado sobre las acusaciones formuladas por el Grupo Municipal Socialista. Hasta que Fiscalía determine si los hechos tienen recorrido penal, el debate político se centra en una cuestión inmediata: si el Ayuntamiento actuó con la diligencia exigible ante un posible uso irregular de dinero público o si solo reaccionó cuando la oposición ya había puesto el foco sobre el “Caso Vermut”.
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